Nota del diario La Nación redactada por Silvia Stang / 30 noviembre del 2021
Seis de cada diez jubilaciones dadas de alta entre enero y septiembre de este año requirieron de la adhesión de sus titulares a una moratoria por aportes no hechos en su momento. Esa participación, entre las nuevas prestaciones, de los casos de personas que llegan a la edad de retiro sin cumplir con el requisito legal de contar con al menos 30 años de contribuciones, se mantiene en un nivel similar desde 2017. Y en los años previos fue más elevada, con un récord en 2015, cuando tuvo su impacto una ampliación del acceso a los planes y el índice llegó al 87%.
Como resultado de eso, si se observa el número total de jubilaciones hoy vigentes en el sistema que gestiona la Anses, el 65% incluyó una moratoria. Son, concretamente, 3.241.893 casos sobre un total de 4.994.063, según la información del último boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, que muestra datos a septiembre. Si se miran solo las prestaciones equivalentes al haber mínimo, que hasta este mes es de $25.922 y que desde diciembre será de $29.062, más del 88% tuvo moratoria (ver gráfico).
Entre las pensiones, la incidencia de los casos con esos planes es inferior: de los 1.556.659 beneficios, el 13% (200.387) los tuvo.
Si se mira el conjunto de las jubilaciones y pensiones, el 52,6% necesitó de la asistencia estatal.
Los datos son una muestra clara de la persistencia de la alta informalidad laboral en la Argentina, que se conjuga con la rigidez de los requisitos del sistema previsional que no prevé, por ejemplo, prestaciones proporcionales para quienes no llegan a las tres décadas con contribuciones. Con las moratorias se logró una mayor tasa de cobertura para las personas mayores, pero la medida no fue acompañada por la búsqueda efectiva de una solución a la cuestión de fondo (el elevado nivel de precariedad en el mundo del trabajo). Y, además, fue una política lanzada y luego ampliada sin la elaboración de estudios sobre sus costos, y sin previsiones respecto del financiamiento de las prestaciones.
Ante el peso del gasto previsional, el actual Gobierno concretó, apenas asumió, un ajuste a los bolsillos de los jubilados, al suspender por un año la fórmula de movilidad y al dar reajustes de forma discrecional.
El carácter temporal de las moratorias hace que se vaya agotando la posibilidad de acceso, con las consecuentes iniquidades que eso produce. El diseño de los planes (que permiten declarar deudas por aportes hasta ciertas fechas) hace que se otorgue o se niegue un derecho en función de la fecha de nacimiento, aun cuando incluidos y excluidos estén inmersos en una misma realidad social.
Desde 2016 existe la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que nació por ley con el objetivo de ser el reemplazo progresivo de las moratorias. Es una prestación equivalente al 80% del haber mínimo, que exige tener 65 años y pasar un examen socio ambiental (desde hace unos años, las moratorias también requieren de esto último, aunque en los inicios se dieron sin contemplar la situación socio económica ni los ingresos de los solicitantes).
Hoy está vigente la moratoria de la ley 24.476, por la que pueden declararse aportes hasta septiembre de 1993, con la condición de que se haya tenido al menos 18 años al inicio del período informado. Y la ley 26.970, en tanto, les permite a las mujeres de 60 años o que cumplen esa edad hasta el 23 de julio de 2022, declarar deudas por períodos hasta diciembre de 2003; los varones pueden acceder solo si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.
Ingresar a una moratoria implica declararle al fisco una deuda por aportes, para saldarla usando un plan subsidiado, con cuotas que se descuentan de los haberes.
El mecanismo es un parche, que además implica una cuestión burocrática, frente a la problemática de fondo. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del segundo trimestre de este año, analizados en un informe de la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella, el 49,9% de los ocupados es informal. Mientras que entre los asalariados los “sin aportes” son alrededor de un tercio, entre los cuentapropistas la incidencia de la falta de registro es mucho mayor. Y a eso se suma que muchos de los registrados, como los monotributistas y quienes están en el régimen del servicio doméstico, tienen aportes bajos. Es uno de los tantos desafíos del sistema previsional.
Agradecemos el artículo al diario La Nación
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