Fallo: Sanchez María del Carmen – Reajuste de Haberes

S. 2758. XXXVIII.
R.O.
Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/
reajustes varios.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
-1-
Buenos Aires, 17 de mayo de 2005.
Vistos los autos: ASánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/
reajustes varios@.
Considerando:
1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la
Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó las pautas
establecidas por el fallo de primera instancia para la
movilidad de los haberes y desestimó los planteos de inconstitucionalidad
formulados por la actora, las partes dedujeron
sendos recursos ordinarios de apelación que fueron concedidos
de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la ley
24.463.
2°) Que los planteos de la demandante que se refieren
a que la entrada en vigencia de la ley 23.928 no afectó la
movilidad establecida por la ley 18.037, suscitan la consideración
de cuestiones sustancialmente análogas a las examinadas
en las disidencias de los jueces Petracchi, Belluscio,
Bossert y Fayt en el precedente publicado en Fallos: 319:3241
(«Chocobar»), a cuyas consideraciones corresponde remitirse
por razón de brevedad.
3°) Que, sin perjuicio de ello, resulta pertinente
agregar que esta Corte ratifica los principios básicos de
interpretación sentados acerca de la naturaleza sustitutiva
que tienen las prestaciones previsionales y rechaza toda inteligencia
restrictiva de la obligación que impone al Estado
otorgar «jubilaciones y pensiones móviles», según el art. 14
bis de la Constitución Nacional y los fines tuitivos que persiguen
las leyes reglamentarias en esta materia. Los tratados
internacionales vigentes, lejos de limitar o condicionar dichos
principios, obligan a adoptar todas las medidas necesarias
para asegurar el progreso y plena efectividad de los
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derechos humanos, compromiso que debe ser inscripto, además,
dentro de las amplias facultades legislativas otorgadas por el
art. 75, inc. 23, de la Ley Fundamental, reformada en 1994,
con el fin de promover mediante acciones positivas el
ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos, en
particular, a los ancianos.
4°) Que la Constitución Nacional exige que las jubilaciones
y pensiones sean móviles, aunque no establece un
sistema o mecanismo especial para hacer efectiva dicha exigencia,
por lo que es atribución y deber del legislador fijar
el contenido concreto de esa garantía teniendo en cuenta la
protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al
conjunto de los derechos sociales. Una inteligencia sistemática
de sus cláusulas acorde con los grandes objetivos de
justicia social que persigue el art. 14 bis, obsta a una conclusión
que, a la postre, convalide un despojo a los pasivos
privando al haber previsional de la naturaleza esencialmente
sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador
durante su actividad laboral.
5°) Que la necesidad de mantener una proporción justa
y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los
activos, es consecuencia del carácter integral que reconoce la
Ley Suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de
la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas
al trabajador con aquellas de naturaleza previsional, que son
financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante
el servicio. Los derechos a una retribución justa y a un
salario mínimo vital y móvil Cdirigidos a garantizar
alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y, en
definitiva, una vida dignaC encuentran su correlato en las
jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a
los trabajadores cuando entran en pasividad.
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6°) Que los tratados internacionales promueven el
desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas
no pueden ser entendidas como una modificación o restricción
de derecho alguno establecido por la primera parte de la
Constitución Nacional (art. 75, inc. 22). La consideración de
los recursos disponibles de cada Estado Cconf. arts. 22 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención
Americana sobre Derechos HumanosC constituye una pauta
que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o
mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los
compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa
alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes
(conf. art. 29 de la convención citada). Debe suponerse que el
legislador ha sopesado los factores humanos, sociales y
económicos al establecer la extensión de las prestaciones
reconocidas y no corresponde a los jueces sustituir dicha
valoración mediante razonamientos regresivos que, en la práctica,
sólo conducen a negar el goce efectivo de esos derechos
en los momentos de la vida en que su tutela es más necesaria.
7°) Que la ley 18.037 se hallaba plenamente vigente a
la fecha de la sanción de la referida ley 23.928 y sólo fue
derogada por la ley 24.241, de creación del sistema integrado
de jubilaciones y pensiones, con el límite fijado en su art.
160, que mantenía las fórmulas de movilidad de las prestaciones
reguladas por leyes anteriores. No surge ni expresa ni
tácitamente del régimen de convertibilidad que haya tenido en
miras modificar la reglamentación del art. 14 bis de la Constitución
Nacional, por lo que esta Corte considera que una
comprensión sistemática y dinámica del ordenamiento jurídico
aplicable no admite otra solución que no sea el cabal cumplimiento
del método específico de movilidad establecido por el
legislador.
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8°) Que por ser ello así y dado que las remuneraciones
de los activos no han sido alcanzadas por la ley de
convertibilidad y registraron, en general, variables significativas
después de su sanción, no existe fundamento válido que
justifique retacear los ajustes que debían ser trasladados a
los haberes de los jubilados en la forma prevista por el art.
53 de la ley 18.037, que fue mantenida por el art. 160 de la
ley 24.241 para las prestaciones otorgadas o que
correspondiera otorgar por aquel régimen previsional, hasta su
derogación por la ley 24.463.
9°) Que por tales razones y las demás expresadas en
las disidencias de los jueces Petracchi, Belluscio, Bossert y
Fayt en la referida causa «Chocobar, Sixto Celestino», corresponde
revocar la sentencia apelada en lo que fue materia
de agravios y mantener el ajuste por movilidad hasta el 30 de
marzo de 1995 según las variaciones registradas en el índice
del nivel general de remuneraciones a que remitía el art. 53
de la ley 18.037, criterio que hace innecesario expedirse
sobre la tacha de inconstitucionalidad formulada por la recurrente
contra la ley 23.928, pues no resulta de aplicación al
tema debatido.
Por ello y por no haber expresado la demandada agravios
en tiempo y forma, el Tribunal Cpor mayoríaC resuelve: Declarar
desierto el recurso de la ANSeS y hacer lugar al de la
actora; en consecuencia, revocar la sentencia con el alcance
que surge de lo precedentemente expresado y disponer que se
mantenga el ajuste por movilidad hasta el 30 de marzo de
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-//-1995, según las variaciones registradas en el índice del
nivel general de remuneraciones. Notifíquese y devuélvase.
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – CARLOS
S. FAYT – ANTONIO BOGGIANO – JUAN CARLOS MAQUEDA (según su
voto) – E. RAUL ZAFFARONI (según su voto)- ELENA I. HIGHTON
de NOLASCO – RICARDO LUIS LORENZETTI – CARMEN M. ARGIBAY
(según su voto).
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//-TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON E. RAUL
ZAFFARONI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1°) La Sra. Sánchez inició una demanda con el objeto
de impugnar el reajuste de su haber de pensión.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social, al confirmar el fallo de primera instancia, determinó
que correspondía la aplicación al caso del criterio que dejara
establecido esta Corte en el fallo «Chocobar», publicado en
Fallos: 319:3241.
Contra esta decisión, las partes dedujeron sendos
recursos ordinarios de apelación que fueron concedidos.
2°) En su memorial, la demandante sostiene que la Ley
de Convertibilidad 23.928 resulta confiscatoria y por ende
inconstitucional, siempre y cuando se le otorgue la interpretación
sentada en el referido precedente «Chocobar»
(fojas 221/223). En apoyo de esta pretensión, aduce que el
efecto derogatorio de la pauta de movilidad de la ley 18.037
produjo un detrimento superior al diez por ciento en el monto
de su prestación.
La parte demandada no contestó el traslado que se le
confiriera del escrito precitado.
3°) El argumento central en que se apoyó la sentencia
«Chocobar» presenta falencias de tal magnitud que hacen
imposible a esta Corte mantenerlo aun cuando es perfectamente
consciente de que su abandono afecta la continuidad que deben
tener las reglas afirmadas en los precedentes del Tribunal. De
todas maneras, se configura en el caso la salvedad que siempre
acompañó, en la jurisprudencia de la Corte, la formulación de
la regla en favor de la autoridad de los precedentes. En
efecto, si bien se admitió que el Tribunal no puede apartarse,
-8-
en principio, de su doctrina, ello es así en cuanto no
concurran causas suficientemente graves como para hacer
ineludible tal cambio de criterio (argumento de Fallos:
183:409).
4°) El fallo «Chocobar» descansa en la sola premisa
de que la ley de convertibilidad 23.928 derogó el artículo 53
de la ley 18.037. Todo el resto de la argumentación estuvo
dirigido a explicar por qué esa derogación no afectaba derechos
adquiridos de los jubilados y cómo se articulaba con
leyes dictadas posteriormente.
El fundamento no puede ser aceptado por la simple
razón de que la ley 23.928, en ninguna de sus cláusulas dispuso
que el art. 53 de la ley 18.037 era derogado. Si se tiene
en cuenta que el referido artículo establecía el régimen
general de movilidad de las jubilaciones, como reglamentación
de la garantía establecida en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, es forzado suponer que el Congreso lo derogara
sin referirse de manera expresa a él y sin sustituirlo
simultáneamente por otro régimen.
La derogación de normas de esta relevancia no puede
ser un efecto lateral de la ley, que se mantiene latente hasta
que es planteado por un sujeto interesado en una causa
judicial, sino que debe constituir el objeto principal de la
decisión del Congreso. Es una exigencia directamente vinculada
con el funcionamiento del sistema democrático la de que el
universo de intereses afectados por las leyes sea el tomado en
cuenta en el proceso deliberativo previo y no el que pueda
resultar de un mecanismo intelectual posterior a cargo de
jueces y técnicos. En particular, cuando no se trata de cláusulas
legales oscuras o aparentemente contradictorias cuyo
recto alcance sea necesario establecer para dar cumplimiento a
los fines que se ha propuesto el Congreso.
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5°) Tal prudencia interpretativa ha sido especialmente
requerida por esta Corte cuando se trata de aplicar
leyes previsionales en perjuicio de las personas que ellas
buscan proteger, siempre que tales normas admitan un criterio
amplio de interpretación (doctrina de Fallos: 240:174;
273:297, entre otros). Con mayor razón debe extremarse la
cautela cuando la ley en cuestión, como es el caso de la ley
23.928, es de carácter general y la interpretación criticada
no es una que pueda asignarse sin esfuerzo a la voluntad legislativa.
Lo que sí derogó la ley de convertibilidad de manera
expresa fueron aquellas normas legales o reglamentarias que
autorizaban la indexación de las deudas. La indexación
consistía en la aplicación de ciertos índices sobre el monto
nominal de las obligaciones para contrarrestar el efecto de la
inflación ocurrida entre el momento de su nacimiento y el de
su pago. Pero, el artículo 53 de la ley 18.037 no era una
cláusula indexatoria, pues no estaba limitada a compensar el
efecto de la inflación sino a regular los incrementos en el
haber jubilatorio cualquiera fuese la razón que determinara el
aumento de los salarios, sea o no la inflación. Y, como surge
de expresiones volcadas en la sesión parlamentaria que
precedió a la sanción de la ley 23.928, la derogación genérica
contenida en el artículo 10 no implicaba un congelamiento
salarial, pues, cabe agregar, el único motivo para incrementar
los salarios en una economía no es la inflación. Por lo tanto
tampoco podía serlo para aumentar las jubilaciones. Menos aún,
en el marco de un sistema como el creado por la ley 18.037 que
respondía al fin de reconocer un ingreso pasivo que
representara en alguna proporción el ingreso salarial activo.
Desde esta perspectiva, el artículo 53 de la ley
18.037 era neutro respecto de los mecanismos indexatorios que
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pudieran o no aplicarse sobre los salarios y no incorporaba
ninguna forma especial de actualización contra-inflacionaria
que pudiera entenderse alcanzada por la derogación genérica de
la ley 23.928.
6°) Como se ha señalado precedentemente, bajo el
régimen de la ley 18.037, las jubilaciones respondían a la
idea central de otorgar a las personas que se retiraban una
prestación que les permitiese mantener un nivel de vida semejante
al que correspondía a quienes se encontraban en actividad.
Con este fin, el sistema contemplaba un haber jubilatorio
que, de inicio, guardaba una cierta proporción con el salario
(artículo 49) y en lo sucesivo seguía los aumentos salariales
conforme a un determinado criterio de movilidad que era el
establecido en el artículo 53 de la ley. Por esta razón,
tampoco cabe asignar a las jubilaciones que se pagaban bajo la
ley 18.037 el carácter de una deuda con monto determinado cuyo
valor nominal variaba conforme a ciertos índices al solo
efecto de contrarrestar el impacto de la inflación, a los que
se refiere el artículo 10 de la ley 23.928. Todo ello, sin
perjuicio de la mayor o menor conveniencia u oportunidad del
esquema organizado por la ley 18.037, aspecto este que no
puede servir de base a los tribunales para darle a las leyes
un sentido distinto al que surge de su texto y sus fines
manifiestos.
7°) En otro orden de cosas, cabe destacar que si bien
es cierto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(art. 26), uno de los instrumentos mencionados en el artículo
75, inciso 22 de la Constitución Nacional, vincula beneficios
sociales con recursos disponibles, ello nunca puede entenderse
como una directriz para limitar el contenido económico de la
movilidad jubilatoria. Semejante interpretación, seguida en el
voto mayoritario del fallo «Chocobar», se encuentra
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expresamente vedada por la cláusula de salvaguarda contenida
en el artículo 29.b) que impide aplicar la Convención en el
sentido de «limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes
de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno de dichos Estados».
En tal sentido la CIDH ha manifestado que el artículo
29 de la Convención contiene normas específicas de
interpretación, pues la redacción de la mencionada disposición
está hecha con el criterio central de que no se entienda que
la misma tuvo por objeto, de alguna manera, permitir que los
derechos y libertades de la persona humana pudieran ser
suprimidos o limitados en particular a aquellos previamente
reconocidos por un estado (OC.-4/84 del 19 de enero de 1984,
serie A N° 4, párrafo 20).
Por ello, y por no haber expresado la demandada agravios
en tiempo y forma, se resuelve: declarar desierto el recurso
de la ANSeS y hacer lugar al de la actora; en consecuencia,
revocar la sentencia con el alcance que surge de lo precedentemente
expresado, en cuanto confirmó la aplicación del criterio
sentado en la causa «Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios
Públicos sobre reajustes por movilidad». Notifíquese y devuélvase.
E. RAUL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY.
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-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA
Considerando:
1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la
Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó las pautas
establecidas por el fallo de primera instancia para la
movilidad de los haberes y desestimó los planteos de inconstitucionalidad
formulados por la actora, las partes dedujeron
sendos recursos ordinarios de apelación que fueron concedidos
de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la ley
24.463. Sólo corresponde tratar el recurso de la actora, pues
la demandada no ha expresado agravios en tiempo y forma.
2°) Que las diferencias existentes entre la solución
dada por la mayoría y la minoría en la causa «Chocobar, Sixto
Celestino» (Fallos: 319:3241) conducen a esta Corte a un nuevo
examen exhaustivo de las cuestiones fundamentales allí
planteadas, con el fin de reformular la relación armónica
entre la interpretación de normas y principios constitucionales
y una interpretación adecuada y razonable de las
normas infraconstitucionales aplicables al caso, superando las
confrontaciones que a la fecha puedan subsistir.
3°) Que, para abordar las cuestiones sub examine es
oportuno recordar que esta Corte ha sostenido que «el principio
fundamental de la hermenéutica jurídica en los Estados
que, como el nuestro, adoptan una ‘Constitución rígida’, consiste
en interpretar las leyes conforme al fin que esa superley
se propone promover; y este fin establecido en el documento
de la Constitución formal por una generación del pasado,
‘como derecho recibe su fuerza y efecto de la presente
generación, por lo que debe ser interpretado a la luz de las
condiciones del presente y con la mira puesta en los problemas
del presente’ (Edward S. Corwin, The Constitution and what it
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means today, CAtheneumC, New York, 1963, p. 2). Y como esta
Corte lo ha declarado, ‘el objetivo preeminente’ de la
Constitución, según expresa su preámbulo, es lograr el
‘bienestar general’ (Fallos: 278:313), lo cual significa decir
la justicia en su más alta expresión, esto es, la justicia
social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad
intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos
con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno
de sus miembros participen de los bienes materiales y
espirituales de la civilización. Por tanto, tiene categoría
constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica:
in dubio pro justitia socialis. Las leyes, pues, deben ser
interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este
sentido consiguen o tienden a alcanzar el ‘bienestar’, esto
es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a
la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa
dignidad» (Fallos: 289:430, pág. 436).
4°) Que, a partir de lo expuesto en el considerando
anterior, corresponde transitar nuevamente el texto constitucional,
y recordar la doctrina elaborada por esta Corte en las
cuestiones que integran el análisis de la materia previsional,
presupuesto que necesariamente condiciona la tarea de
interpretación y el alcance de las normas infraconstitucionales
en cada caso concreto.
En tal sentido, se ha sostenido que los beneficios
derivados de los regímenes previsionales no son de naturaleza
graciable y, en consecuencia, el reconocimiento de aquéllos
impide que con posterioridad a su concesión puedan dejarse sin
efecto, ya que constituyen un derecho del que no se puede ser
desposeído y a partir del cual se accede al estatus de
jubilado (Fallos: 158:127; 170:12; 173:5; entre otros).
Asimismo, desde la incorporación del art. 14 bis de
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la Constitución Nacional, el Tribunal ha asumido una consideración
particularmente cuidadosa de los derechos en materia de
previsión social a fin de que, en los hechos, no se afectaran
sus caracteres de integrales e irrenunciables. Desde esa
perspectiva, asimiló los beneficios previsionales al derecho
alimentario y enfatizó que tienden a la cobertura de los
riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos
en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria
(doctrina de Fallos: 267:336; 293:304; 294:94; 307:135;
311:1644; 319:2151, 2215 y Cmás recientementeC causa
I.349.XXXIX «Itzcovich, Mabel c/ ANSes s/ reajustes varios»,
sentencia del 29 de marzo de 2005, considerando 5° del voto de
los jueces Maqueda y Zaffaroni).
Por tales razones, y en armonía con lo dispuesto en
la norma constitucional indicada, ha sido reconocida la naturaleza
sustitutiva que cabe asignar al haber previsional concedido,
considerando que la jubilación constituye la prolongación
de la remuneración, después del cese regular y definitivo
en la actividad social laboral del individuo como débito
de la comunidad por el servicio prestado, y tal concepción se
inserta en el objetivo preeminente de la Constitución Nacional
de lograr el bienestar general, cuya expresión más acabada es
la justicia social. De este modo el carácter alimentario de
todo beneficio previsional, ya que tiende a cubrir las
primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida
naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el
«principio de favorabilidad» y a rechazar toda fundamentación
restrictiva (Fallos: 289:430; 292:447; 293:26; entre otros).
5°) Que, la obligación estadual de garantir «jubilaciones
y pensiones móviles», según el último párrafo del
art. 14 bis, debe ser interpretada en el contexto conceptual
expuesto en el considerando anterior. En tal sentido, es in-
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dudable que el mandato constitucional se dirige primordialmente
al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer
en la legislación infraconstitucional los criterios que
se estimen adecuados a la realidad para determinar los haberes
previsionales y los respectivos sistemas de movilidad, ello
sin perjuicio de que los cambios circunstanciales puedan hacer
que la solución legal, correcta en un comienzo, se torne
irrazonable (Fallos: 310:2212).
6°) Que lo afirmado tiene respaldo en el debate
realizado en la Convención Constituyente de 1957 que incorporó
el art. 14 bis a la Ley Fundamental, cuyo contenido ha sido
ratificado por la reforma de 1994. En efecto, en la cuestión
que interesa, el convencional Martella sostuvo que «deseamos
una jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o
pensionadas con una asignación que les suponga siempre el
mismo standard de vida…» (Convención Nacional Constituyente
1957 – Diario de Sesiones, T. II, pág. 1249). En idéntico
sentido, el convencional Riva manifestó que «hasta ahora
siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado y
pensionado. Pero no es así, no es una gracia del Estado, sino
la retribución justa y amparadora por los servicios de toda
una vida. El derecho a la jubilación es un verdadero derecho
de propiedad que debe ser el premio a quien dio su esfuerzo
por la patria, para que viva mejor. No puede retaceársele la
retribución y así condenar a esos habitantes a vivir peor,
como premio a los servicios prestados…» (Convención Nacional
Constituyente 1957 – Diario de Sesiones, T. II, pág. 1371).
En relación con el carácter móvil de las prestaciones
previsionales, el convencional Riva manifestó su preocupación
al sostener que «El despacho de la mayoría consagra
como solución: ‘jubilaciones y pensiones móviles’. Esto, en mi
criterio, no puede consagrarse como solución definitiva, pues
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deja su regulación en manos del poder administrador…debe
establecerse, como yo lo sostengo en mi proyecto, la
equiparación de sus asignaciones a los emolumentos de los
funcionarios y/o agentes en actividad…» (Convención Nacional
Constituyente 1957, T. II, pág. 1371).
7°) Que, en razón del modo como finalmente quedó
redactada la norma incorporada a la Ley Fundamental ha sido y
es necesario efectuar una serie de consideraciones acerca del
alcance del término «movilidad», con el propósito de establecer
los límites de disponibilidad a los que se encuentra vinculado
el legislador y, en su caso, el intérprete constitucional.
En primer lugar, debe señalarse que el carácter
alimentario del haber previsional y su condición de prolongación
de la remuneración condicionan y, de algún modo, establecen
los parámetros para la aplicación del concepto de movilidad.
Tal afirmación se corresponde con lo hasta aquí reseñado
y se completa con reiterada doctrina de esta Corte
según la cual el principio básico que sustenta el sistema
previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad
que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad,
entendiendo dicha relación como parámetro razonable para
conjugar la naturaleza del haber previsional, los fines que
persigue su reconocimiento y el establecimiento de una razonable
reglamentación de la materia (doctrina de Fallos:
289:430 y sus citas; 292:447 y muchos otros posteriores). En
relación con ello, el Tribunal también expresó que las exigencias
de una conveniente adaptación de la prestación jubilatoria
han de considerarse cumplidas, en principio, cuando a
través de su haber actualizado el jubilado conserva una situación
patrimonial proporcionada a la que le correspondería
de haber continuado en actividad (Fallos: 255:306).
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En otro orden de ideas, se afirmó que las jubilaciones
y pensiones acordadas constituyen verdaderos derechos
que se incorporan al patrimonio y no pueden ser desconocidos,
suprimidos ni alterados Csalvo por causas sobrevinientes previstas
previamente en la leyC, sino sólo reducido o rebajado
su monto para el futuro, cuando median para ello razones de
orden público o de beneficio general y en tanto la reducción
no resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada
(Fallos: 170:12; 173:5; 234:717; 235:783; 258:14; 266:279).
A la vez, la Corte reconoció la Cya mencionadaC
facultad legislativa para elegir el régimen tendiente a lograr
la movilidad de las prestaciones previsionales y adoptar
medios idóneos a fin de cumplir con el deber de asegurar los
beneficios, mas dejó a salvo el posterior control jurisdiccional
destinado a asegurar la fundamental razonabilidad de
esos actos y a impedir que, por medio de ellos, se frustren
derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal
(doctrina de Fallos: 293:551; 303:1155 y 308:1848).
Ha destacado el Tribunal, con mayor precisión, que
el contenido de la garantía de movilidad no se aviene con
disposiciones que establecen la inmovilidad absoluta de los
beneficios por un término incierto (Fallos: 293:551; 295:674;
297:146), ni con aquellas en que el mecanismo de movilidad se
traduzca en un desequilibrio de la razonable proporcionalidad
que debe existir entre la situación del trabajador activo y el
jubilado, en grado tal que pudiera calificarse de confiscatoria
o de injusta desproporción con la consecuente afectación
de la naturaleza sustitutiva de la prestación (Fallos:
300:616; 304:180; 305:611, 770, 953).
8°) Que dichos precedentes marcan, por un lado, que
la facultad legislativa para elegir el régimen tendiente a
lograr la movilidad de las prestaciones previsionales presenta
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indudable limitación. Por otro, es claro que la relación
proporcional entre el haber de pasividad y la situación de los
trabajadores activos fue reconocida como un verdadero
principio que se arraigó en el régimen previsional argentino.
9°) Que en época muy reciente el Tribunal ha afirmado,
con particular referencia al art. 14 bis de la Ley Fundamental,
que esta última, en cuanto reconoce derechos, lo
hace para que resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo
cuando se encuentra en debate un derecho humano. Agregó que
los derechos constitucionales tienen, naturalmente, un contenido
que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución.
De lo contrario, debería admitirse que ella enuncia derechos
huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o
que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos,
cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad
de este último (causa V.967.XXXVIII. «Vizzoti, Carlos Alberto
c/ AMSA S.A. s/ despido», sentencia del 14 de septiembre de
2004, considerando 8°, párrafos 3 y 4).
Todo ello explica que la determinación de dicho
contenido configure, precisamente, uno de los objetos de estudio
centrales del intérprete constitucional. Explica también
que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a
hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar
a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución
Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de
reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos
(art. 28), lo cual significa conferirles la extensión y
comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda
a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar
«el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos» (Constitución Nacional, art. 75 inc.
-20-
23) (causa y sentencia citados, considerando 8°, párrafo 5°).
10) Que, en tal enfoque, gravita indudablemente el
renovador impulso dado al derecho de que se trata por los
tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional
en las disposiciones del art. 75 inc. 22 y su correlato
con lo preceptuado en el inc. 23 de dicha disposición.
En relación con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22,
cabe señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en el capítulo III, Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
art. 26, dispone acerca del desarrollo progresivo
para lograr la plena efectividad de tales derechos, propósito
que tiene por destinataria a la persona dentro del sistema y
que, en consecuencia, requerirá del Estado el máximo esfuerzo
en orden a los recursos disponibles. El reconocimiento del
principio de progresividad en la satisfacción plena de estos
derechos destierra definitivamente interpretaciones o medidas
que puedan ser consideradas regresivas en la materia (art. 29
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). A su vez,
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos C»Protocolo de San Salvador»C en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece en el art.
9 el derecho a la seguridad social, disponiendo que toda persona
debe gozar «de la seguridad social que la proteja contra
las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios para
llevar una vida digna y decorosa…». A tales efectos, el art.
1 de dicho protocolo dispone la obligación de los Estados
partes de adoptar todas las medidas necesarias, hasta el
máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su
grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad
de los derechos que se reconocen en el documento. La norma
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indicada encuentra su correlato en el art. 19 del protocolo,
en el cual el principio de progresividad se encuentra protegido
mediante la estipulación de informes periódicos que den
cuenta de las medidas adoptadas.
En el orden constitucional argentino, las consignas
en la materia sub examine a partir de lo dispuesto en el artículo
precedentemente mencionado se profundizan con lo establecido
en el art. 75 inc. 23 de la norma fundamental, ya que
el constituyente reformador de 1994 ha introducido las acciones
positivas con el fin de garantizar la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales y, en lo que respecta a la cuestión en debate,
en particular respecto de los ancianos. Esta norma constitucional
fortalece la vigencia del principio de progresividad
en la materia previsional, descalificando todo accionar
gubernamental que en la práctica dé un resultado regresivo en
el goce efectivo de los derechos.
11) Que, el encuadre constitucional del derecho a la
jubilación y su movilidad conduce necesariamente a revisar el
alcance del derecho de propiedad en tales cuestiones y los
límites de la garantía de inviolabilidad, consagrados en los
arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional. A tales efectos, y
de acuerdo con lo que se ha desarrollado en los considerandos
anteriores, esta Corte ha sostenido históricamente que los
beneficios jubilatorios, una vez acordados legítimamente,
tienen el carácter de derecho adquirido. Después de dictado y
firme el acto administrativo que otorga la jubilación los
ampara la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional
(Fallos: 261:47; 284:65). A partir de tal doctrina el Tribunal
sostuvo que los elementos constitutivos del status jubilatorio,
resultante de la situación del agente al momento del
-22-
cese, deben ser mantenidos para evitar que se opere en los
hechos una retrogradación por obra de modificaciones reglamentarias
que alteren las condiciones existentes al conceder
el beneficio (Fallos: 311:530). Agregó que deben ser descalificados
aquellos criterios de movilidad que importen un desequilibrio
en la razonable proporcionalidad que debe existir
entre la situación de jubilado y la que resultaría de seguir
el beneficiario en actividad, en grado tal que pudiera ser
confiscatorio, violando la garantía del art. 17 de la Constitución
Nacional (Fallos: 295:674). Como consecuencia de lo
expuesto, la Corte consideró en numerosos pronunciamientos en
la materia diversos porcentajes a partir de los cuales las
diferencias habidas entre el haber efectivamente percibido y
aquel que correspondía recibir fueron declaradas confiscatorias
e irrazonables (Fallos: 303:1155; 305:1213; 310:991;
311:530).
12) Que, por otra parte, y en lo que respecta al
alcance de las reglamentaciones en materia de prestaciones
previsionales, el mandato constitucional merece ser apreciado
a la luz del criterio que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos tuvo oportunidad de expresar en la causa «Cinco Pensionistas
vs. Perú» (Corte IDH. Sentencia del 28 de febrero
de 2003. Serie C N° 98). Allí, dicho Tribunal consideró dos
cuestiones para dirimir la controversia, por un lado «si el
derecho a la pensión puede considerarse un derecho adquirido y
qué significa esto», y por el otro, «qué parámetros deben
tenerse en cuenta para cuantificar el derecho a la pensión, y
si se puede poner límites a éste» (punto VII; párrafo 95 de la
sentencia citada). Mediante el análisis del derecho interno
del Estado parte, concluyó que a partir del momento que los
denunciantes se acogieron al régimen de jubilaciones previsto
en la normativa en la que se encuadra el caso, adquirieron el
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derecho a que sus pensiones se rigieran en los términos y
condiciones previstas en aquéllas. Los pensionistas
adquirieron un derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales
del derecho a la pensión, de conformidad con la legislación
interna y con el art. 21 de la Convención Americana
(punto VII, párrafo 103 de la sentencia citada). En consecuencia,
reconoció que las presuntas víctimas tenían un derecho
adquirido a la pensión y, más precisamente, a una pensión
cuyo valor se encontrara nivelado con la remuneración percibida
por las personas que estuvieran desempeñando las mismas o
similares labores a aquéllas ejercidas por el beneficiario de
la pensión al momento de retirarse del cargo.
Sin desconocer la facultad del Estado para poner
limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de
utilidad pública o interés social, en el caso de los efectos
patrimoniales de las pensiones Cmonto de las pensionesC ratifica
que los Estados sólo pueden reducir lo que el Tribunal
denomina «pensión nivelada» por la vía legal adecuada y en la
medida que no contradigan el propósito y razón de las mismas,
condenando la modificación arbitraria de los parámetros de
determinación del monto de aquélla con la consecuente reducción
del beneficio (punto VII, párrafos 112, 116 y 121, entre
otros, de la sentencia citada). En razón de lo expuesto la
Corte Interamericana declaró que el Estado parte violó el
derecho de propiedad privada, el derecho a la protección judicial
e incumplió las obligaciones generales en los términos
de los arts. 21, 25, 1.1 y 2, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (punto XIII, párrafo 187, de la sentencia
citada).
Para ello, el Tribunal internacional construyó algunos
principios de interpretación importantes para resolver
cuestiones como las presentes. En primer término, señaló que
-24-
conforme al art. 1 de la convención «es ilícita toda forma de
ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos
por la Convención». En segundo término, que el deber general
del art. 2 del tratado implica la adopción de medidas en dos
vertientes. «Por una parte, la supresión de las normas y
prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las
garantías previstas en la Convención. Por la otra, la
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes
a la efectiva observancia de dichas garantías».
13) Que, efectuado el encuadre constitucional de la
materia en examen, corresponde tratar los agravios concretos
planteados en el caso, vinculados a la movilidad del haber
durante el período 1991/1995 y a la eventual incidencia en
aquél de las leyes 23.928 y 24.463, llamada de «solidaridad
previsional», la que contiene modificaciones sustanciales a la
ley 24.241, entre ellas la derogación del art. 160 que
reconocía derechos adquiridos al tiempo de entrar en vigencia
y mantenía a los jubilados en el goce de la movilidad fijada
por leyes anteriores (art. 11, ap. 1°), con disposiciones
específicas respecto a los haberes correspondientes a diversas
épocas (arts. 7° y 10).
En consecuencia, corresponde establecer la interpretación
más adecuada de las normas indicadas a los efectos
de determinar la movilidad del período 1991/1995, de manera de
hacerlas compatibles con las disposiciones constitucionales.
14) Que la movilidad tal como fue reconocida por
esta Corte en los precedentes ya citados, trasciende el plano
de un simple ajuste derivado de factores económicos relacionados
con la inflación. En tal sentido y asumiendo la perspectiva
histórica que la cuestión merece, cabe compartir la
opinión según la cual es verdad que al tiempo de incorporarse
el art. 14 bis por la reforma de 1957 la inflación ya producía
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la pérdida paulatina del valor adquisitivo de la moneda, lo
que hizo suponer que la pauta obligatoria de movilidad para
las jubilaciones y pensiones fue prevista para subsanar las
alteraciones en el signo monetario y, de reflejo, en la
capacidad adquisitiva de los beneficiarios. No obstante, más
allá de la circunstancia histórica de la época Cacentuada en
mucho posteriormenteC ha de entenderse ahora que la movilidad
no presupone únicamente una necesaria actualización monetaria
frente al deterioro que produce un proceso inflacionario, sino
un ajuste periódico que, sin congelamiento del haber, y aunque
no haya inflación, mantenga al jubilado en una situación de
permanente relación proporcionalmente razonable entre
pasividad y actividad. Por eso, toda prohibición legal de
indexación Ccomo la que impuso en 1991 la ley 23.928C no alcanza
para impedir que, de acuerdo con la Constitución, el
haber de las prestaciones siga sometido a movilidad, porque
aunque no haya inflación, debe siempre reflejar la necesaria
proporción razonable con el haber de actividad (Bidart Campos,
Germán J., Manual de la Constitución Reformada. Tercera
reimpresión. Buenos Aires, Ediar, 2002. Tomo II, pág. 241). En
conclusión, la movilidad no ha de ser asimilada, en el
contexto de las normas aplicables, a una pauta vedada por el
régimen general de la ley 23.928.
15) Que el análisis de las normas reglamentarias
aplicables al régimen previsional cuestionado en el caso permite
concluir que el legislador, en cumplimiento del mandato
constituyente, mantuvo el principio de movilidad de las prestaciones
derivado de las normas entonces vigentes. En tal
sentido, la ley 24.241 (B.O. 18 de octubre de 1993), dictada
vigente la ley 23.928, estableció un criterio de movilidad
para el régimen de reparto (arts. 21, 32 y 39) y, lo que es
más importante aún para la solución del caso concreto, dispuso
-26-
expresamente reconocer la movilidad otorgada por regímenes
anteriores así como que los beneficios se liquidaran según las
fórmulas que regían al tiempo de su entrada en vigencia (art.
160, último párrafo).
El principio de no aplicación retroactiva en materia
de movilidad del que da cuenta el art. 160 de la ley 24.241 se
mantuvo vigente hasta la sanción de la ley 24.463, que al
disponer su derogación lo hizo para el futuro, sin asignarle a
la misma efecto retroactivo.
En razón de ello, la disposición del art. 7°, inc. 1,
ap. b., de la ley 24.463 (que previó el ajuste de las
prestaciones correspondientes a períodos comprendidos entre el
11 de abril de 1991 y la fecha de promulgación de esa ley
«según las disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y por
organismos de su dependencia») debe ser interpretada evitando
producir una confrontación con lo reglado en los arts. 10,
inc. 1°, y 11, inc. 1°, del mismo cuerpo legal y, por otro
lado, con lo dispuesto en la ley 24.241. Una inteligencia
normativa que pusiera su acento en la contradicción provocaría
un conflicto constitucional, ya que del texto literal de la
norma parece desprenderse la aplicación retroactiva de un
supuesto criterio de movilidad distinto de aquel dispuesto en
las normas vigentes al tiempo de su sanción. Retroactividad
vedada en el mismo cuerpo legal al que pertenece tal norma.
En consecuencia, y ante la existencia de un sistema
de movilidad dispuesto en la ley 18.037 para tal período, es
inviable cualquier otra solución legal porque ello importaría
reconocer la incoherencia del legislador, hecho que debe descartarse
por aplicación de criterios de interpretación normativa
básica, todo ello sin perjuicio de que lo dispuesto en el
art. 7° inc. 1, ap. b, de la ley 24.463, se refiera a otros
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supuestos que no impliquen modificación retroactiva de
criterios de movilidad.
Desde otra perspectiva, el eventual conflicto enunciado
quedaría superado por aplicación del principio de supremacía
constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional),
según el cual deberá darse preeminencia a una interpretación
infralegal que resguarde acabadamente lo dispuesto en los
arts. 14 bis, 75 incs. 22 y 23 de la norma fundamental y que
se adecue a los fines y objetivos perseguidos por dicha norma.
16) Que, por ello, teniendo en cuenta la naturaleza
de los haberes previsionales, el sentido del principio de
movilidad y la doctrina formulada acerca del carácter de derecho
adquirido que tienen los beneficios jubilatorios una vez
acordados legítimamente, debe concluirse que para el período
1991/1995 el criterio de movilidad aplicable es aquel que
surge de la ley 18.037.
17) Que, la conclusión precedente no se ve alterada
por la ley 23.928. Ello por la concurrencia de diversas razones.
En primer lugar, se destaca que la norma en cuestión no
contiene disposición alguna referida al específico sistema de
movilidad previsional ni a sus necesarias implicancias constitucionales.
Asimismo, al tiempo de dictarse la ley 24.241, ya se
encontraba vigente la ley 23.928, no obstante lo cual la
voluntad del legislador fue mantener el principio de movilidad
y, en su caso, los sistemas vigentes a aquella época para los
beneficios ya acordados.
En otro orden de razones, cabe señalar que no es
adecuado identificar la actualización monetaria con el principio
de movilidad, ya que las variables que integran la determinación
de este último están sustentadas en la necesidad
de hacer efectivos los derechos fundamentales reconocidos en
-28-
la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, lo
que no puede desprenderse del principio de dignidad del haber
previsional. En tal sentido, otorgar al haber de pasividad la
condición de prolongación de la remuneración y establecer su
relación directa con el reconocimiento de los servicios
prestados a la sociedad, hacen del principio de movilidad una
variable de cualificación para que aquél alcance el objetivo
para el que fue dispuesto. Este concepto constitucional
descalifica centrar la cuestión en un tema de actualización
monetaria.
18) Que, en consecuencia, corresponde afirmar lo
siguiente: a) el art. 10 de la ley 24.463 resultó coherente
con las disposiciones de la ley 24.241 y con la derogación de
su art. 160 para el futuro; b) el art. 53 de la ley 18.037
reconoció derechos que no pudieron resultar válidamente frustrados
por la aplicación de una disposición posterior como el
art. 7, inc. 1, de la ley 24.463; c) la pauta prevista por el
mencionado art. 53 mantuvo su vigencia hasta 1995 y, en su
aplicación al período que interesa al caso, constituye una
razonable reglamentación del derecho cuestionado en términos
de su correcto cumplimiento de la ley, esto es, dejando de
lado todo congelamiento que derive de lo actuado por la autoridad
respectiva; d) la aplicación de dicha pauta ha de respetar
los límites de la cosa juzgada según corresponda; e) los
resultados obtenidos tras los cálculos correspondientes
quedarán sujetos a los porcentajes establecidos en las leyes
de fondo; f) se deberán deducir eventuales ajustes dispuestos
de oficio; g) el régimen de movilidad por el período posterior
a la vigencia de la ley 24.463, será el que determine la ley
de presupuesto, sin que quepa emitir pronunciamiento alguno en
ausencia de demostración sobre el perjuicio que ocasione su
aplicación.
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Las afirmaciones precedentes permiten sostener que
la aplicación al caso de la doctrina sobre la movilidad del
haber previsional mediante las pautas expuestas, queda limitada
por las circunstancias fácticas y procesales traídas a
conocimiento de la Corte. Ello además implica que, más allá de
tales circunstancias, no quepa conjeturar acerca de la
automática aplicación generalizada de dichas pautas, ya que
este Tribunal no debe desprenderse del análisis de las repercusiones
que podría generar tal aplicación sobre las finanzas
del Estado o para el sistema económico del país.
19) Que a la vista de todo lo expuesto, resulta
necesario reiterar en el sub examine que el Tribunal ve comprometida
su misión de velar por la vigencia real y efectiva
de los principios constitucionales, lo que lo lleva a ponderar
cuidadosamente las circunstancias, evitando que se vulneren
derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la
preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en
el caso concreto, lo que iría en desmedro del propósito de
«afianzar la justicia», enunciado en el Preámbulo de la Constitución
Nacional. Dicho propósito liminar, tal como ha sido
manifestado, se refiere a la salvaguarda del valor justicia en
los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno
de la comunidad. Ha dicho esta Corte que la admisión de
soluciones notoriamente disvaliosas no resultan compatibles
con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la
judicial (doctrina de Fallos: 249:37; 302:1284).
Con similar enfoque, recientemente en la causa
«Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios» (sentencia del
29 de marzo de 2005, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni),
se ha considerado oportuno revisar el criterio aplicado en
esta instancia a una cantidad de recursos al margen del juicio
que, en otro momento, pudo merecer el criterio legislativo
-30-
adoptado al sancionar la ley 24.463, destacando la misión de
este Tribunal de proveer justicia en los casos concretos que
se someten a su conocimiento (doctrina de Fallos: 308:2268 y
considerando 4° del voto mencionado). Cabe destacar que se
ponderó la influencia del transcurso del tiempo y el cambio de
circunstancias objetivas y, con cita del conocido caso «Kot»,
se aludió a la consideración de nuevas condiciones y
necesidades de la comunidad para atender a una interpretación
de la ley acorde con su visión de futuro que permitiera
recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Fallos:
241:291, pág. 300 y considerando 7° in fine del voto de los
jueces Maqueda y Zaffaroni, antes mencionado).
20) Que, por lo indicado en los considerandos precedentes,
corresponde revocar la sentencia apelada en lo que
fue materia de agravios y mantener el ajuste por movilidad
hasta marzo de 1995 según las variaciones registradas en el
índice del nivel general de remuneraciones a que remitía el
art. 53 de la ley 18.037, criterio que hace innecesario expedirse
respecto de la tacha de inconstitucionalidad formulada
contra la ley de convertibilidad, pues ésta no resulta aplicable
al caso.
Por ello, y por no haber expresado la demandada agravios
en tiempo y forma, el Tribunal Cpor mayoríaC resuelve: declarar
desierto el recurso de la ANSeS, hacer lugar al de la
actora; en consecuencia, revocar la sentencia con el alcance
que surge de lo precedentemente expresado y disponer que se
mantenga el ajuste por movilidad hasta el 30 de marzo de 1995,
según las variaciones registradas en el índice del nivel
general de remuneraciones. Notifíquese y devuélvase. JUAN
CARLOS MAQUEDA.
ES COPIA
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DISI-//-
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reajustes varios.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
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-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO
Considerando:
Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta
Corte guardan sustancial analogía con las debatidas y resueltas
en el precedente de Fallos: 319:3241 en la causa «Chocobar»,
voto del juez Boggiano, a cuyos fundamentos corresponde
remitir en razón de brevedad.
Por ello, se resuelve: I. Declarar desierto el recurso de
la demandada por no haber expresado agravios en tiempo y
forma; II. Se declara procedente el recurso ordinario interpuesto
por la actora y se confirma la sentencia. Notifíquese y
devuélvase. ANTONIO BOGGIANO.
ES COPIA
-34-
Recurso ordinario interpuesto por María del Carmen Sánchez, representada por el Dr.
Juan Carlos Escudero
Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social N° 6

FALLO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN

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