Fallo: Chocobar Sixto Celestino – Reajuste por movilidad

Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes por movilidad.
S.C. 278, L.XXVIII.-
PROCURACION GENERAL DE LA NACION
Suprema Corte:
Las cuestiones materia de recurso en estos autos,
son similares a las que tuvo ocasión de examinar el Señor
Procurador General de la Nación, Dr. Angel Nicolás Agüero
Iturbe, al emitir dictamen, con fecha 2 del corriente, en
la causa A. 915 L. XXIX, «Acosta, Rosendo Alfredo s/
jubilación».
En consecuencia, cabe extender al presente las
consideraciones expuestas en esa oportunidad y, por ende,
devolver las actuaciones al tribunal de origen a los fines
explicitados en el último párrafo del mencionado dictamen.
Buenos Aires, 16 de mayo de 1996.
ES COPIA FELIPE DANIEL OBARRIO
C. 278. XXVIII
Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1996.
Vistos los autos: «Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad».
Considerando:
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones de la Seguridad Social -sobre la base de
considerar inconstitucional el sistema de movilidad
regulado por los artículos 49, 53 y 55 de la ley 18.037
(t.o. 1976)- ordenó que se practicara una nueva
determinación del haber inicial de jubilación, y fijó
nuevas pautas de movilidad según las variaciones de los
índices del salario básico de convenio de la industria y la
construcción, siempre que el haber resultante de aplicar
los arts. 53 y 55 de la ley 18.037 determinara un perjuicio
al jubilado superior al 10% con respecto al método
establecido en la sentencia, caso en el que deberían
liquidarse las diferencias respectivas mientras se mantuviera
vigente ese sistema legal.
2°) Que, en lo que hace a la liquidación de las
retroactividades que debieran abonarse con posterioridad al
1° de abril de 1991, la alzada consideró aplicables las
previsiones de la ley 23.928. Asimismo, declaró que la ley
23.928 no afectaba la vigencia de las pautas establecidas
por la ley 18.037 para la determinación de los haberes mensuales
y ratificó la inconstitucionalidad de aquéllas -en
lo pertinente al caso-, aun con posterioridad al 1° de
abril de 1991. Por último, dispuso que en el período
posterior al juzgado y mientras rija el sistema
descalificado se proceda

//-
-//- de conformidad con esa sentencia.
3°) Que contra dicho pronunciamiento el organismo
estatal interpuso recurso extraordinario, en el cual sostiene
que lo decidido por la cámara con respecto al reajuste del
haber con posterioridad al 1° de abril de 1991 contradice
abiertamente la ley 23.928, además de que los intereses
fijados se apartan de la solución adoptada por esta Corte en
el precedente que invoca, en el cual se había concluido que
debe aplicarse la tasa pasiva promedio publicada por el Banco
Central de la República Argentina.
4°) Que en lo que concierne a la tasa de interés
establecida en la sentencia, el actor renunció a ella al contestar
el recurso extraordinario, aviniéndose a la pretensión
de la ANSeS introducida en el remedio federal.
Frente a esta situación, cabe puntualizar que este
Tribunal ha señalado reiteradamente que sus sentencias han de
ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque
fueran sobrevinientes al recurso extraordinario, por lo que
debe verificar -de oficio- la subsistencia de los requisitos
que hacen a su jurisdicción, en la medida en que la extinción
de ellos importa la del poder de juzgar.
En las condiciones señaladas, el allanamiento efectuado
por el peticionario al agravio planteado en la apelación
constituye una renuncia incondicionada y explícita al
derecho cuyo reconocimiento fue impugnado en el recurso extraordinario,
por lo que, al no existir impedimentos para la
eficacia jurídica de aquel sometimiento, no queda cuestión
alguna para decidir que impida la conclusión indicada, en
tanto la ausencia de interés económico convierte en abstrac
-//-
C. 278. XXVIII
2 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-to el pronunciamiento requerido a este Tribunal (causa
S.478.XXIV «Solazzi, Adriana Marina c/ Von Der Walde, Pablo
s/ daños y perjuicios», sentencia del 9 de marzo de 1993, y
sus citas).
5°) Que en cuanto al agravio concerniente a lo
decidido por la cámara con respecto a la declaración de
inconstitucionalidad de los arts. 53 y 55 de la ley 18.037,
y la consecuente actualización del haber con posterioridad
al 1° de abril de 1991, cabe destacar que a partir del
conocido precedente sentado en la sentencia dictada en la
causa «Rolón Zappa, Víctor Francisco s/ jubilación»
(Fallos: 308: 1848), esta Corte ha declarado
insubstanciales las cuestiones federales que resultaban de
la declaración de inconstitucionalidad del sistema de
movilidad por coeficientes elaborados al amparo del art. 53
de la ley 18.037, cuando la aplicación de éstos conducía a
una desproporcionada reducción de los haberes
previsionales, pues el Tribunal consideró que los
habituales planteos que efectuaban los entes previsionales
no ofrecían argumentos válidos ni novedosos que justificasen
una modificación del criterio reiteradamente aplicado
(Fallos: 310:2212).
6°) Que dicha circunstancia condicionante se presenta
en el caso y torna admisible -en el aspecto indicadoel
recurso deducido a fs. 47/50 y concedido por el tribunal
a quo, pues el nuevo régimen monetario de convertibilidad
vigente a partir de la ley 23.928, el contenido de diversas
previsiones de este texto y de sus decretos reglamentarios
en torno a la prohibición de los mecanismos de
actualización

//-
-//- de prestaciones dinerarias, la situación de emergencia
derivada del quebranto del patrimonio estatal según lo establecido
por sucesivas y concordes disposiciones de carácter
general, justifican suficientemente que esta Corte examine
los agravios invocados por el recurrente en la medida en que,
frente a la nítida diversidad de los marcos fácticos y
normativos que sirvieron de soporte a aquéllos y que yacen al
sub lite, el pronunciamiento necesariamente deberá atender a
las circunstancias particulares del caso como ha sido
enfatizado por el Tribunal con particular referencia a la
movilidad del haber jubilatorio (Fallos: 305:2083).
En el sentido indicado y aun en situaciones que, a
diferencia de la ventilada en el sub lite, estaban reguladas
por el derecho privado, esta Corte ha decidido que las
disposiciones de la ley 23.928, en tanto establecen el valor
de la moneda y prohíben el cómputo de la actualización monetaria,
tienen un indudable carácter federal que habilita el
recurso extraordinario, desde que han sido dictadas por el
Congreso en uso de las atribuciones previstas en el art. 75,
inc. 11, de la Constitución Nacional (causas: D.354.XXIV «De
la Cruz de Sessa, Adela M. c/ Sessa, A.J.»; I.66.XXIV «Inmobiliaria
del Plata SAIFICAM y otro c/ Vialco S.A.» y A.179.
XXIV «Acopionor S.A. s/ concurso preventivo», falladas -la
primera- el 30 de noviembre de 1993 y -las restantes- el 9 de
junio de 1994).
7°) Que no obsta a la admisibilidad del recurso la
circunstancia de que con posterioridad al pronunciamiento
apelado y a la sustanciación del recurso extraordinario haya
entrado en vigencia la ley 24.463 de Solidaridad Previsional
-//-
C. 278. XXVIII
3 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- -de carácter federal como lo decidió esta Corte en la
causa H.40.XXXII «Hussar, Otto c/ ANSeS», fallada el 10 de
octubre de 1996-, cuyas disposiciones atinentes a la
movilidad y los topes de los haberes son susceptibles de
modificar sustancialmente las cuestiones planteadas en
autos.
Ello es así, pues si bien es cierto que con
motivo de la entrada en vigencia de nuevas normas cuya
aplicación podría incidir en la decisión de causas que se
hallaban ante sus estrados, esta Corte dispuso remitir los
expedientes al tribunal de origen a fin de que se expidiera
sobre los puntos en litigio según la nueva legislación,
también lo es que las circunstancias en que se suscitaron
dichos pronunciamientos difieren sustancialmente de las que
corresponden al presente caso, pues mientras en aquéllos la
normativa posterior exigía el estudio de aspectos ajenos a
la vía del remedio federal que podrían incidir en la
solución y aun tornar abstractos los agravios propuestos
(causas: F.17.XX «Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Carbocomet
S.A.I.C.I. y F. s/ cobro de impuestos de gananciasejecución
fiscal»; A.492.XXIX «Angel Ciminello s/ solicita
se declare argentino nativo a Michael Angel Ciminello» y
V.245.XXIX «Vaz de Castro, José s/ excepción al servicio
militar», falladas el 24 de julio, 11 de octubre y 18 de
diciembre de 1994, respectivamente), en el caso la nueva
legislación tiene una relación inescindible con las
cuestiones introducidas en el recurso extraordinario.
A ello cabe agregar diversas circunstancias de
eminente trascendencia que exigen un pronunciamiento del
Tribunal sobre el fondo del asunto, como lo son la índole

//-
-//- alimentaria de los derechos comprometidos y la inusitada
cantidad de causas que, en varias decenas de miles, han
arribado ante el Tribunal para obtener una decisión que se
pronuncie definitivamente sobre una cuestión que, como lo es
la movilidad de los haberes jubilatorios, compromete directamente
la inteligencia de una cláusula constitucional y la
adecuación a ella de los sucesivos textos legales que se han
sancionado para reglamentarla.
8°) Que, ciertamente, el examen de la controversia
que subyace a este proceso no se reduce a una mera interpretación
de normas infraconstitucionales que, con apoyo en consideraciones
de igual naturaleza, permita dar una fundada
decisión a una nueva controversia suscitada entre un beneficiario
de una prestación previsional y el Estado Nacional con
motivo de la afectación que se invoca de la integridad del
haber.
Bien por el contrario, este Tribunal se enfrenta
con un conflicto que exigió su primer pronunciamiento el 15
de diciembre de 1933 (Fallos: 170:12), en el cual debió examinar
la constitucionalidad de una ley que disponía la rebaja
del monto de una pensión acordada, asunto que inmediatamente
originó reiteradas intervenciones en las cuales comenzó a
elaborar su conocida doctrina en torno al alcance de los
derechos adquiridos y la distinción elaborada entre el status
de jubilado y la cuantía de las prestaciones porlos jubilados
(Fallos: 173:5, entre otros).
La ingente tarea de la Corte se vio profundizada a
partir de las garantías introducidas en la reforma de 1957 en
el art. 14 nuevo de la Ley Superior y, con particular re
-//-
C. 278. XXVIII
4 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-ferencia a la movilidad previsional, con los sucesivos
estatutos destinados a reglamentarla que se dictaron con
posterioridad (decretos leyes 1049/58 y 5567/58; leyes
14.473, 14.499, 15.719), con las leyes de emergencia que
congelaron haberes (decretos-ley 17.310/67), que
suspendieron la promoción de acciones judiciales y
paralizaron las pendientes (ley 16.921), que consolidaron
el pasivo disponiendo el pago en ocho o diez ejercicios
presupuestarios (leyes 17.583 y 17.616).
De igual modo, los orígenes más cercanos se
encuentran en una época prácticamente inmediata a la
sanción -en 1968- de la ley 18.037, que a pesar del
razonable sistema que pretendió implantar dio lugar con su
aplicación a graves y conocidas afectaciones tanto de los
derechos de los beneficiarios como del presupuesto de las
cajas destinado a afrontar las erogaciones
correspondientes, las cuales llevaron a que los poderes
políticos gobernantes desde entonces -sin distinción del
origen del mandato ni del partido político al cual
representaban- efectuaran el intento de solucionarlas con
sucesivas modificaciones legislativas y reglamentarias de
la más diversa índole. Tales intentos irremediablemente
fracasaron, al extremo de que, para absorber la mayor litigiosidad
generada, fue creado un tribunal de alzada –
integrado por tres salas- especializado en la materia (ley
23.473), el cual también fue prontamente superado en su
capacidad y llevó al legislador a establecer diez juzgados
de primera instancia con igual competencia (ley 24.655).
La marcada trascendencia de la cuestión involucra

//-
-//-da en el sub lite queda sencillamente demostrada con
verificar las estadísticas del Tribunal, de las que surge que
más de 70.000 causas análogas aguardan que se pronuncie una
decisión definitiva sobre la aguda tensión mantenida entre
una cantidad significativa de beneficiarios y el Estado
Nacional.
De ahí, pues, que la conclusión que se obtenga debe
partir ineludiblemente de una interpretación dinámica e
integradora de diversas cláusulas de la Constitución Nacional,
como lo son las concernientes al alcance de la garantía
en debate consagrada por dicha Ley Fundamental, así como de
aquellas que contemplan las facultades -de igual fuente- que
asisten al Congreso Nacional para cumplir con las insustituibles
funciones encomendadas; y teniendo presente -en todo momento-
una cabal comprensión de las responsabilidades derivadas
del rol institucional que es de la esencia de esta Corte
Suprema, en tanto titular de uno de los Departamentos del Gobierno
Federal (art. 108 de la Constitución Nacional).
9°) Que con relación a la garantía de movilidad de
las prestaciones previsionales establecida por el art. 14 bis
de la Constitución Nacional, esta Corte decidió desde el
primer momento en que fue instada su jurisdicción para resolver
los planteos que introdujeron los beneficiarios a poco de
entrar en vigencia la ley 18.037 -con fundamento en que el
cambio de legislación afectaba sus derechos adquiridos-, que
los agravios constitucionales que se invocaban no podían
acogerse en la medida en que dicho régimen constituía, en
principio, una reglamentación razonable de la garantía consa
grada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional (Fa -//-
C. 278. XXVIII
5 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-llos: 297:146; 300:195), pues esta cláusula no
especifica el procedimiento a seguir para el logro del
objetivo propuesto en cuanto a la evolución del haber,
dejando librado el punto al criterio legislativo (Fallos:
269:174; 293:551; 295:674 y 694; 300:194; 303:1155;
305:1213; 307:2366).
10) Que aquella conclusión surge inequívocamente
del debate realizado en la convención constituyente que introdujo
el art. 14 bis a la Constitución de 1853 (2° sesión
extraordinaria; 21° reunión, celebrada el 21 de octubre de
1957), en el que -al tratarse el carácter móvil de las
prestaciones- el convencional Martella únicamente expresó
que «Se da la norma de que el beneficio será como el
salario móvil. Deseamos una jubilación móvil para mantener
a las personas jubiladas o pensionadas con una asignación
que les suponga siempre el mismo standard de vida» (Diario
de Sesiones, T. II, pág. 1249).
La ausencia de una determinación precisa en el
contenido de esta garantía queda confirmada por la
exposición del convencional Riva (2° sesión extraordinaria;
23° reunión, celebrada el 23 de octubre de 1957; op. cit.,
pág. 1371), al afirmar que «…el problema de los jubilados
fue aglutinado con el de todos los empleados y obreros que
estaban en actividad o retirados de ella, que sólo cuentan
para la subsistencia con ingresos fijos que pierden valor
adquisitivo a medida que se va agravando el proceso
inflacionista. El mejoramiento de las jubilaciones quedó
enervado por el alza en el costo de la vida, y así se
repite cíclicamente la situación crítica. El despacho de la
mayoría consagra como

//-
-//- solución jubilaciones y pensiones móviles. Esto, en mi
criterio, no puede consagrarse como solución definitiva, pues
deja su regulación en manos del poder administrador. Creo que
ya que se va a resolver constitucionalmente la magra
situación que el proceso inflacionista de estos tiempos, no
contenido, les crea a los jubilados y pensionados, como
consecuencia de contar con menos defensas que los trabajadores
en actividad, debe establecerse como yo lo sostengo en mi
proyecto la equiparación de sus asignaciones a los emolumentos
de los funcionarios y/o agentes en actividad».
Por otra parte, el convencional Arigós destacaba
(sesión del 24 de octubre de 1957, 24° reunión) que la reforma
propuesta estaba destinada a «incorporar una gran institución
a las jubilaciones y pensiones a fin de que ellas
sigan el ritmo del costo de la vida, para que los jubilados y
pensionados no pasen las necesidades que actualmente atraviesan
como consecuencia de que, a raíz de la desvalorización
de la moneda, al poco tiempo de haberse acogido al retiro, su
jubilación no les alcanza para vivir y se ven obligados a
competir con el trabajador activo» (Diario de Sesiones, t.
II, pág. 1481).
Estas precisiones acerca del contenido de la garantía
que se incorporaba al texto constitucional, alentadas en
despachos minoritarios, no lograron prevalecer en el recinto.
Se observa, pues, que la ausencia de un mayor debate sobre el
particular y la sanción, en definitiva, del texto propuesto
por el despacho mayoritario sin aceptar la equiparación
postulada con respecto a los salarios de las personas en
actividad y sin inclinarse por la adopción de pauta o re
-//-
C. 278. XXVIII
6 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-ferencia concreta vinculada con la depreciación de la
moneda, configuró una nítida reserva para que el legislador
reglamentara la movilidad sin imponerle una versión
uniforme del alcance de la garantía declarada,
reconociéndose al Congreso de la Nación plenas facultades
para el dictado de normas infraconstitucionales que
respondan al mérito que realizase sobre la conveniencia y
posibilidad del sistema que correspondería implementar como
razonable tutela de la cláusula introducida en la Carta
Magna.
11) Que, por lo demás, a los fines de una
correcta interpretación de la Ley Suprema, no debe
olvidarse que la reforma constitucional de 1994 ha
incorporado con jerarquía constitucional, como
complementarios de los derechos y garantías reconocidos en
la primera parte de nuestra Carta Magna, los derechos
consagrados en ciertos tratados internacionales (confr.
causa G.423.XXVII, «Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado
Nacional s/ contenciosoadministrativo», sentencia del 5 de
julio de 1996). En lo que aquí respecta, la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social,…habida cuenta de la organización y los recursos
de cada Estado» (art. 22). En análogo sentido, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica) dispone que «los Estados partes se
comprometen a adoptar providencias…para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación…en la medida de los recursos disponibles» (art.
26).

//-
-//- Tales referencias -que vinculan los beneficios sociales
a las concretas posibilidades de cada Estado- resultan
idóneas para interpretar el alcance de la movilidad aludida
en el art. 14 bis de la Constitución Nacional toda vez que
ésta debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del
cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de
acuerdo con el contenido de las demás. De allí se desprende
que la atención a los recursos «disponibles» del sistema
pueda constituir una directriz adecuada a los fines de
determinar el contenido económico de la movilidad jubilatoria,
en el momento de juzgar sobre el reajuste de las prestaciones
o de su satisfacción.
12) Que el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional,
mediante el que se otorgó jerarquía constitucional a
los tratados cuyas disposiciones se han transcripto, establece,
en su última parte, que aquéllos «no derogan artículo alguno
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella
reconocidos».
Ello indica que los constituyentes han efectuado un
juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los
tratados y los artículos constitucionales y han verificado
que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los
poderes constituidos desconocer o contradecir.
13) Que de ello se desprende que la armonía o concordancia
entre los tratados y la Constitución es un juicio
del constituyente. En efecto, así lo han juzgado al hacer la
referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía
constitucional y, por consiguiente, no pueden ni han podido
-//-
C. 278. XXVIII
7 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- derogar la Constitución pues esto sería un
contrasentido insusceptible de ser atribuido al
constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir.
14) Que conviene recordar aquí, por su
incuestionable actualidad, los principios establecidos por
esta Corte en fallos señeros que integran la base misma de
su elevada doctrina constitucional, concernientes al modo y
a la finalidad en que ha de llevar a cabo su atribución
constitucional de intérprete de la Ley Suprema y de sus
textos reglamentarios.
En la causa «Avico c/ De la Pesa», sentencia del
7 de diciembre de 1934 publicada en Fallos: 172:29, el
Tribunal consideró -en oportunidad de pronunciarse sobre la
constitucionalidad de una ley de emergencia que prorrogaba
el vencimiento de las obligaciones garantizadas con
hipotecas y limitaba los intereses convenidos- que con
carácter previo al examen de la cuestión planteada era
«…interesante y de la mayor importancia el advertir…»
los postulados desarrollados por relevantes juristas con
respecto a la interpretación de las leyes. Se afirmó
entonces, siguiendo a Ballot- Baupré, que muchos jueces
habían sabido no solamente aplicar la ley cuando era
obscura, sino completarla cuando era deficiente, suplirla
cuando les parecía muda, y adaptar el texto, literal y
humanamente, a las realidades y exigencias de la vida
moderna, sin rezagarse a buscar obstinadamente cuál había
sido, hace cien años, el pensamiento de los autores del
código al redactar tal o cual artículo. En sentido análogo,
se recordó en la sentencia las expresiones de Paul

//-
-//- Deschanel, en el sentido de que la introducción de las
ciencias sociales y económicas en el conjunto de los estudios
jurídicos, ha renovado toda la técnica. No sólo la inspiración
legislativa, sino la interpretación de las leyes por
la doctrina y la jurisprudencia, no pueden permanecer fuera
de las corrientes profundas de la vida social. No hay un
jurista moderno que no se preocupe de poner su interpretación
en armonía con las necesidades actuales y con las ideas
ambientes o circundantes. Asimismo, destacó el Tribunal que
el mismo concepto era sostenido por Ihering, al afirmar que
no son los hechos los que deben seguir al derecho, sino que
es el derecho el que debe seguir a los hechos. Por último, se
transcribió el pensamiento concorde de Boutroux, que enseñaba
que son los conceptos los que deben adaptarse a la vida y no
la vida ceder lugar a los conceptos.
De igual modo, en el conocido fallo dictado en
«Kot, Samuel S.R.L.» el 5 de septiembre de 1958 (Fallos:
241:291), esta Corte profundizó la piedra de toque sentada en
el precedente mencionado, aunque sin citarlo, afirmando que
las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente,
sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de
la comunidad, porque toda ley, por su naturaleza, tiene una
visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos
posteriores a su sanción. Con mayor fundamento -se agregó- la
Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el
cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la
virtualidad necesaria para poder gobernar las relaciones jurídicas
nacidas en circunstancias sociales diferentes a las
que existían en tiempos de su sanción.
-//-
C. 278. XXVIII
8 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- Nunca debemos olvidar -nos decía Marshall- que
«es una constitución lo que estamos interpretando: una
constitución está concebida para proyectarse hacia el
porvenir, y, en consecuencia, para adaptarse a las
distintas crisis de los asuntos humanos» (Mc Culloch vs.
Maryland, 17 U.S. 316, 1819).
Concordemente, en la causa «Poder Ejecutivo
Nacional c/ Buenos Aires, la Provincia», fallada el 30 de
septiembre de 1963 y publicada en Fallos: 256:588, esta
Corte ratificó los postulados adoptados hacía casi tres
décadas, puntualizando que no es adecuada una exégesis
estática, referida a las circunstancias de la oportunidad
de la sanción de la ley, particularmente en el ámbito de la
interpretación constitucional y de las leyes de su
inmediata reglamentación; pues, se agregó reiterando lo
expresado en el precedente de Fallos: 172:29, «…nadie
ignora después de Marshall, que se trata de normas
destinadas a perdurar regulando la evolución de la vida
nacional, a la que han de acompañar en la discreta y
razonable intención de sus creadores. Las consecuencias
contrarias genéricas más evidentes de este tipo de
interpretación jurídica importarían la paralización de la
acción gubernativa y del progreso de la República,
comprometiendo la insatisfacción de las necesidades más
ineludibles, incluso la defensa de la Nación. Tal intención
no puede atribuirse a los constituyentes ni a los
legisladores inmediatos porque no cabe imputarles, en la
práctica de la interpretación judicial, imprevisión, como
no cabe atribuirles injusticia, según lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corte…».

//-
-//- Por último en autos «Fernández Orquin, José María
c/ Ripoll, Francisco», sentencia del 31 de mayo de 1966
registrada en Fallos: 264:416, el Tribunal reiteró la inconveniencia
de una interpretación estática de la Constitución
Nacional, pues dificultaba la ordenada marcha y el adecuado
progreso de la comunidad nacional que debe acompañar y promover
la Ley Fundamental, recordando, en obvia vinculación
con aquel principio, «…que el excesivo apego al tradicionalismo
jurídico ha sido catalogado como uno de los más serios
obstáculos al éxito de la promoción de la expansión económica
y de la justicia social».
15) Que los principios señalados confluyen, como ha
sido puntualizado, en reconocer -por un lado- que el alcance
y contenido de la garantía constitucional de movilidad de las
prestaciones previsionales no son conceptos lineales y
unívocos que dan lugar a una exégesis única, reglamentaria e
inmodificable sino, opuestamente, susceptibles de ser
moldeados y adaptados a la evolución que resulte de las
concepciones políticas, jurídicas, sociales y económicas
dominantes que imperan en la comunidad en un momento dado.
Por ello, la obra genuina de los intérpretes, y en particular
de los jueces, es permitir el avance de los principios
constitucionales, que es de natural desarrollo y no de
contradicción, consagrando la inteligencia que mejor asegure
los grandes objetivos para que fue dictada la Constitución
Nacional (Fallos: 241:291).
16) Que la restante conclusión que se impone destacar,
es la que reconoce al Poder Legislativo la atribución
para sopesar la influencia que las concepciones referidas y
-//-
C. 278. XXVIII
9 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- las diferentes situaciones por las que atraviesa la
sociedad, proyectan sobre la oportunidad, el mérito y la
conveniencia para dotar de una determinada extensión y
cualidad a todo el sistema de la seguridad social, del que
forma parte la cláusula constitucional de movilidad de las
prestaciones, ratificando, reformulando o modificando
íntegramente si se lo considera necesario, a aquél que en
un momento anterior y ante distintas circunstancias se
había considerado razonable poner en vigencia.
17) Que el fundamento de la afirmación efectuada
yace en el art. 75, inc. 32, de la Constitución Nacional,
al facultar al Congreso para hacer todas las leyes y
reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio
los poderes atribuidos al Gobierno de la Nación. Todo lo
que es necesario y esencial para la existencia, seguridad y
bienestar nacional, está comprendido dentro de los poderes
de reglamentación atribuidos al Congreso, que tienen en
vista los altos propósitos y elevadas miras enunciados en
el Preámbulo de la Constitución, en el sentido de promover
el bienestar general y asegurar los beneficios de la
libertad.
Es regla doctrinaria que la interpretación de los
poderes y derechos del gobierno instituido por la Constitución
no debe ser estricta ni restringida, pues los medios
de satisfacer las necesidades del país, de evitar los
peligros y de aumentar la prosperidad nacional son tan
variados y complejos, que debe dejarse una gran latitud
para la elección y empleo de esos medios, de lo que deriva
la necesidad y la conveniencia de interpretar ampliamente
los poderes constitu

//-
-//-cionales.
18) Que en tal sentido, sostuvo el juez Marshall en
Mc Culloch v. Maryland (17 U.S. 316) que debe permitirse al
Congreso mantener una amplia esfera de acción en el ejercicio
de su autoridad para implementar tales poderes, pudiendo
seleccionar cualquier medio razonable para lograr sus fines.
En teoría, al menos, ese accionar se funda en una atribución
de poderes efectuada por la Constitución; en la práctica, la
Corte debe respetar al Congreso en su interpretación de esos
poderes. Los jueces deberán revisar la legislación federal
solamente para verificar si se encuentra razonablemente
relacionada con una de las facultades expresamente concedidas
por la Constitución y -en la medida en que ello haya sido
así- debe mantenerse la validez de la ley, a menos que el
poder del Congreso se encuentre limitado por derechos o
garantías constitucionales u otras restricciones específicas.
Es por ello que se ha sostenido que la regla que
los tribunales aplican, no es sólo su propio juicio de constitucionalidad,
sino el que es admisible para otras ramas del
gobierno a las que la Constitución ha otorgado competencia
sobre la materia. La Constitución a menudo admite variadas
interpretaciones, para las que hay un margen de elección y
criterio; en estos casos la Ley Fundamental no impone a la
legislatura una opinión específica sino que deja abierto su
ámbito de acción, en el que cualquier opción racional es
constitucional (James B. Thayer, «The Origin and Scope of the
American Doctrine of Constitutional Law», 7. Harvard Law
Review 129, 1893).
Desde tal perspectiva, y atendiendo a que el deba
-//-
C. 278. XXVIII
10 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
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Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-te que precedió a la sanción del nuevo art. 14 bis en
la Convención de 1957 acredita que los constituyentes
dejaron un amplio margen librado a la sabiduría, discreción
y acierto del legislador para definir -según las diferentes
circunstancias que se configuraran en el futuro- el
contenido concreto de la garantía constitucional que
instituían, no puede decirse que el accionar del Congreso
haya excedido ese marco en el caso sub examine.
19) Que lo precedentemente expuesto no implica
afirmar la omnipotencia del Congreso ni colocar a éste
fuera del control de los tribunales de justicia, que -como
surgirá de este pronunciamiento- están encargados en todo
momento de controlar la sujeción de las leyes a los
principios constitucionales, sino de mantener el imperio de
las facultades legislativas que son indispensables para
armonizar las garantías individuales con las conveniencias
generales. Es al Congreso al que corresponde mantener ese
equilibrio como encargado del control y resguardo del
interés público comprometido en la instrumentación de las
políticas sociales, y no incumbe a los jueces -en el
ejercicio regular de sus atribuciones- sustitituirse a los
otros poderes del estado en las funciones que le son
propias. Si así lo hicieran, desplazarían a los poderes
políticos y se convertirían en una «superlegislatura» como
alguna vez se dijo en la Corte Suprema de los Estados
Unidos (voto concurrente en el caso «Dennis vs. U.S.», 341,
U.S 494; Fallos: 313:1333, causa C.802.XXIV, «Cocchia,
Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de
amparo», sentencia del 2 de diciembre de 1993).
Tal como lo ha sostenido el Procurador General de

//-
-//- la Nación en el dictamen que obra en Fallos: 172:30 y
31, quejarse de que el Congreso, en tanto representación nacional
a la que compete el poder de sancionar las leyes, ejerza
una discreción liberal al legislar para la Nación, es
virtualmente quejarse de que el pueblo la ejerza.
20) Que con tal comprensión y antes de abordar la
extensión de las reformas introducidas por la ley 23.928, es
de suma importancia -para esclarecer el núcleo conceptual de
esta sentencia- realizar un examen restrospectivo de los pronunciamientos
del Tribunal sobre la materia, que permita verificar
los fundamentos que sostuvieron la elaboración de
ciertos principios que, por su continua reiteración, adquirieron
una condición que se ha denominado de «axiomática»,
así como -por último y esencialmente- si ellos deben ser
mantenidos en las actuales circunstancias.
21) Que en el fallo -citado anteriormente- dictado
en la causa «Rolón Zappa, Víctor Francisco» (Fallos: 308:
1848, cons. 2°), cuando se encontraba en vigencia la ley
18.037 y para fundar el carácter insustancial de las cuestiones
federales introducidas por el organismo previsional, el
Tribunal recordó que el criterio interpretativo para juzgar
en qué situaciones se producía una desproporcionada reducción
de los haberes previsionales que afectaba las garantías
consagradas en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional,
ha sido mantenido de modo prácticamente invariable a
partir del precedente de Fallos: 255:306.
En efecto, en la sentencia dictada el 13 de mayo de
1963 en los autos «Ponzo, Alfredo Blas G. s/ jubilación», el
Tribunal utilizó por vez primera el concepto de proporcio
-//-
C. 278. XXVIII
11 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-nalidad al afirmar que «…las exigencias de una conveniente
adaptación de la prestación jubilatoria han de
considerarse cumplidas, en principio, cuando a través de su
haber actualizado el jubilado conserva una situación
patrimonial proporcionada a la que le correspondería de
haber continuado en actividad». La anunciada finalidad de
la «conveniente adaptación» fue reiterada y profundizada en
la causa «Barreiro, Eduardo Casimiro» (Fallos: 265:256), al
sostenerse, que entre la jubilación y los haberes de
actividad existía un principio de «relación necesaria»
(cons. 6°). Por último, en la causa «Esther Lucía Ballester
Piterson de Tavella» (Fallos: 279:389, cons. 8°), se
unifican los criterios enunciados, afirmándose que uno de
los «principios básicos» que sustentan el sistema
previsional argentino es de la «necesaria proporcionalidad»
entre los haberes, asignándole al de pasividad naturaleza
«sustitutiva» y agregándose que el «conveniente nivel» se
alcanza con una situación patrimonial proporcionada.
Ciertamente, dicha regla fue reiterada con posterioridad
en forma constante en las decisiones del Tribunal,
hasta dar lugar a lo que el Procurador Fiscal de la Nación
denominó como «principio de obligada vigencia» que reviste
un carácter «axiomático» (dictamen en Fallos: 308:1851).
22) Que es relevante puntualizar que el origen
del postulado sentado por el Tribunal no tuvo su razón de
ser en un asunto en que haya estado en controversia la
hermenéutica de la garantía en estudio consagrada por la
Constitución Nacional, pues en dicha causa -registrada en
Fallos: 255:306-

//-
-//- únicamente se encontraba en tela de juicio el sistema de
movilidad establecido por el art. 2° de la ley 14.499, que
claramente disponía que «el haber de movilidad de la jubilación
ordinaria será equivalente al 82% móvil de la remuneración
asignada al cargo, oficio o función de que fuere
titular el afiliado….», agregando que «…la actualización
de las prestaciones se efectuará anualmente mediante la aplicación
de los coeficientes en razón del índice de costo de
vida, obtenido por la Dirección Nacional de Estadística y
Censos». La sentencia del Tribunal es elocuente, pues -por un
lado- en ninguno de sus considerandos se menciona la supuesta
afectación de la garantía en debate, al extremo de que no se
hace referencia alguna a la Ley Superior, además de que
claramente se puntualiza que sólo se está interpretando la
ley 14.499 y que el principio que sienta tiene su razón de
ser en «la adecuación que la norma establece» (cons. 3°).
Idéntica conclusión se hace extensiva al precedente de
Fallos: 265:256, que utilizó la expresión de la relación
necesaria entre la jubilación y los haberes de actividad,
pues en dicho asunto el Tribunal jamás consideró ni mencionó
la cláusula constitucional en examen, limitándose a resolver
una cuestión de servicios simultáneos sobre la exclusiva base
de conciliar la citada ley 14.499 con su decreto reglamentario
11.732/60. Finalmente, iguales consideraciones son
aplicables a la sentencia de Fallos: 279:389 que, unificando
ambos enunciados, subrayó la naturaleza «sustitutiva» del haber,
en tanto en dicho litigio no se comprometía la Constitución
Nacional, sino un conflicto infraconstitucional también
suscitado por la aplicación de la ley 14.499 -cuyo régimen
-//-
C. 278. XXVIII
12 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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-//- de movilidad fue señalado- a los docentes que contaban
con un sistema previsional especial.
23) Que, en este orden de ideas, la reiteración
del «standard» que se examina resultó justificada con la
vigencia de la ley 18.037, pues del mensaje de elevación
del proyecto respectivo al Poder Ejecutivo, surge que el
sistema de movilidad estructurado tenía por finalidad, como
el régimen derogado, otorgar al trabajador una prestación
relacionada con las remuneraciones percibidas durante un
determinado período de su vida activa, garantizándole un
nivel acorde con el que disfrutaba en los últimos años de
su relación laboral, y con particular referencia a la
movilidad ulterior, se implementó un procedimiento «…con
el cual se asegura al sector pasivo un incremento de
haberes similar al obtenido por los trabajadores en
actividad».
24) Que los antecedentes relacionados evidencian
con sobrada nitidez que los criterios de la «razonable
adaptación», de la «necesaria relación de proporcionalidad»
y del carácter «sustitutivo» del haber jubilatorio, fueron
enunciados por el Tribunal sólo a partir de la inteligencia
de textos legales que reglamentaron la garantía
constitucional de movilidad de las prestaciones, sobre la
base de las circunstancias y condiciones que fueron
consideradas -en su época- por el legislador, dando lugar a
un sistema que juzgó como razonable y apropiado al
propósito buscado.
De ahí, pues, que no cabe elevar a dichos criterios
interpretativos sentados a partir de meros textos legales
a la categoría de principios cardinales o
axiomáticos,

//-
-//- amalgamados a la cláusula constitucional de movilidad y,
por ende, convirtiéndolos en una valla infranqueable para la
razonable discreción del Congreso de la Nación, en cada
oportunidad en que los representantes del pueblo intenten
cumplir con su atribución constitucional de reglamentar los
beneficios de la seguridad social, promover el bienestar nacional
y hacer todas las leyes convenientes para poner en
ejercicio los poderes que le han sido conferidos.
Aquellas consideraciones que, en un momento dado y
al amparo de un régimen legal de otro orden, fueron de utilidad
para resolver un conflicto interpretativo meramente infraconstitucional,
dieron lugar a un fundado principio hermenéutico
que, prontamente, fue sacado de cauce y situado como
única conclusión aceptada del texto constitucional.
A propósito de la seriedad y prudencia con las cuales
los jueces deben afrontar el examen de esta clase de
principios y sopesar las consecuencias que de ello se derivan,
cabe recordar ciertas expresiones del voto disidente del
Justice S. C. Jackson de la Corte Suprema de EE.UU., cuando
sostuvo «…Después, el principio permanece allí, como un
arma cargada a disposición de la mano de una autoridad
cualquiera que pueda presentar un reclamo plausible referido
a una necesidad urgente. Cada repetición incrusta más
profundamente ese principio en nuestro derecho y nuestro
pensamiento, y lo amplía para aplicarlo a nuevos fines. Todos
los que observan la labor de los tribunales están
familiarizados con lo que el juez Cardozo describió como ‘la
tendencia de un principio a expandirse hasta el límite de su
lógica…'» (323 U.S. 214, 246; 1944).
-//-
C. 278. XXVIII
13 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- 25) Que, por lo demás, el aludido «standard» reiterado
por el Tribunal ha sido en cierto modo errático, en
la medida en que no parece adecuarse enteramente con otros
principios o con ciertas conclusiones aceptadas en algunas
decisiones.
En efecto, la armonización que resulta de mayor
dificultad está dada con referencia a aquel principio –
establecido y reiterado en los precedentes invocados en el
cons. 9°- que sostiene que la Carta Magna no definió el
contenido de la movilidad dejando deferida dicha atribución
al Congreso de la Nación, pues resulta problemático
establecer cuales son las facultades reglamentarias con que
cuentan los representantes del pueblo, en la medida en que
por un lado se le reconocen plenamente y, por el otro, se
definen ciertos postulados de -pretendida fuente
constitucional- que no pueden ser alterados por el
Departamento del Gobierno Federal al que le fue asignada la
función institucional de legislar sobre la materia.
Asimismo, sin ahondar ni establecer pauta alguna
con respecto al modo en que debería llevarse a cabo la compatibilización
que se recomendaba adoptar a los tribunales
inferiores, esta Corte enfatizó que las sentencias que
decidieran cuestiones concernientes a la movilidad de los
haberes, debían tratar de que la actualización de los
haberes se realice de modo tal que le permita mantener el
nivel de vida alcanzado durante su actividad laboral, sin
perjuicio del análisis que, en orden a pautas concretas y
demostradas, se efectúe respecto al estado financiero de
los entes previsio

//-
-//-nales (Fallos: 305:2083 y 312:1706).
Por último, la extensión del principio quedó una
vez más comprometida en el precedente de Fallos: 312:1153,
pues a pesar de que el beneficiario sostenía -para demostrar
la reducción confiscatoria de su haber- que se lo cotejara
con el salario que percibía un agente activo de igual actividad,
el Tribunal desestimó la pretensión sin atender a la
aplicación en el caso de los principios «axiomáticos» enunciados,
con el argumento de que el sistema de movilidad establecido
por la ley 18.037 no contempla la evolución de los
sueldos de los activos.
26) Que la ley 23.928 constituye una decisión clara
y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones
que le encomienda el art. 75, inc. 11, de la Constitución
Nacional, de «Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las
extranjeras» -concordemente con la atribución de disponer la
emisión de billetes a través del Banco Nacional (art. 75,
inc. 6° o de autorizar a hacerlo a instituciones
provinciales, art. 126)-, a cuyo efecto el art. 7° prescribe
que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria,
indexación por precios, variaciones de costos o repotenciación,
cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor,
con posterioridad al 1° de abril de 1991.
Reafirmando dicha norma prohibitiva, el art. 10
reitera el concepto enunciado y deroga a partir de la fecha
indicada todas las normas legales o reglamentarias que establecen
la indexación por precios, actualización monetaria,
variaciones de costos o cualquier otra forma de repotencia
ción de deudas, impuestos, precios o tarifas de bienes, o –
//-
C. 278. XXVIII
14 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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-//-bras o servicios, sin admitir la invocación de cláusula
legal o reglamentaria alguna como causa de reajuste. En el
mismo sentido, el art. 8° deja sin efecto los
procedimientos de ajuste que se hayan establecido en las
sentencias judiciales y, por último, el art. 13 incurre en
una nueva reiteración al derogar toda disposición que se
oponga a lo ordenado por las reglas precedentes.
27) Que con referencia al texto vigente a partir
del 1° de abril de 1991, esta Corte ha sentado dos
conclusiones que son de una relevancia decisiva para fundar
este pronunciamiento.
Por un lado, se ha afirmado que la voluntad del
legislador al sancionar la ley 23.928 fue dar un paso audaz
para superar la crisis prolongada que abatía al país e
implementar un mecanismo de desindexación de la economía
que eliminara un fenómeno considerado perverso, como lo era
trasladar al mes siguiente, de manera automática, la suba
de precios del mes anterior (confr. causa S.779.XXVIII,
«Steinman, Santiago c/ Sarrible, Pedro José», fallada el 20
de agosto de 1996, cons. 6°; voto concurrente de los jueces
Nazareno, Fayt y Vázquez, cons. 9° a 12°).
Por el otro, que la mencionada ley ha sido
sancionada dentro de una situación declarada como de
emergencia, en la cual los derechos patrimoniales pueden
ser suspendidos o limitados de manera razonable, en aras
del bien general de la comunidad, en tanto no se altere su
substancia (cons. 7°
del voto de la mayoría, causa citada).
28) Que en lo que concierne al repudio de la inde

//-
-//-xación como instrumento generalizado dentro de la economía
y el consecuente propósito de eliminar todo mecanismo de
actualización o reajuste, esta Corte había podido constatar
en variados ámbitos de su accionar, que los resultados más
disparatados pueden resultar de la aplicación mecánica de
índices de las distintas variables económicas, por lo que
observó que si bien éstos podían ser un medio apto para obtener
un resultado que se acerque, en la mayor medida posible,
a una realidad económica dada, cuando tal procedimiento
determinaba resultados injustos o absurdos frente a esa realidad,
ella debía privar sobre abstractas y genéricas fórmulas
matemáticas, establecidas por leyes o por sentencias (Fallos:
313:95, 478 y 896).
En un sentido de parejo alcance, este Tribunal ha
verificado recientemente que la continuidad del procedimiento
de reajuste con posterioridad al 1° de abril de 1991 en el
ámbito de las prestaciones previsionales, ha llevado -de
similar modo al destacado precedentemente- a un resultado que
se apartaba notoriamente de la realidad que se debía ponderar,
pues el monto obtenido del haber -con el porcentaje
con el cual se había jubilado el titular- excedía, en determinados
períodos, al total de la remuneración que habría percibido
el beneficiario de haber continuado en actividad, situación
que llevó a dejar de lado la aplicación de aquel método
y a precisar que las diferencias a abonarse en favor del
interesado no podían exceder, en ningún caso, los porcentajes
establecidos por las leyes de fondo (causas V.30.XXII
«Villanustre, Raul Félix; M.373.XXVI «Melo, Damián Nicolás»
-//-
C. 278. XXVIII
15 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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-//-y L.3 y L.85.XXI «LLanos, Carmen», falladas el 17 de
diciembre de 1991, 25 de febrero de 1992 y 3 de marzo de
1992, respectivamente).
29) Que el método establecido por la ley 18.037
para llevar a cabo la movilidad de los haberes
indisimulablemente configura una de las distintas
alternativas -de fuente legal- para llevar a cabo la
actualización de créditos con fundamento en la depreciación
de la moneda, que al igual que todas las restantes ha
quedado comprendida dentro de las disposiciones que, con
énfasis y reiteración, han sido derogadas por los arts. 7,
10 y 13 de la ley 23.928.
En efecto, si bien es cierto que en la redacción
originaria de aquel texto se reguló la movilidad utilizando
la expresión «coeficiente», que se determinaría en función
de las variaciones del nivel general de remuneraciones
(art. 52, según texto ordenado 807/74 S.S.), la reforma
introducida por ley 21.118 a la disposición mencionada
esclarece la cuestión, pues concretamente refiere que la
movilidad se efectuará «en la misma proporción» de la
modificación de las remuneraciones de los activos,
finalmente, las modificaciones introducidas por la ley
21.451 disipan cualquier tipo de divergencia con respecto a
la naturaleza del procedimiento contemplado, al establecer
que la Secretaría de Seguridad Social dispondrá el
«reajuste» de los haberes de las prestaciones en un
«porcentaje equivalente a esa variación», delegando en la
mencionada dependencia la facultad de establecer «el índice
de corrección» a aplicar para la determinación del haber de
las prestaciones.
El reconocimiento de que se trata de un mecanismo

//-
-//- de reajuste que opera a través de un porcentaje determinado
en su extensión por un índice, tipifica el supuesto contemplado
por la ley 23.928, que a fin de obtener el declarado
propósito desindexatorio, prohíbe la aplicación de toda
cláusula legal que se pretenda invocar como causa de ajuste
de la suma dineraria que se deba pagar (art. 10). En este
sentido y con particular referencia a un crédito de naturaleza
alimentaria como el que motiva esta clase de asuntos y
cuya actualización había sido convenida por los interesados,
esta Corte decidió que del art. 7° de la ley surge con claridad
que fue voluntad del legislador derogar todos los mecanismos
existentes de actualización por índices, así como que
el régimen no admite excepciones de ninguna índole como lo
expresa el texto legal indicado, cuando prescribe que «En
ningún caso se admitirá la actualización monetaria…cualquiera
que fuere su causa con posterioridad al 1° de abril de
1991» (causa. D.354.XXIV «De la Cruz de Sessa, Adela M. c/
Sessa, Alejandro Julio», sentencia del 30 de noviembre de
1993).
30) Que, además, la interpretación que se efectúa
es corroborada por el art. 4°, 2° párrafo, del decreto 529/
91, que al reglamentar el art. 9° de la ley 23.928, dispone
que el mecanismo desindexatorio contemplado no alcanzará a
las obligaciones dinerarias derivadas de las relaciones
laborales, alimentarias o previsionales.
Esta disposición, que exime a ciertos créditos de
un supuesto específico regulado por la ley de convertibilidad,
demuestra con evidencia manifiesta que todo el resto del
ordenamiento les es inmediatamente aplicable, pues una
-//-
C. 278. XXVIII
16 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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-//- conclusión diversa llevaría a una inaceptable inconsecuencia
del legislador, en la medida en que habría
consagrado una excepción determinada para la vigencia de un
régimen normativo que, con franca incoherencia, en ninguna
de sus disposiciones alcanzaría al supuesto que se
pretendió excluir.
Al respecto, cabe recordar la antigua doctrina de
esta Corte, expresada con relación a variadas materias, de
que las facultades de reglamentación que confiere el art.
99, inc. 2°, de la Constitución Nacional, habilitan -en los
casos en que los lineamientos de la «política legislativa»
aparecen suficientemente determinados por la ley- para
establecer condiciones o requisitos, limitaciones o
distinciones cuando, aunque no hayan sido contempladas por
el legislador de manera expresa, se ajusten al espíritu de
la norma reglamentada o sirvan razonablemente a la
finalidad esencial que ella persigue (Fallos: 148:430;
200:194; 220:136; 232:287; 246:346; 270:42; 280:25;
298:609). Y tales decretos son parte integrante de la ley
reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que la
propia ley (causa K.57.XXIII, «Krill Producciones Gráficas
S.R.L.», fallada el 8 de junio de 1993 y precedentes
citados).
31) Que para concluir con el aspecto examinado,
no obsta a la conclusión alcanzada el reconocimiento
efectuado por el art. 160 de la ley 24.241, al prescribir
que la movilidad de los haberes de las prestaciones
otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores
que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del
Sistema Integrado de Jubi

//-
-//-laciones y Pensiones, continuará practicándose de conformidad
con las disposiciones vigentes a la fecha de entrar en
vigor la presente ley.
32) Que ello es así, pues configura un principio de
hermenéutica sentado por este Tribunal en reiterados pronunciamientos
que la inteligencia de las leyes debe practicarse
teniendo en cuenta el contexto general y los fines que
las informan y a ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse
a un examen atento y profundo de sus términos, que
consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador,
extremos que no deben ser obviados por las posibles
imperfecciones técnicas de la instrumentación legal,
precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de
la norma (Fallos: 308:2246; 310:572 y 1390; 311:2751; 312;
1484). En este sentido, debe recordarse que la inconsecuencia
o falta de previsión jamás se supone en el legislador y por
ello se reconoce como principio inconcuso que la interpretación
de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un
sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las
unas por las otras y adoptando como verdadero el que las
concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 310:195;
312:1614).
Sobre la base de los principios señalados, es objetable
concluir que el texto en juego hubiera reconocido la
vigencia del mecanismo de movilidad dispuesto por la ley
18.037 con posterioridad al 1° de abril de 1991, pues la referencia
efectuada a la operatividad de las leyes que tengan
una fórmula de movilidad distinta a la del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones admite como única comprensión
-//-
C. 278. XXVIII
17 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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-//- posible el reenvío a los diversos estatutos que
contemplaran un método distinto al del régimen general de
jubilaciones sancionado por las leyes 18.037 y 18.038. De
no ser así, se arribaría a la irracional conclusión de que
todas las leyes anteriores continuarían en vigencia aun con
posterioridad a la vigencia de la ley 24.241, en la medida
en que el régimen de movilidad previsto en su art. 32 en
función de la evolución del AMPO es absolutamente novedoso
y no estaba previsto en leyes anteriores, vaciando de este
modo de todo contenido al primer párrafo del art. 160, en
cuanto prescribe que la movilidad de las prestaciones se
debe efectuar -a partir de la entrada en vigencia- en la
forma indicada en el aludido art. 32.
Por ello, la movilidad reconocida por el texto en
cuestión debe ser interpretada como únicamente dirigida a
las prestaciones que no estaban comprendidas en el régimen
general de jubilaciones y pensiones y, por ende, sujetas a
estatutos especiales que implementaban un sistema especial
y distinto para la movilidad de los haberes.
Esta conclusión, por otro lado, es reafirmada por
el decreto 2433/93 dictado para reglamentar la ley 24.241,
al prescribir con respecto al art. 160 que se mantienen en
vigencia las movilidades establecidas por las leyes 21.121,
21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 23.682, 23.895,
24.016, 24.018 y 24.019 y «…cualquier otra ley anterior
que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de
la ley 18.037». La consulta de los textos cuya vigencia se
mantiene, permite verificar que todos ellos son regímenes
espe

//-
-//-ciales que coinciden en adoptar un sistema de movilidad
diferente del establecido por la ley 18.037, pues aquélla no
consiste en un reajuste efectuado en función de la variación
del índice general de remuneraciones, sino -por el contrarioatendiendo
a la retribución del personal en actividad
correspondiente a la categoría con la cual se obtuvo el beneficio.
Cabe reiterar, al respecto, el principio de hermenéutica
constitucional desarrollado en el considerando 30,
según el cual los decretos que, como en el caso del examinado,
se ajustan al espíritu de la norma reglamentada y sirven
razonablemente a la finalidad que ella persigue, forman parte
de la ley y tienen su misma validez y eficacia.
33) Que el fenómeno inflacionario que durante muchos
años condicionó la economía nacional, constituyó la
principal referencia que tuvieron en cuenta los constituyentes
de 1957 para introducir la movilidad de las prestaciones
previsionales como una garantía constitucional, aunque -como
se señaló supra- evitaron consignar esa circunstancia en el
texto aprobado en la reforma, dejando de tal modo la posibilidad
de que, ante un cambio de las condiciones económicas,
el Congreso de la Nación fijara el concepto legal, en función
de otras pautas que permitiesen mantener incólume dicha
garantía. En la nota del Poder Ejecutivo que acompañó al proyecto
de la ley 21.451, se señaló que debía abandonarse el
sistema de movilidad anual previsto en la ley 18.037 «que por
su rigidez obligó, frente a las repetidas y crecientes
variaciones de las remuneraciones de los activos, a acordar a
los jubilados y pensionados anticipos a cuenta, que en
-//-
C. 278. XXVIII
18 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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-//- definitiva nunca alcanzaban a cubrir el deterioro
producido por la inflación» (párrafo 14°, in fine). El
criterio adoptado por dicha norma -consistente en referir
la movilidad a un índice que mide el promedio de incremento
de la generalidad de los salarios- refleja el mantenimiento
de la misma situación económica vigente en el momento de la
sanción del art. 14 bis de la Constitución Nacional y de la
ley 18.037.
34) Que con la sanción de la ley 23.928 en el año
1991 y la consiguiente exclusión de la actualización
monetaria como pauta para expresar el valor de todo tipo de
deudas, perdió virtualidad el sistema establecido por las
leyes 18.037 y 21.451 para medir la movilidad de las
prestaciones previsionales en relación al aumento que
experimentaran los salarios por causa de la inflación. En
efecto, más allá de la expresión numérica que arrojase el
índice contemplado en la ley 21.451, las retribuciones
dejaron de modificarse sistemáticamente como consecuencia
de la variación del valor de la moneda, lo cual deja sin
sustento el régimen legal que -bajo otra situación
económica- definió la movilidad previsional en orden a
tales pautas.
35) Que en esas circunstancias, y dado que la ley
23.928 tuvo como efecto impedir el cómputo de la depreciación
monetaria como factor de medición, desapareció el
presupuesto del sistema de movilidad previsional
instrumentado para resguardar el contenido de las
prestaciones de la erosión constante del signo monetario.
Ausente el objetivo que justificó su institución, continuar
aplicando dicho sistema,

//-
-//- a la vez que importaría una violación legal, habría de
conducir a resultados absurdos, desvinculados de la nueva
realidad económica en la que se insertan.
En efecto, los mecanismos -pretorianos o legalesmediante
los cuales se integraba el valor nominal de la moneda,
para que ésta pudiera servir a los fines de su institución,
perdieron su razón de ser al recobrar el signo monetario
su función plena como denominador común del valor de las
prestaciones. La desaparición de los métodos automáticos de
reajuste, no hicieron sino expresar esta nueva realidad.
36) Que, en ese sentido, la sentencia recurrida
prescinde de esta nueva circunstancia pues adopta modalidades
propias de las épocas inflacionarias, lo cual produce
resultados que distorsionan la realidad que pretenden reflejar.
No otra cosa puede concluirse al constatar que la aplicación
del nivel general de las remuneraciones (art. 53, ley
18.037) arroja, para un período de treinta y cuatro meses, un
reajuste del 58,19%, mientras que las pautas establecidas por
el a quo conducen a una variación del 30,9%. La magnitud de
tales aumentos en modo alguno se compadece con la estabilización
de las variables económicas, por lo que semejantes
resultados sólo pueden atribuirse a las conocidas distorsiones
que provoca la aplicación mecánica de soluciones concebidas
para otro contexto.
37) Que la conclusión alcanzada en cuanto a la
derogación por parte de la ley 23.928 del sistema de movilidad
que regulaba la ley 18.037, exige pasar a considerar si
la circunstancia de haberse prescindido de un sistema estructurado
en base a la variación de un índice destinado a medir
-//-
C. 278. XXVIII
19 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- la depreciación de la moneda en cierto sector de la
economía, ocasiona de por sí la afectación de la garantía
constitucional reconocida por el art. 14 bis de la
Constitución Nacional.
En esta tarea, cabe enfatizar por la
trascendencia que reviste para abordar el examen, que -como
se destacó en el considerando 27- la ley 23.928 fue
sancionada dentro de una situación declarada de emergencia
económica.
38) Que con particular referencia a la afectación
de la integridad de los haberes y a la naturaleza del
sistema previsional, esta Corte desarrolló en la sentencia
dictada el 27 de diciembre de 1937 en la causa «Tiburcio
López y otros c/ Provincia de Tucumán» (Fallos: 179:394),
dos conceptos que son esenciales para dilucidar la
cuestión. En efecto, el Tribunal afirmó que cuando las
finanzas de la institución llegan a fallar por el
transcurso de los años hasta hacerse imposible el
cumplimiento regular de las obligaciones contraídas, ya
porque los cálculos actuariales que le sirvieron de base
resultaron errados, ya porque intervinieron otros factores
de perturbación no previstos, una reforma general y
reconstructiva impuesta por la necesidad de volver a poner
las cosas en su quicio, equilibrando los egresos con los
ingresos, que eche mano del recurso extremo de reducir los
beneficios, actuales y futuros, dentro de una proporcionalidad
justa y razonable, haciendo así efectivo el principio
de solidaridad en que descansan estas instituciones, no
puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional. Lo
justifica el interés público y la impone la conservación

//-
-//- misma del patrimonio común de los afiliados (confr. tratados
citados en el considerando 11).
39) Que por el lado que atañe a la afectación de
los derechos adquiridos, a partir del precedente mencionado
esta Corte ha sabido reconocer que si bien ninguna ley podría
hacer caducar beneficios jubilatorios concedidos, el alcance
de dicha protección no alcanza en igual grado a la cuantía de
los haberes, pues éstos pueden limitarse en lo sucesivo de
acuerdo con exigencias superiores de una política salvadora
de su propia subsistencia, de su desenvolvimiento regular o
por razones de interés colectivo que hacen al bienestar
general, siempre que no resulten sustancial y arbitrariamente
alterados (Fallos: 278:232 y sus citas).
40) Que en lo que concierne a la naturaleza del
sistema previsional, es determinante subrayar -para juzgar
fundadamente la cuestión- que los derechos reconocidos en el
ámbito de la seguridad social no deben ser asimilados a los
créditos nacidos al amparo de una relación obligatoria de
fuente contractual regulada por el derecho privado, pues la
índole y finalidad marcadamente opuesta de ambas clases de
relaciones impiden cualquier tipo de confusión.
41) Que, en efecto, en la órbita de las relaciones
entre particulares la fuente de las obligaciones yace en la
esfera de libertad que legitima la autonomía de la voluntad y
aquéllas buscan satisfacer los intereses individuales de
contenido patrimonial de los contratantes, lo cual ha llevado
a que la afectación de los derechos comprometidos en esta
clase de vínculos se reconozca como una violación de la garantía
de la propiedad privada consagrada por el art. 17 de
-//-
C. 278. XXVIII
20 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- la Constitución Nacional (Fallos: 137:47), de lo cual
es demostración elocuente el fundamento adoptado por el
Tribunal en conocidas decisiones para declarar procedente
la actualización monetaria de los créditos en los casos en
que la pérdida del valor de la moneda afectaba la
integridad de las prestaciones.
En cambio, como ha sostenido esta Corte, las
relaciones jurídicas provenientes de leyes jubilatorias no
son contractuales ni privadas, sino de derecho público y de
manifiesto carácter asistencial (Fallos: 242:141), de lo
cual se deriva, entre otras consecuencias y como lo
enfatizó el precedente invocado, que no es forzoso que
exista una estricta proporcionalidad entre los aportes
recibidos y las prestaciones acordadas por las cajas.
Además, a diferencia de las relaciones contractuales de
derecho privado, imprescindiblemente se verifica la
intervención del legislador para reglamentar los derechos
en juego.
Es así como -por razones de mérito y
conveniencia- ha sufrido múltiples alteraciones lo relativo
a los años de servicios requeridos, a la edad del
beneficiario, al porcentual del aporte, a la relación del
beneficio con el monto de los sueldos percibidos, a la
posibilidad de acumular para el cómputo diversas
remuneraciones, al máximo de la jubilación, a la fecha
desde la cual habrán de regir los nuevos beneficios
acordados o los nuevos cómputos autorizados, a los nuevos
beneficiarios, etc. Es vasta la latitud de las atribuciones
del legislador en la materia, porque en rigor, la jubilación
no está en relación económica estricta con los aportes

//-
-//-efectuados, ya que el principio dominante es la solidaridad;
la muestra de ello es que se financia en parte con los
aportes individuales de los futuros beneficiarios, pero
también con el de quienes no han obtenido prestación alguna –
como son los efectuados por quienes mueren o dejan el
servicio antes de tener derecho a la jubilación- y con las
rentas generales, es decir, con una contribución de la
colectividad cuyas generaciones van tomando sobre sí sucesivamente,
por elementales razones de solidaridad social, la
carga económica que impone el deber de justicia distributiva
a que obedecen los derechos en cuestión. En consecuencia, lo
que la ley regula al reglamentar esta clase de relaciones, no
es sólo el derecho de los beneficiarios individualmente
considerados sino la contribución colectiva que los sostiene
(Fallos: 219:343); las razones que fundan las nuevas reglamentaciones
se hallarán en el deber de moderar la carga
colectiva que el nuevo beneficio o la nueva modalidad de él
traerán consigo (confr. fallo citado).
42) Que, con tal comprensión, la decisión del Congreso
de la Nación -adoptada en el marco de una situación de
emergencia- de eliminar el mecanismo de movilidad sustentado
en una cláusula de ajuste que discrecionalmente había establecido
con anterioridad, y de sustituirlo -mediante las leyes
24.241 y 24.463- por un sistema de distinta naturaleza no
irroga -por sí misma considerada- agravio constitucional
alguno (Fallos: 278:231), pues además de que no existe un
derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones
(Fallos: 308:199; causa C.378.XXV «Córdoba, Oscar c/
Estado Nacional (Estado Mayor del Ejército) s/ haber mili –
//-
C. 278. XXVIII
21 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-tar», sentencia del 4 de noviembre de 1993), es
jurisprudencia de esta Corte que la impugnación de
inconstitucionalidad no es pertinente cuando el fin con que
se la persigue no es la inaplicabilidad del texto objetado
-ley de solidaridad previsional- sino el restablecimiento
de un régimen normativo derogado, lo cual es de incumbencia
del legislador (Fallos: 237:24; 255:262; 295:694, causa
D.444.XXV «Dentone, Ricardo Hernán c/ Estado Nacional»,
fallada el 13 de junio de 1995).
Por lo demás, la postura sostenida por el beneficiario
-en cuanto a que la violación estaría configurada in
re ipsa por el sólo cotejo con la variación que tuvo el
módulo invocado con posterioridad al 1° de abril de 1991-
encierra un razonamiento circular que debe ser desestimado
de plano, ya que da por sentada la afectación de la
cláusula constitucional cuando ese es, precisamente, el
punto que debía demostrarse; por ello, no cabe introducir
como argumento favorable a una de las respuestas
alternativas posibles, una afirmación que supone como
premisa esa misma respuesta y que sólo es deducible de
ella.
43) Que descartada -en los términos examinados y
sin perjuicio de lo que después se decidirá- la inconstitucionalidad
del art. 7° de la ley 24.463, cabe puntualizar
que el alcance de dicha disposición no colisiona en modo
alguno con lo establecido en el art. 10 del mencionado
texto normativo.
En efecto, el art. establece que la ley es
federal y de orden público (inc. 1°) y que «no se aplicará
retroacti

//-
-//-vamente respecto de haberes correspondientes a períodos
anteriores a su entrada en vigencia» (inc. 2°). En el art. 7°
se prevé que la movilidad de «las prestaciones correspondientes
a períodos comprendidos entre el 1° de abril de 1991
y la fecha de promulgación de la presente ley se ajustarán
según las disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y por organismos
de su dependencia (ap 1°, inc. b). A su vez, al tiempo
de reglamentarse el citado art. 7°, el decreto 525/95 sólo
excluyó de la aplicación de la pauta de ajuste ordenada en
dicha norma a los haberes no percibidos que hubieran sido
puestos a disposición antes de la sanción de la ley.
Sentado el marco legal en juego, corresponde destacar
que las disposiciones aquí implicadas deben ser interpretadas
con arreglo al numerosas veces reiterado principio, según
el cual la inconsecuencia o la falta de previsión jamás
se supone en el legislador y, por esto, se reconoce como regla
inconcusa que la interpretación de las leyes debe hacerse
siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus
disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando
como verdadero el sentido que las concilie y deje a todas
con valor y efecto (confr. precedentes citados en el cons.
32).
44) Que en este orden de ideas, cabe poner de relieve
que la ley 24.463 introdujo diversas reformas a la ley
24.241, pues modificó sus arts. 16, 17, 18, 32 y 34, referentes
a la naturaleza del régimen y garantía del Estado, prestaciones,
financiamiento del sistema, movilidad y la situación
de los beneficiarios que se reintegran a la actividad;
-//-
C. 278. XXVIII
22 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- asimismo, innovó en lo atinente a los haberes.
Respecto de los mínimos, el art. 8° prevé su mejora de
acuerdo con lo que dispongan las futuras leyes de
presupuesto y, por último, con relación a los máximos, el
art. 9°, inc. 2°, fija un tope -sujeto a una escala de
deducciones- para los haberes previsionales mensuales
correspondientes a prestaciones otorgadas en virtud de
leyes anteriores a la ley 24.241.
En las condiciones señaladas y más allá de reiterar
que el sistema de movilidad de la ley 18.037 había sido
derogado por la ley 23.928, cabe concluir que no difieren
sustancialmente el art. 7°, apartado 1°, y el art. 10°, de
la ley 24.463. Ello es así, pues el primero contempla el
supuesto específico de la movilidad de las prestaciones y,
en consecuencia, adquiere el carácter de norma especial
frente al segundo, al que corresponde asignarle naturaleza
general, en razón del cúmulo de reformas que la ley
introdujo al sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
entre las cuales adquiere particular relevancia la
concerniente al haber máximo de las prestaciones otorgadas
con anterioridad a la vigencia de aquel régimen. En otras
palabras, el citado art. 7°, ap. 1°, inc. b, se adecua al
principio de irretroactividad de la ley, en la medida en
que lo dispuesto con referencia a la movilidad con
posterioridad al 1° de abril de 1991 guarda fundada armonía
con la derogación ordenada por la ley 23.928 de todas las
leyes que, como la 18.037, contemplaban fórmulas de ajuste
en base a índices que reflejaban la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda.
45) Que, por el contrario, con respecto al -//-
-//- período anterior al 1° de abril de 1991, si bien la ley
24.463 dispone que las prestaciones anteriores a esa fecha se
ajustarán «según el índice definido en el anexo I de esta ley
(art. 7°, apartado 1°, inc. a), lo cierto es que lo resuelto
por el tribunal a quo sobre el particular no fue oportunamente
impugnado por el organismo previsional en el recurso
extraordinario y, de ese modo, no puede ser revisado por
esta Corte sin desmedro de las garantías constitucionales del
debido proceso y de la propiedad.
En efecto, el respeto de la cosa juzgada es uno de
los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro
régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de
alteración ni aun por invocación de leyes de orden público –
tal el caso de la norma sub examen-, toda vez que la estabilidad
de las sentencias, en la medida en que constituye un
presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también
exigencia del orden público con jerarquía superior (Fallos:
307:1289; 308:139; 311:651 y 2058; 312:122; causas: R.279.
XXV «Roccatagliata, Oscar Juan Lorenzo c/ Instituto Municipal
de Previsión Social», del 1° de marzo de 1994 y S.87. XXV
«Saavedra, Juan Bautista c/ Caja Nacional de Previsión de la
Industria, Comercio y Actividades Civiles», sentencia del 22
de septiembre de 1994). En dicho precedente, la actualización
monetaria de las deudas fue admitida por la fuerza de los
hechos que imponían la preservación de ciertos derechos
amenazados por el proceso inflacionario, como la retribución
justa, la indemnización en las expropiaciones, la propiedad y
-con igual alcance- cabe agregar a la movilidad de los
haberes previsionales.
-//-
C. 278. XXVIII
23 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- Desde esta perspectiva, el carácter intangible de
los pronunciamientos judiciales firmes no es ajeno a la
inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de
los derechos (art. 18 de la Constitución Nacional), pues la
sentencia dictada de modo regular integra el debido proceso
que dicha cláusula asegura a todos los habitantes del país
(Fallos: 315:1930). Asimismo, los derechos reconocidos por
una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada quedan
incorporados al patrimonio de los interesados y protegidos
por el art. 17 de la Ley Superior, de modo que no pueden
ser privados de ellos sin que se viole el mencionado
precepto constitucional (Fallos: 307:1709).
En consecuencia, la alteración de los derechos
adquiridos que las leyes puedan llegar a disponer para
asegurar el bien común, no puede alcanzar a la
inmutabilidad de la cosa juzgada (Fallos: 307:1289),
autoridad que, en el caso, inviste lo resuelto por la
alzada en cuanto a la movilidad del haber jubilatorio
dispuesta hasta la vigencia del régimen de convertibilidad.
46) Que en lo que concierne al concreto y
específico alcance de la movilidad reconocida por el art.
7°, inc. 1°, ap. b, de la ley 24.463, por el lapso que medió
desde el 1° de abril de 1991 hasta la entrada en vigencia
de la ley 24.241, cabe destacar que las resoluciones a las
cuales reenvía la norma aplicable sólo dispusieron ajustes
por períodos anteriores a aquella fecha (confr.
resoluciones S.U.S.S. 4/91; S.S.S. 28/92 y S.S.S. 37/92) y
nada se ha previsto para las posteriores.
47) Que, como lo ha expresado esta Corte en la
cau

//-
-//-sa V.262.XXIV «Vega, Humberto Atilio c/ Consorcio de Propietarios
del Edificio Loma Verde y otro s/ accidente-ley
9688», sentencia del 16 de diciembre de 1993, corresponde
declarar la inconstitucionalidad de normas que -aunque no
ostensiblemente incorrectas en su inicio- devienen indefendibles
desde el punto de vista constitucional, pues el principio
de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente
que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas
constitucionales durante su vigencia en el tiempo, de suerte
que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo
establecido en la Carta Magna.
Sobre dicha base se observa que el art. 7° en cuestión
reconoce explícitamente la vigencia de la movilidad por
el lapso ulterior al 1° de abril de 1991, mas del examen de
las disposiciones encargadas de ejecutar dicho mandato indisimulablemente
se concluye que dicho propósito ha sido frustrado
en la medida en que las prestaciones quedaron sujetas a
una cristalización desde dicha fecha hasta el mes de abril de
1994, en que fue de aplicación la resolución S.S.S. 26/94
dictada sobre la base del sistema de movilidad por la variación
del AMPO establecido por la ley 24.241.
Con tal comprensión y sobre la base de la doctrina
sentada en el precedente invocado, de una adecuada integración
de la norma establecida en el art. 7°, apartado 1°, inc.
b), de la ley 24.463, con las resoluciones encargadas de
llevar a cabo la movilidad reconocida en el texto legal, se
verifica una nítida frustración del propósito enunciado que
afecta en forma directa e inmediata la efectiva operatividad
de la cláusula constitucional que jamás se desconoció
y que se intentó reglamentar, por el lapso transcurrido
-//-
C. 278. XXVIII
24 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
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Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- desde el 1° de abril de 1991 hasta la aplicación del
sistema contemplado por los arts. 32 y 160, párrafo 1°, de
la ley 24.241.
48) Que, en las condiciones expresadas,
corresponde declarar la invalidez constitucional de la
norma examinada y a los efectos de preservar
satisfactoriamente la garantía de orden superior vulnerada,
ordenar que por el período transcurrido desde el 1° de
abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1994, deberá ser
aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28%, por ser
esta variación de igual extensión cuantitativa que la
experimentada por el Aporte Medio Previsional Obligatorio
(AMPO), estimado por las resoluciones de la Secretaría de
Seguridad Social Nros. 9/94, 26/94 y 171/94, hasta que
comenzó a regir el nuevo régimen instituido por el art. 7°,
inciso 2°, de la ley 24.463.
Con lo cual, al concluir el aludido período la
movilidad acumulada asciende a un 10,17%, que sumado a la
variación que experimentó el AMPO durante la vigencia de la
ley 24.241 arroja un total para el lapso 1/4/91 al 31/3/95
del 13,78%.
La solución que se adopta queda limitada, en lo
que concretamente concierne a cada supuesto, a que los haberes
previsionales que se ordenan adecuar a la pauta enunciada,
nunca podrán exceder los porcentajes establecidos
por las leyes de fondo, límite que para el caso impide todo
reconocimiento de un monto mensual del beneficio que supere
las proporciones fijadas por el art. 49 de la ley 18.037
sobre los haberes de actividad.
49) Que en lo relativo al sistema de movilidad de
los haberes previsionales con posterioridad a la vigencia
de

//-
-//- la ley 24.463, este pronunciamiento ha sido suficientemente
explícito con relación a las facultades con que cuenta
el Congreso de la Nación para establecer la reglamentación
respectiva, por lo que el planteo debe ser desestimado.
Sólo cabe destacar que las consideraciones efectuadas
en torno a las altas responsabilidades atribuidas al Poder
Legislativo para sopesar la incidencia que los diversos
factores proyectarán sobre la materia, han sido objeto de
puntual advertencia en normas incorporadas a la Constitución
Nacional en la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22), citadas en
el considerando 11.
50) Que, por último, con relación a la inconstitucionalidad
de los topes previstos en el art. 55 de la ley
18.037, cabe señalar que la fijación de haberes máximos en
materia de jubilaciones y pensiones ha sido convalidada por
esta Corte desde su establecimiento por vía legal y reglamentaria,
pues se ponderó que la previsibilidad de las erogaciones
máximas constituye «valor inherente a la eficiencia del
sistema previsional instaurado», circunstancia que «torna
razonable entender incluida la movilidad dentro de los máximos
que, con criterio a él reservado, establezca el Poder
Legislativo para los haberes jubilatorios». Ello, enfatizó el
Tribunal, «permite alcanzar una distribución justa y general
de los beneficios previsionales con resultados eficaces»
(Fallos: 292:312). Posteriormente, y llamada a pronunciarse
en numerosos planteos de confiscatoriedad deducidos por los
beneficiarios señaló que «para llegar a establecer la
solución que corresponda al caso concreto» era preciso
«determinar si en las circunstancias de la respectiva causa
aparece o no quebrada la regla de la razonable proporcionalidad»
(Fallos: 307:1985).
-//-
C. 278. XXVIII
25 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- Dichos criterios resultan de aplicación en la actualidad,
máxime si se tiene en cuenta que del sistema vigente
-art. 9° de la ley 24.463- surgen pautas específicas
que confirman el sistema de topes que -salvo prueba en contrario
no producida en la causa- no pueden reputarse
lesivas de principios generales reconocidos por la
jurisprudencia del Tribunal sobre la materia, máxime si se
tiene en consideración que el sistema se basa en la
solidaridad de sus integrantes en los términos
reiteradamente señalados, habida cuenta de las actuales
circunstancias de la economía y en vista de la crisis
financiera del sistema.
Por ello y oído el señor Procurador General, se
declara abstracta la cuestión planteada en el recurso
extraordinario con respecto a los intereses, se lo declara
procedente en las demás cuestiones planteadas y se revoca
la sentencia apelada en cuanto ha sido objeto de recurso.
Asimismo, se declara la inconstitucionalidad del art. 7°,
apartado 1°, inc. b), de la ley 24.463, en cuanto a la
movilidad que corresponde desde el 1° de abril de 1991
hasta que entró en vigencia el régimen instaurado por la
ley 24.241, ordenándose que aquélla resulta procedente por
el período en cuestión según el alcance fijado. Notifíquese
y devuélvase. JULIO S. NAZARENO – EDUARDO MOLINE O’CONNOR –
CARLOS S. FAYT (en disidencia) – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO
(en disidencia) – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en
disidencia) – ANTONIO BOGGIANO (su voto) – GUILLERMO A. F.
LOPEZ – GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia) – ADOLFO ROBERTO
VAZQUEZ (según su voto).
ES COPIA
VO-//-
C. 278. XXVIII
26 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO
Considerando:
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
de la Seguridad Social hizo lugar al reajuste de
haberes solicitado, a cuyo efecto dispuso una redeterminación
del correspondiente al comienzo del beneficio jubilatorio
y fijó las nuevas pautas de movilidad según la variación
de los índices del salario básico de convenio de la
industria de la construcción, siempre que el haber
resultante de aplicar los arts. 53 y 55 de la ley 18.037
determinara un perjuicio al jubilado superior al 10% con
respecto al método establecido en la sentencia, caso en el
que deberían liquidarse las diferencias respectivas
mientras se mantuviera vigente ese sistema legal, cuyas
normas estimó que no habían sido afectadas por la sanción
de la ley 23.928. Asimismo, estableció la tasa de interés
que debía regir desde el 1° de abril de 1991.
2°) Que contra ese pronunciamiento la ANSeS
interpuso recurso extraordinario -que fue concedido- en el
que cuestiona lo resuelto por el tribunal porque, según
sostiene, a partir de la ley de convertibilidad resulta
irrazonable mantener criterios que corresponden a épocas
caracterizadas por el envilecimiento monetario, más allá de
que el fallo es contradictorio en cuanto aplica la ley
23.928 como límite para efectuar el reajuste de las sumas
debidas en concepto de retroactividades mal liquidadas y se
niega a decidir según las mismas pautas para determinar los
haberes futu
-//-
-//-ros, a pesar de que desde su vigencia resultan derogadas
todas las normas que establecen reajustes y de que los aumentos
salariales operados no han respondido a una política de
alcance general sino a la productividad particular de las
empresas, todo lo cual conduciría al desconocimiento de la
naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales.
Además, objeta la aplicación de la tasa de interés activa
desde el 1° de abril de 1991.
3°) Que el recurso extraordinario ha sido bien
concedido porque la cámara declaró la invalidez de los arts.
53 y 55 de la ley 18.037 por resultar contrarios a las
garantías de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional,
como también por haberse cuestionado la inteligencia de
normas federales como son las leyes 23.928 y 24.463 y ser la
decisión definitiva adversa a la interpretación propuesta por
la apelante.
4°) Que el tratamiento de los agravios debe ceñirse
al sistema de movilidad establecido en el pronunciamiento a
partir del 1° de abril de 1991, por cuanto el período
anterior a esa fecha no fue objeto de impugnación y existe a
su respecto cosa juzgada que -según conocida jurisprudencia
del Tribunal- configura uno de los pilares sobre los que se
asienta nuestro régimen jurídico y un derecho adquirido que
goza de la protección reconocida del derecho de propiedad por
el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 307:1709,
1289; 311:495, 651, 2058; 312:122).
En lo que concierne a la tasa de interés la actora
se avino a la pretensión de la ANSeS introducida en el reme
-//-
C. 278. XXVIII
27 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-dio federal, por lo que ha quedado cancelada la
competencia extraordinaria de esta Corte sobre el punto y
la cuestión ha devenido abstracta (causa S.478.XXIV
«Solazzi, Adriana Marina c/ Von Der Walde, Pablo s/ daños y
perjuicios», sentencia del 9 de marzo de 1993).
5°) Que la ley 24.463, denominada de
«solidaridad previsional», introdujo modificaciones
sustanciales y de forma a ley 24.241, sancionada el 23 de
septiembre de 1993, que había instituido el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones; en especial, deroga
el art. 160 de la última, según el cual la movilidad «de
las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de
leyes anteriores a la presente, que tengan una movilidad
distinta a la del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, continuará practicándose de conformidad con las
disposiciones vigentes a la fecha de entrada en vigor de
esta ley» (art. 11, apartado 1), a la vez que contiene
normas específicas sobre haberes correspondientes a
distintas épocas (arts. 7 y 10).
En razón de lo expuesto y toda vez que la Corte
debe atender a las circunstancias existentes al momento de
dictar sus decisiones, aunque ellas sean sobrevinientes a
la interposición del recurso extraordinario (Fallos:
281:117; 310:112, 670, 2246; 311:870, 1219, 1680, 1810,
2131) se dispuso oir a las partes acerca de la incidencia
de la nueva legislación, sin que se advierta óbice
constitucional que impida la continuación del trámite y el
dictado de la sentencia en la instancia del art. 14 de la
ley 48.

//-
-//- 6°) Que si bien es cierto que con motivo de la entrada
en vigencia de las nuevas normas cuya aplicación podría
incidir en la decisión de causas que se hallaban en trámite
ante sus estrados, esta Corte dispuso remitir los expedientes
al tribunal de origen a fin de que se expidiera sobre los
puntos en litigio según la nueva legislación, también lo es
que las circunstancias en que se suscitaron dichos
pronunciamientos difieren sustancialmente de las que
corresponden al presente caso, pues mientras en aquéllos la
normativa posterior exigía el estudio de aspectos ajenos a la
vía del remedio federal que podrían incidir en la solución y
aún tornar abstractos los agravios propuestos (causas F.17.XX
«Fisco Nacional (DGI) c/ Carbocomet S.A.I.C.I. y F. s/ cobro
de impuestos de ganancias-ejecución fiscal», A.492.XXIX
«Angel Ciminello s/ solicita se declare argentino nativo a
Michael Angel Ciminello» y V.245.XXIX «Vaz de Castro, José s/
excepción al servicio militar», falladas el 24 de julio, 11
de octubre y 18 de diciembre de 1984, respectivamente), aquí
la índole de la materia en examen, la gran cantidad de causas
apeladas, el lapso transcurrido entre el fallo y las nuevas
disposiciones legales, exigen una consideración
particularmente cuidadosa de la situación a fin de evitar que
se dilate irrazonablemente el dictado de la sentencia.
7°) Que la decisión del tema en debate exige el
examen del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Dicha
cláusula reconoce el derecho a la movilidad de las jubilaciones
sin fijar pauta alguna al efecto, lo cual significa que
-//-
C. 278. XXVIII
28 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-ha dejado librado a la prudencia del legislador
establecer las condiciones en que aquél se hará efectivo,
pero tal derecho no puede ser desvirtuado ni alterado por
las normas regulatorias pertinentes, pues está en juego el
cumplimiento de una disposición constitucional en función
de una normativa que debe ser razonable y que no puede
desconocer el derecho reglamentado, lo que lleva a formular
algunos conceptos que responden a la naturaleza de la
cuestión planteada.
8°) Que, en efecto, esta Corte ha reafirmado que
el contenido de esa garantía no se aviene con disposiciones
que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios
por un término incierto (Fallos: 293:551; 295:674;
297:146). También ha sostenido que el monto de los haberes
debe ser acorde con el carácter sustitutivo que deben
mantener las prestaciones (Fallos: 305: 2083; 307:135; 308:
236, 885). Pero esta última adecuación no puede prescindir
de las concretas posibilidades financieras del sistema. Lo
contrario significaría la quiebra de éste que -en función
del principio de solidaridad que informa al régimen
previsional- se nutre de los aportes de quienes se
encuentran en actividad en beneficio de los pasivos e,
indirectamente, de los propios activos para cuando -en su
momento- cesen de revistar en esta situación. De allí que
la movilidad tenga relación directa con los aportes que
determinan directamente la disposición de fondos para ser
destinados a los incrementos previsionales.
9°) Que en tal sentido cabe recordar que en el
-//-
-//-precedente de Fallos: 179:394 esta Corte desarrolló conceptos
que resultan esenciales para dilucidar la cuestión. En
efecto, el Tribunal sostuvo que cuando las finanzas de la
institución llegan a fallar por el transcurso de los años
hasta hacerse imposible el cumplimiento regular de las obligaciones
contraídas, ya porque los cálculos actuariales que
le sirvieron de base resultaron errados, ya porque intervinieron
otros factores de perturbación no previstos, una reforma
general y reconstructiva impuesta por la necesidad de
volver a poner las cosas en su quicio, equilibrando los egresos
con los ingresos, que eche mano del recurso extremo de
reducir los beneficios actuales y futuros, dentro de una proporcionalidad
justa y razonable, haciendo así efectivo el
principio de solidaridad en que descansan estas instituciones,
no puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional.
Lo justifica el interés público y la impone la conservación
misma del patrimonio común de los afiliados.
10) Que, asimismo, esta Corte enfatizó que las sentencias
que decidieran cuestiones concernientes a la movilidad
de los haberes, debían tratar de que la actualización de
las prestaciones se realice de modo tal que permita mantener
el nivel de vida alcanzado durante la actividad laboral,sin
perjuicio del análisis que, en orden a pautas concretas y
demostradas, se efectúe respecto del estado financiero de los
entes previsionales (Fallos: 305:2083; 312:1706).
11) Que los principios precedentemente expuestos
han sido objeto de especial consideración en normas incorporadas
a la Ley Fundamental en la reforma de 1994 (art. 75,
-//-
C. 278. XXVIII
29 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-inc. 22°). Al respecto, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos dispone que toda persona, como miembro de
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social «habida
cuenta de la organización y recursos de cada Estado». (art.
22). De la misma manera, el art. 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de
Costa Rica prescribe que los Estados partes «se comprometen
a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante
la cooperación internacional, para lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos que se derivan de las
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos reformada por el Protocolo de Buenos
Aires, enla medida de los recursos disponibles…». Por su
parte, el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales prescribe el compromiso
de los estados partes de adoptar medidas «hasta el máximo
de los recursos de que disponga» para asegurar el goce de
los beneficiosque reconoce, entre los que se encuentra el
de la seguridad social (art. 9).
12) Que sobre las bases señaladas cabe indagar el
alcance de las normas en juego. Resulta inoficioso
dilucidar si la ley 23.928 derogó el art. 53 de la ley
18.037 pues el art. 7 inc. 1° ap. b) de la ley 24.463
dispuso que «las prestaciones correspondientes a períodos
comprendidos entre el 1° de abril de 1991 y la fecha de
promulgación de la presente ley se ajustarán según las
disposiciones oportunamente
-//-
-//-aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».
Es decir, que aun cuando quisiera entenderse que el
sistema de movilidad de la ley 18.037 no fue derogado por la
ley de convertibilidad no cabe duda alguna que lo ha sido por
la de solidaridad previsional.
13) Que no obsta a dicha conclusión lo dispuesto
por el art. 3 del Código Civil. Ello es así, liminarmente,
porque el principio de irretroactividad de la ley no es -en
tesis general- de la Constitución sino de la ley. Es una norma
de interpretación que deberá ser tenida en cuenta por los
jueces en la aplicación de las leyes, pero no obliga al Poder
Legislativo, que puede derogarla en los casos en que el
interés general lo exija (Fallos: 137:47, 291). Asimismo,
sobre el punto resulta válido lo resuelto por esta Corte en
el ya citado precedente de Fallos: 179:394, en donde, con
cita de Fallos: 173:5, se estableció que si bien es verdad
que el mencionado precepto dispone como principio general que
las leyes rigen para lo futuro, que no tienen efecto
retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos, esa
disposición se refiere a aquellas leyes que contemplan los
derechos y obligaciones que rigen las relaciones de las personas
en el derecho privado; el precepto legal citado no es
aplicable en el sub lite, puesto que se trata de la aplicación
de leyes de previsión social, que por sus fines, por los
propósitos que la inspiran, por las obligaciones que traen
aparejadas, y por sus beneficios, reúnen todos los requisitos
necesarios para clasificarlas como leyes de orden público. La
ley 24.463 tiene este último carácter (art. 10
-//-
C. 278. XXVIII
30 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-inc. 1) y fue dictada por razones de interés general,
habida cuenta de la crisis financiera del sistema
previsional, acerca de la cual no es necesario abundar en
consideraciones. Al respecto, basta con señalar que la ley
24.130 extendió -respecto de la deuda estatal a jubilados y
pensionados- la «fecha de corte» en diecisiete meses más
que la fijada en origen para el resto de los créditos
consolidados por la ley 23.982.
14) Que antes de examinar si el art. 7 inc. 1°
ap. b) de la ley 24.463 comporta una razonable
reglamentación de la garantía constitucional de movilidad
de los haberes es preciso dilucidar la congruencia de dicho
precepto con otros de la ley de solidaridad previsional, a
fin de disipar las dudas que podrían surgir de la letra del
texto legal. En efecto, el art. 10 establece que la ley es
federal y de orden público (inciso 1°) y que «no se
aplicará retroactivamente respecto de haberes
correspondientes a períodos anteriores a su entrada en
vigencia» (inciso 2).
15°) Que las disposiciones aquí implicadas deben
ser interpretadas con arreglo al numerosas veces reiterado
principio, según el cual la inconsecuencia o la falta de
previsión jamás se supone en el legislador y, por esto, se
reconoce como regla inconcusa que la interpretación de las
leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que
ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por
las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y
deje a todas con valor y efecto (Fallos: 303: 578, 1041,
-//-
-//-1776; 304:794, 849, 1001, 1603; 310:195; 312:1614, entre
muchos otros).
16) Que en ese orden de ideas cabe poner de relieve
que la ley 24.463 introdujo diversas reformas a la ley
24.241, pues modificó sus artículos 16, 17, 18, 32 y 34,
referentes a la naturaleza del régimen y garantía del estado,
prestaciones, financiamiento del sistema, movilidad y
situación de los beneficiarios que se reintegran a la actividad.
Asimismo, innovó en lo atinente a los haberes. Respecto
de los mínimos, el art. 8 prevé su mejora de acuerdo con lo
que dispongan las futuras leyes de presupuesto. Con relación
a los máximos, el art. 9, inc. 2°, fija un tope -sujeto a una
escala de deducciones- para los haberes previsionales
mensuales correspondientes a prestaciones otorgadas en virtud
de leyes anteriores a la ley 24.241.
17) Que en las condiciones señaladas se impone
concluir que no difieren sustancialmente el art. 7 inc. 1°
ap. b) y el art. 10 de la ley 24.463. Ello es así, pues el
primero contempla el supuesto específico de la movilidad de
las prestaciones y, en consecuencia, adquiere el carácter de
norma especial frente al segundo, al que corresponde atribuirle
naturaleza general, en razón del cúmulo de reformas
que la ley introdujo al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, entre las cuales adquiere particular relevancia la
concerniente al haber máximo de las prestaciones otorgadas
con anterioridad a la vigencia de aquel régimen. Es decir,
que el citado art. 7, inc. 1° ap. b) consagró en forma
expresa una excepción al principio general de irretroactivi
-//-
C. 278. XXVIII
31 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-dad de la ley que rige el caso.
18) Que, asimismo, el precepto anteriormente citado
armoniza con el art. 11, inc. 1°, de la ley 24.463 que
derogó el art. 160 de la ley 24.241, según el cual «la
movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a
otorgar por aplicación de leyes anteriores que tengan una
fórmula de movilidad distinta a la del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones continuará practicándose de
conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de
entrada en vigor de esta ley».
Este último artículo admite como única
comprensión posible el reenvío a los diversos estatutos que
contemplaran un método distinto al del régimen general de
jubilaciones sancionado por las leyes 18.037 y 18.038. De
no ser así, se arribaría a la irracional conclusión de que
todas las leyes anteriores continuarían en vigor aun con
posterioridad a la vigencia de la ley 24.241, en la medida
en que el régimen de movilidad previsto en su art. 32 en
función de la evolución del AMPO es absolutamente novedoso
y no estaba previsto en leyes anteriores, vaciando de este
modo de todo contenido al primer párrafo del art. 160, en
cuanto prescribe que la movilidad de las prestaciones se
debe efectuar -a partir de la entrada en vigencia- en la
forma indicada en el aludido art. 32.
Por ello, la movilidad reconocida por el texto en
cuestión debe ser interpretada como únicamente dirigida a
las prestaciones que no estaban comprendidas en el régimen
-//-
-//-general de jubilaciones y pensiones y, por ende, sujetas
a estatutos especiales que implementaban un sistema especial
y distinto para la movilidad de los haberes.
Esta conclusión, por otro lado, es reafirmada por
el decreto 2433/93 dictado para reglamentar la ley 24.241, al
prescribir con respecto al art. 160 que se mantienen en
vigencia las movilidades establecidas por las leyes 21.121,
21.124, 22.731, 22.929, 22.949, 22.955, 23.682, 23.895,
24.016, 24.018 y 24.019 y «…cualquier otra ley anterior que
contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley
18.037». La consulta de los textos cuya vigencia se mantiene,
permite verificar que todos ellos son regímenes sectoriales
que coinciden en adoptar un sistema de movilidad diferente al
establecido por la ley 18.037, pues aquélla no consiste en un
reajuste efectuado en función de la variación del índice
general de remuneraciones, sino -por el contrario- atendiendo
a la retribución del personal en actividad correspondiente a
la categoría con la cual se obtuvo el beneficio.
De lo expuesto, se sigue que la finalidad del art.
7, inc. 1°, ap. b) de la ley 24.463 ha sido unificar -para el
período comprendido entre el 1° de abril de 1991 y la fecha
de promulgación de la norma- el sistema de movilidad de las
prestaciones correspondientes a todos los regímenes
jubilatorios mediante un procedimiento de delegación al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
19) Que establecidos los alcances derogatorios del
art. 7, inc. 1° ap. b) de la ley 24.463 corresponde examinar
si resulta compatible con la garantía reconocida por el art.
-//-
C. 278. XXVIII
32 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-14 bis de la Ley Fundamental. Al respecto, es necesario
recordar que esta Corte ha resuelto que corresponde
declarar la inconstitucionalidad de normas que -aunque no
ostensiblemente incorrectas en su inicio- devienen
indefendibles desde el punto de vista constitucional, pues
el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse
especialmente que los preceptos legales mantengan
coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso
de su vigencia, de suerte que su aplicación concreta no
resulte contradictoria con lo establecido en la Carta Magna
(Fallos: 301:319; causa V.262.XXIV «Vega, Humberto Atilio
c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro
s/ accidente-ley 9688», pronunciamiento del 16 de diciembre
de 1993).
20) Que a partir del 1° de abril de 1991 hasta la
entrada en vigencia de la ley 24.241 las resoluciones a las
cuales reenvía la norma aplicable sólo dispusieron ajustes
por períodos anteriores a aquella fecha (conf. resoluciones
S.U.S.S. 4/91; S.S.S. 28/92 y S.S.S. 37/92) y nada se ha
previsto para las posteriores. Las prestaciones quedaron
sujetas a un absoluto congelamiento desde el 1° de abril de
1991 hasta abril de 1994, en que fue de aplicación la
resolución S.S.S. 26/94 dictada sobre la base del sistema
de movilidad por la variación del AMPO establecido por la
ley 24.241. Esa cristalización del haber es susceptible de
reproche constitucional en los términos de la doctrina
reseñada en el considerando 8°, pues frustra la garantía
que la norma pretendió reglamentar.

//-
-//- 21) Que, a falta de una alternativa más plausible,
y de conformidad con la obligación que tienen los jueces de
juzgar las causas sometidas a su conocimiento, sin que les
sea dado alegar silencio, oscuridad o insuficiencia de las
leyes (art. 15 del Código Civil), entiéndese adecuada a una
satisfactoria preservación de la garantía constitucional en
juego, ordenar que por el período transcurrido desde el 1° de
abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1994, deberá ser
aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28% por ser esta
variación de igual extensión cuantitativa que la experimentada
por el aporte medio prevsional obligatorio (AMPO), estimado
por las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social
n° 9/94, 26/94 y 171/94, que abarcan el lapso transcurrido
desde que entró en vigencia el sistema de la ley 24.241,
hasta que entró en vigor el nuevo régimen instituido por el
artículo 7°, inciso 2°, de la ley 24.463.
Con lo cual, al concluir el aludido período al 31
de marzo de 1994 la movilidad acumulada asciende a un 10,17%
que sumado a la variación que experimentó el AMPO durante la
vigencia de la ley 24.241 arroja un total para el lapso
1/4/91 al 31/3/95 del 13,78%.
La solución que se adopta queda limitada, en lo que
concretamente concierne a cada supuesto, a que los haberes
previsionales que se ordena adecuar a la pauta enunciada,
nunca podrán exceder los porcentajes establecidos por las
leyes de fondo, límite que para el caso impide todo
reconocimiento de un monto mensual del beneficio que supere
las proporciones fijadas por el art. 49 de la ley 18.037
sobre los haberes de actividad.
22) Que con referencia a la declaración de incons-
-//-
C. 278. XXVIII
33 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-titucionalidad de los topes que fija el art. 55 de la
ley 18.037, cabe señalar que -desde antiguo- esta Corte ha
reconocido la legitimidad de dichos topes, pero ha dejado a
salvo el derecho del beneficiario de la jubilación cuando
su resultado llevara aparejada la confiscatoriedad de los
haberes (Fallos: 295:441; 305:2108; 307:1729, 1985;
308:915; 310:1955; 311:1474; 312:194). Dicho criterio
resulta también de aplicación en la actualidad, máxime
cuando del mensaje de elevación del proyecto de ley del
Poder Ejecutivo y más particularmente del art. 9 de la ley
24.463, surgen pautas específicas que, en las
circunstancias de la economía y de la crisis financiera del
sistema previsional, no pueden -salvo prueba en contrario
no producidas en la causa- reputarse confiscatorias ni
lesivas de los principios generales reconocidos en la
jurisprudencia del Tribunal sobre la materia.
23) Que en lo atinente al régimen de movilidad de
los haberes posteriores a la vigencia de la ley 24.463 que,
según el inciso 2° del art. 7, será el que determine la ley
de presupuesto, no corresponde emitir pronunciamiento
alguno toda vez que la parte no ha señalado el perjuicio
que su aplicación le ocasiona. La declaración de
inconstitucionalidad no puede tener simplemente carácter
consultivo, sino que el interesado debe sostener y
demostrar que esa contradicción con la Constitución
Nacional le ocasiona un gravamen en el caso concreto, lo
que no ocurre en autos.
24) Que en cuanto a los temas restantes a que se
refieren las partes en sus presentaciones de fs. 85/86,

//-
-//-87/91 y 94 vta., no corresponde por el momento pronunciamiento
alguno pues no se refieren de manera concreta a lo que
debe ser objeto de resolución en el caso y tratan aspectos
ajenos a la materia del remedio federal.
Por ello y oído el señor Procurador General, se declara
abstracta la cuestión planteada en el recurso extraordinario
respecto de los intereses, se lo declara procedente en las
demás cuestiones planteadas y se revoca la sentencia apelada
en cuanto ha sido objeto de recurso. Asimismo, se declara la
inconstitucionalidad del art. 7, inc. 1° apartado b) de la
ley 24.463, en cuanto a la movilidad que corresponde desde el
1° de abril de 1991 hasta el nuevo régimen del art. 7 inciso
2° de la ley 24.463, ordenándose que aquélla resulta
procedente por el período en cuestión según el alcance
fijado. Notifíquese y devuélvase. ANTONIO BOGGIANO.
ES COPIA
VO-//-
C. 278. XXVIII
34 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ
Considerando:
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
de la Seguridad Social hizo lugar al reajuste de
haberes solicitado por el actor, a cuyo fin ordenó una
nueva determinación del correspondiente al comienzo del
beneficio jubilatorio y fijó diferentes pautas de movilidad
según las variaciones de los índices del salario básico de
convenio de la industria y la construcción, siempre que el
haber resultante de aplicar los artículos 53 y 55 de la ley
18.037 irrogara al actor un perjuicio superior al 10% con
respecto al método establecido en la sentencia. En ese
supuesto, debían liquidarse las diferencias respectivas
mientras se mantuviera vigente ese régimen legal, cuyas
normas -estimó el tribunal a quo- no fueron afectadas por
la sanción de la ley 23.928. Asimismo, estableció que a
partir del 1° de abril de 1991, debía devengarse sobre el
capital actualizado, la tasa de interés activa aplicada por
el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones
corrientes de descuento de documentos comerciales.
2°) Que contra ese pronunciamiento la AnSeS
dedujo recurso extraordinario -que fue concedido- en el que
cuestiona lo resuelto por el tribunal a quo porque, según
entiende, a partir de la sanción de la denominada ley de
convertibilidad n° 23.928 no es razonable mantener un
criterio que corresponde a épocas caracterizadas por el
envilecimiento del signo monetario. Señala, asimismo, que
el fallo es autocontradictorio en cuanto aplica la ley
23.928 como límite para efectuar el reajuste de las sumas
debidas en concepto de -//-
-//- retroactividades mal liquidadas y se niega a decidir según
las mismas pautas para determinar los haberes futuros, a
pesar de que sus normas proscriben todos los preceptos legales
que establecen reajustes. Observa, por lo demás, que los
aumentos salariales operados no han respondido a una política
de alcances generales sino a la productividad particular de
las empresas, todo lo cual llevaría al desconocimiento de la
naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales. Por
último, objeta la aplicación de la tasa de interés activa
desde el 1° de abril de 1991.
3°) Que el recurso extraordinario es procedente,
pues la cámara declaró la invalidez de los artículos 49, 53 y
66 de la ley 18.037 por considerarlos contrarios a la Constitución
Nacional, y se cuestiona la inteligencia de normas
federales tales como la ley 23.928 y 24.463, siendo la decisión
definitiva adversa a la interpretación sustentada por la
recurrente.
4°) Que, ante todo, debe dejarse establecido que
corresponde el tratamiento de los agravios sólo con relación
al mecanismo de movilidad establecido en la sentencia a partir
del 1° de abril de 1991, pues el período anterior a esa
fecha no fue objeto de recurso y existe a su respecto cosa
juzgada.
Que, por otro lado, a fs. 53/53 vta. la actora se
avino a la pretensión de la ANSeS referente a que se aplicara
la tasa de interés pasiva a partir de la vigencia de la ley
23.928, por lo que ha quedado cancelada la competencia
extraordinaria de esta Corte sobre el punto (causa S.478 XXIV
«Solazzi, Adriana c/ Von der Walde, Pablo s/ daños y
-//-
C. 278. XXVIII
35 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- perjuicios», sentencia del 9 de marzo de 1993).
5°) Que a principios de este siglo nuestro país
percibió las primeras consecuencias perniciosas derivadas
de la falta de un sistema previsional, extremo que puso en
evidencia la necesidad de su implantación e
instrumentación.
Que las primeras leyes que se dictaron para
salvar tal situación, apuntaron a la formación de un
sistema contributivo basado en el criterio de la
capitalización, aunque no en forma pura, ya que se preveían
aportes o subsidios del Tesoro. En efecto, las iniciales
experiencias nacionales en la materia -que arrancan en 1904
con la sanción de la ley 4349 para el personal de la
administración pública, y posteriormente con otros
regímenes para el personal ferroviario, bancario, de
seguros, navegación y periodistas- adoptaron, con la nota
distintiva antes señalada, un sistema semejante a un seguro
privado, según el cual se constituían fondos capitalizados
que generaban intereses, con lo que se hacía frente al pago
de las prestaciones. En ese esquema, las prestaciones
únicamente se otorgaban después de alcanzado un lapso
mínimo de aportes, de modo que quien no lo superaba podía
exigir la devolución de lo capitalizado, tal como si se hubiera
tratado de un ahorro obligatorio. Y ello era así,
porque se consideraba que los fondos pertenecían en
propiedad a los aportantes (art. 1° de la ley 4349).
6°) Que, como lo puso de relieve esta Corte en
Fallos: 179:394, el sistema de capitalización reseñado
mostró con el correr de los años las deficiencias con que
había nacido. Leyes como la n° 4349 fueron sancionadas sin
ajustarse a un cálculo actuarial científicamente autorizado
que asegu

//-
-//-rara la estabilidad de la Caja, ya por falta de datos estadísticos
bien llevados, ya porque el país carecía de una
experiencia hecha al respecto. Y cuando el Estado no estuvo
en condiciones de seguir subsidiando al sistema, este fracasó
irremediablemente, agravado el cuadro, además, tanto por
causas externas (secuela de la depresión de los años 30) como
internas de no menos significativa importancia (bajos niveles
de aportes; permisividad en cuanto a la edad para acceder a
los beneficios, establecida en 55 años o menos -art. 18 de la
ley 4349-; etc).
7°) Que a principios de la década del 40, las ideas
de centralización o unidad de gestión (es decir, una
conducción central de los diversos sistemas existentes) y de
universalidad (o sea, que el régimen jubilatorio debía cubrir
a toda la población), ganó terreno a la luz de las ideas
políticas por entonces imperantes. Fue así que en el año 1944
se creó el Instituto Nacional de Previsión Social, al que se
le encomendó la tarea de realizar en todo el territorio de la
Nación los objetivos del Estado en materia de seguridad
social (dec. 29.176/44, ratificado por ley 12.921).
Que, a partir de ese hito, en forma incipiente al
principio pero decididamente con posterioridad, el sistema
previsional argentino comenzó a evidenciarse como de reparto,
es decir, como un sistema de distribución de los fondos
obtenidos en un momento dado en concepto de aportes y contribuciones
de la población activa, entre los pasivos (jubilaciones
y pensiones), a modo de contrato entre generaciones,
por el cual una financia a otra, recibiendo a cambio una promesa
de beneficios futuros, y sin que exista relación alguna
-//-
C. 278. XXVIII
36 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- entre los aportes realizados durante la vida activa de
una persona y los beneficios que luego de jubilarse
obtendrá.
Que no es del caso enumerar aquí uno a uno los
antecedentes legales que muestran esa mutación pero sí de
apuntar, por ejemplo, que por medio del decreto-ley 9316/46
se admitió la reciprocidad de cómputo entre los servicios
prestados sucesiva o simultáneamente y las remuneraciones,
en cada una de las secciones del Instituto Nacional de Previsión
Social y la Caja Municipal de Previsión Social de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que, por otro lado, el déficit que por entonces
acusaban -en forma pronunciada- los organismos de previsión
social, intentó ser salvado mediante medidas tales como el
Fondo Estabilizador de Previsión Social creado por la ley
13.478, que se nutría del producido del aumento al impuesto
a las ventas instituido por la ley 12.143 (art. 3 de la ley
13.478), y cuyo propio déficit, producido poco después,
tuvo que ser superado, a su vez, con el aporte de recursos
especiales (confr. art. 8, segundo párrafo, de la ley
14.370, y su remisión al art. 3 de la ley 13.654).
8°) Que si bien la ley 14.236 -del año 1953-
implicó, en alguna medida, volver al sistema anterior al
conferirles a las cajas de previsión cierta autonomía
funcional, con la sanción de la ley 14.499 -de 1958- se
confirmó la implantación del sistema de reparto: los
trabajadores en actividad, siempre renovados, debían
sostener a los pasivos, obteniéndose así un sistema
previsional que, conforme lo demostró el paso del tiempo,
mantenía una irreductible dualidad ya que, por un lado,
desechaba la idea de introducir un va

//-
-//-lor de mercado equivalente al promedio de ingresos sujetos
a aporte de toda la vida activa, pero por otro, establecía
que la jubilación ordinaria era equivalente al 82% móvil
de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función
de que fuera titular el afiliado a la fecha de cesación,
o al momento de serle otorgada la prestación, o bien al
cargo, oficio o función de mayor jerarquía que había desempeñado
(art. 2° de la ley 14.499).
Que, de este modo, el legislador otorgó al trabajador
el derecho a utilizar su mejor productividad marginal obtenida
en el mercado, para proyectarlo y ejercerlo contra un
sistema que se alimentaba de la productividad media de la economía,
en base a regulaciones precisas en materia de aportes
y contribuciones.
9°) Que la reseñada distorsión quedó definitivamente
asimilada al sistema previsional argentino con la sanción
de la ley 18.037, que implementó un claro régimen de reparto
en las prestaciones de la seguridad social, conservando aspectos
mínimos de capitalización para definir los haberes.
Que aun cuando la ley 18.037 eliminó el porcentaje
equivalente al 82% para determinar los haberes, reemplazándolo
por el promedio de las remuneraciones de los tres años calendarios
más favorables al trabajador, continuos o discontinuos,
comprendidos en los diez últimos años de trabajo, definitivamente
abandonó el criterio de la conmutatividad propio
de un sistema contributivo de capitalización, para trasladar
el eje hacia un criterio de solidaridad en la formación de
los fondos de la seguridad social, según el cual, en teoría,
los que más podían aportar subsidiarían a las futuras presta
-//-
C. 278. XXVIII
37 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//-ciones de los que menos capacidad de aporte tenían,
todo ello signado por el concepto de movilidad de la
prestación, aunque con topes.
Que, en las condiciones expuestas, se perdió la
figura de los «capitales invertidos» propia de un régimen
de capitalización. Los aportantes no conservaban la
propiedad de los fondos depositados, ni existía la
seguridad que, en su expresión pura, brinda el referido
régimen en cuanto funciona con reservas técnicas y
matemáticas, como si fuera un seguro privado.
10) Que el criterio de solidaridad que fundaba el
sistema de reparto diseñado por la legislación nacional de
entonces, aunque valioso en sí mismo, fue sin embargo
objeto de políticas voluntaristas que hicieron de él
también un tremendo fracaso. Excediendo todas las
posibilidades financieras que el sistema mismo estaba en
condiciones de generar y comprometiendo, de modo
sistemático, recursos públicos diversos, se dictaron varias
leyes que instituyeron multiplicidad de beneficios -vgr.
ley 21.118 del año 1973- así como regímenes jubilatorios
especiales más provechosos que el común u ordinario.
Que, en ese contexto normativo, se perfiló un régimen
que más allá de los nobles principios que lo
alentaban no podía mantenerse. En virtud del notable
incremento del número de afiliados experimentado entre 1976
y 1983, los años posteriores al último gobierno de facto
marcaron -según es público y notorio- el momento de mayor
transferencia de recursos del Estado hacia el régimen de
previsión, ante la imposibilidad de obtenerse a través de
él una financiación

//-
-//- genuina.
Que, no obstante los esfuerzos realizados por la
autoridad política, lejos se estuvo de satisfacer enteramente
los derechos que las leyes acordaban, agravado todo ello por
los efectos de una economía azotada por la inflación que,
poco a poco, hizo más acentuada la brecha entre el incremento
de los haberes jubilatorios y de pensión, y el costo siempre
creciente de los bienes y servicios.
11) Que ello motivó que gran parte de los pasivos
efectuara reclamos judiciales por reajuste de haberes una vez
reinstalada la democracia.
Que tales reclamos fueron admitidos por la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que motivó que el Estado
interpusiera recursos extraordinarios ante esta Corte al
ponerse en evidencia -con la liquidación de los primeros
juicios de reajuste con sentencia firme- la imposibilidad de
afrontar las erogaciones con los recursos presupuestarios que
se contaban.
12) Que esta Corte en el caso «Rolón Zappa» (Fallos:
308:1848) fijó su posición al señalar que «es función
exclusiva del parlamento la adopción de los medios idóneos
para el restablecimiento del sistema previsional, a fin de
cumplir con el deber de asegurar los beneficios a sus integrantes».
Que en virtud de ese pronunciamiento, el Poder Ejecutivo
Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia N°
2196/86, por el cual declaró la emergencia del sistema previsional
y suspendió la ejecución de sentencias judiciales y
reclamos administrativos. La lectura de los considerandos de
-//-
C. 278. XXVIII
38 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- ese decreto, muestra con singular elocuencia lo que
podría ser definido como una verdadera quiebra del sistema
de reparto.
Que, por su parte, la ley 23.568 fue otra muestra
de esa realidad. Por ella se dispuso una moratoria de tres
años para pagar créditos resultantes de sentencias
obtenidas en reclamos por reajustes de haberes y pago de
retroactividades.
13) Que con posterioridad a 1989 se dictaron
diversas leyes destinadas -directa o indirectamente- a
sanear la crisis referida, respetándose las normas propias
del sistema previsional argentino por entonces vigentes. En
ese sentido, leyes tales como la 23.928 y 23.982
constituyeron decisiones claras y terminantes del Congreso
Nacional tendientes a poner punto final a prácticas tales
como el financiamiento realizado a través de la emisión
monetaria, y a lograr la consolidación de la deuda pública,
incluida la de origen previsional.
Que, no obstante ello, la crisis no fue superada
y otras leyes tales como la 23.966 o la 24.145 afectaron
recursos derivados de privatizaciones a la cancelación de
deudas con el sector pasivo.
14) Que el sucesivo dictado de las normas antes
referido evidencia los intentos del legislador por brindar
fórmulas para cumplir el mandato constitucional contenido
en el tercer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, lo que -como es notorio- no se pudo lograr en
plenitud por razón de los problemas estructurales que
aquejan al sistema de previsión social.

//-
-//- 15) Que con el fin de superar definitivamente la
crisis, el Poder Legislativo introdujo un profundo cambio en
el panorama existente a través de la sanción de las leyes
22.241, que instituyó el «Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones», y 24.463 llamada de «Solidaridad Previsional».
16) Que el sistema de reparto tuvo posibilidad de
funcionar en tanto y en cuanto, entre los titulares de prestaciones
jubilatorias o pensiones y los trabajadores en actividad
existía una adecuada proporcionalidad.
Que, como se destacó anteriormente, ello no ocurrió,
pues se registró un notable aumento de beneficiarios,
frente al casi insignificante incremento del número de aportantes.
Así pues, un sistema que, en su estado ideal, debería
haberse financiado exclusivamente mediante el aporte de
los trabajadores autónomos y en relación de dependencia y las
contribuciones de los empleadores, y que debía haber alcanzado
para cubrir en todo momento el monto de los beneficios
necesarios para cumplir con la proporción haber/salario,
se vio por completo desarticulado por la introducción de
factores que alteraron la necesaria ecuación que es menester
exista entre ingresos y egresos financieros. En consecuencia,
desde hace aproximadamente tres décadas, en forma progresiva
ha ido decayendo la seguridad social en la Argentina,
llegándose al extremo de que los principios del derecho
previsional de solidaridad, subsidiariedad, inmediatez,
irrenunciabilidad e igualdad han quedado como meras enunciaciones
teóricas o expresiones de deseo.
17) Que no corresponde a esta Corte hacer un jui
-//-
C. 278. XXVIII
39 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//-cio de valor sobre los instrumentos legales que
condujeron al apuntado resultado, y mucho menos de las
políticas que los impulsaron. Como lo destacó el juez Tomás
D. Casares hace ya más de cincuenta años, los jueces no
deben juzgar «de» las leyes sino «según» ellas (Fallos:
201:249). Sin embargo, habida cuenta del crítico momento
por el que atraviesa el país en esta materia, constituye un
imperativo destacar que un sistema de seguridad social no
puede ser el resultado de políticas voluntaristas, sino el
de las posibilidades ciertas, concretas y reales de una
comunidad en un momento dado. Todo apartamiento de esas
posibilidades convierte a la seguridad social en una
utopía, en una mera aspiración vacía de contenido. Desde
luego, no existen soluciones mágicas al respecto. Según
quedó reseñado, la República Argentina ha asistido en este
siglo al fracaso sucesivo de leyes que adoptaron sistemas
diversos, de «capitalización» -aunque no pura- en un
comienzo, y de «reparto» después, con consecuencias
sociales cuyas proyecciones abarcaron varias generaciones y
aún continúan. Las razones de ello, al margen de las que
coyunturalmente pudieron haber influido, parecen haber sido
en ambos casos las mismas: una ampliación inusitada del
número de beneficiarios al amparo de leyes permisivas, sin
la correlativa generación de recursos genuinos para
afrontar los costos cada vez más crecientes derivados de
esa ampliación, sumado ello a una continua dependencia del
Estado para la financiación del déficit -con la idea de que
tal financiación sería ilimitada y permanente en función de
una idealizada prosperidad- y a una ausencia de medidas
efectivas y contundentes para mejorar la recaudación de
aportes y evitar

//-
-//- su evasión. En ese estado de cosas, la realidad actual
impone una toma de conciencia por parte de gobernantes y
gobernados, un juicio reflexivo sobre los errores del pasado
para evitarlos en el futuro.
Que es un principio recibido que la jubilación debe
ser sustitutivo equivalente del salario, que permita al
beneficiario mantener en la pasividad un nivel de vida acorde
con el que tenía en actividad. Tal objetivo se logra siempre
y cuando el valor constante que el retirado recibe como
prestación se hubiese formado sobre lo que realmente aportó.
De lo contrario, aparecen inequívocas distorsiones, pues la
relación se establece no ya entre el beneficio y lo aportado
directamente por él durante toda su vida activa, sino entre
la jubilación y lo que gane el trabajador que lo reemplace.
En este esquema, la formación de capitales de cobertura –
siguiendo criterios racionales de cuantificación- por cada
trabajador activo, con reconocimiento de la propiedad sobre
ellos (y sin perjuicio de la organización de otras
prestaciones de seguridad social no contributivas) resulta
una vía intrínsecamente justa y que alienta a la asunción de
la propia responsabilidad acerca de contingencias sociales
tales como la vejez, la invalidez y el desamparo de la familia
por muerte del titular. Ello no significa, obviamente,
que el Estado renuncie al deber de hacer efectivos los principios
de la solidaridad social respecto de quienes no han
podido, por razones atendibles, contribuir a la formación de
capitales antes mencionada. Indudablemente esa es una función
indelegable de la sociedad, que debe desarrollarse en los
límites de las previsiones presupuestarias pertinentes,
-//-
C. 278. XXVIII
40 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- sea de la Nación, las provincias o las
municipalidades. Pero es claro que, para la generalidad, no
se justifica que quien goza de buena salud y conserva su
capacidad laboral, tenga derecho a exigir de los demás un
esfuerzo superior al propio para que se le pague su
prestación. Reconocer derechos para tales casos y mucho más
sin contar con los medios adecuados para su resguardo,
resulta una actitud pública y socialmente irresponsable.
18) Que, sentado lo anterior, y de cara ahora al
problema planteado en autos, cabe señalar que la conclusión
que se obtenga para su resolución debe partir de una interpretación
dinámica e integradora de diversas cláusulas de
la Constitución Nacional, como lo son las concernientes al
alcance de la garantía de movilidad de las prestaciones
previsionales establecida por el art. 14 bis, así como de
aquellas que contemplan las facultades que asisten al
Congreso Nacional para cumplir con las insustituibles
funciones encomendadas, teniendo presente -en todo momentouna
cabal comprensión de las responsabilidades derivadas
del rol institucional del Poder Judicial, que hace a una de
las funciones fundamentales del Gobierno Federal (art.
108).
19) Que el art. 14 bis de la Constitución Nacional,
incorporado por la Convención Reformadora de 1957,
permaneció inalterado en el texto de 1994 (art. 7° de la
ley 24.309). En tal norma, en forma amplia, se establece
que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles,
recayendo en el Poder Legislativo la obligación del dictado
de normas específicas que determinen fórmulas que realmente
garanticen su efectividad.

//-
-//- Que se trata, entonces, de un enunciado puramen- te
programático, que requiere para su funcionamiento del dictado
de disposiciones concretas por parte del legislador quien,
consecuentemente, está habilitado para fijar sus alcances y
modalidades.
Que, en esas condiciones, no existe una versión única
de la garantía de la movilidad de las jubilaciones y
pensiones. Puede adoptarse un régimen de movilidad u otro,
más amplio o más restringido, menos o más flexible. La selección
de la fórmula que se elija para asegurar la referida garantía
es cuestión librada a la prudencia del Poder Legislativo,
quien actuará conforme a las posibilidades y condiciones
imperantes en el momento histórico de que se trate. Es el
Congreso -máxima expresión representativa de las múltiples
corrientes de pensamiento y sentimientos del pueblo de la
Nación- el que tiene la obligación y la potestad de ponderar
la conveniencia o inconveniencia de los sistemas y la
necesidad de modificarlos (Fallos: 295:694; 269:174). El
pueblo, sólo delibera y se gobierna por medio de sus representantes
y autoridades creadas por la Constitución Nacional
(art. 22).
Que, sobre esa base, esta Corte ha señalado concordemente
que el cambio de un régimen de movilidad por otro no
contraría el art. 14 bis de la Constitución Nacional (Fallos:
295:674; 303:1155 y sus citas; 305:1213). Y ello justificado
en la simple razón de que, en esta materia, la rigidez de las
soluciones legales conspira contra las siempre cambiantes
necesidades sociales y las ocasionales posibilidades de que
disponga la comunidad en un momento determinado.
-//-
C. 278. XXVIII
41 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- La solución que pudo considerarse razonable y de
cumplimiento posible antes, puede no serlo ahora, y aun ser
pensado que su mantenimiento podría ser peligroso para el
futuro. De ahí la libertad que tiene el legislador en la
materia.
Que, por lo demás, el fundamento de la afirmación
efectuada se encuentra en el artículo 78, inciso 32 de la
Constitución Nacional, al facultar al Congreso para hacer
todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para
poner en ejercicio los poderes atribuidos al Gobierno de la
Nación, lo cual no puede ser interpretado sino de modo
flexible, pues los medios de satisfacer las necesidades del
país, de evitar los peligros y de aumentar la prosperidad
nacional son tan variados y complejos, que debe dejarse una
gran latitud para la elección y el empleo de esos medios,
de lo que se deriva la necesidad y la conveniencia de
interpretar ampliamente los poderes constitucionales.
20) Que, en lo que aquí interesa, cabe observar
que el art. 53 de la ley 18.037 constituye una norma reglamentaria
de la garantía constitucional a la movilidad de
las jubilaciones y pensiones.
Que el citado texto legal sufrió distintas
modificaciones. Al principio, la movilidad era calculada
anualmente mediante un coeficiente fijado por el Poder
Ejecutivo sobre el último haber (art. 51 de la ley 18.037;
art. 52 del texto ordenado por resolución 807/74 S.S.).
Posteriormente, se utilizó una fórmula que tenía en
consideración las modificaciones que se producían en la
remuneración de los activos, calculándose el porcentaje en
base al incremento promedio de los salarios y al número de
agentes en actividad (art. 52

//-
-//- ley 18.037, texto modificado por ley 21.118, mantenido
por la ley 21.327). Finalmente, una nueva reforma determinó
la movilidad en función de un índice cuya elaboración quedó a
cargo de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que
reflejaría las variaciones del nivel general de remuneraciones,
para cuya determinación debía acudirse a una encuesta
permanente sobre los cambios producidos (art. 52 de la ley
18.037, texto según ley 21.451, que pasó a ser el art. 53
según el texto ordenado por resolución 522/76 S.S.).
21) Que la autoridad de aplicación incumplió reiteradamente
con la obligación que le imponía la citada norma de
la ley 18.037, en la versión fijada por la ley 21.451.
Ante ello, y frente a la erosión que el monto de
las prestaciones sufría por motivo de las recurrentes escaladas
inflacionarias que padecía la economía nacional, esta
Corte terminó por aceptar que la aplicación del sistema de
coeficientes previsto por el art. 53 de la ley 18.037 llevaba
a una solución negatoria de la garantía de la movilidad, y
que el mecanismo subsidiario ideado por los jueces de la
causa, consistente en la utilización del índice del peón industrial
de la Capital Federal en reemplazo de coeficientes
desconocidos, insuficientes o tardíos, saneaba el deterioro
derivado de la falencia en la ejecución de la norma cuya validez
había sido reconocida en origen y que había devenido
inconstitucional por su ineficacia posterior para hacer efectiva
la aludida garantía de movilidad (Fallos: 308:1848;
310:2212).
22) Que indudablemente el procedimiento de reajuste
que la jurisprudencia aceptó como sustituto de las pautas
-//-
C. 278. XXVIII
42 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- establecidas por al art. 53 de la ley 18.037, no
pueden ser admitidos más allá del 1° de abril de 1991,
fecha en que comenzó a regir la ley 23.928. Como lo ha
señalado esta Corte, con palabras perfectamente aplicables
a la especie, la 23.928 constituye una decisión clara y
terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones
que le encomienda la Constitución Nacional para hacer
sellar moneda y fijar su valor (art. 75, inc. 11), y ante
tal acto legislativo no sólo han quedado derogadas
disposiciones legales sino que también deben ser revisadas
las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste
por depreciación en cuanto, precisamente, se fundaron en la
falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el
fenómeno de la inflación (Fallos: 315: 158, considerando
14). De allí que no proceda mantener idéntico temperamento
que el resultante de Fallos: 308:1848 y 310:2212, con
relación a períodos posteriores al 1° de abril de 1991.
Que, por lo demás, este Tribunal ha verificado
recientemente que la continuidad del procedimiento de
reajuste luego de la fecha indicada en el ámbito de las
prestaciones previsionales, ha llevado a un resultado que
se apartaba notoriamente de la realidad que se debía
ponderar, pues el monto obtenido del haber -según el
porcentual con el cual se había jubilado el titularexcedía,
en determinados períodos, el total de la
remuneración que habría percibido el beneficiario de haber
continuado en actividad, situación que llevó a dejar de
lado la aplicación de aquel método y a precisar que las
diferencias a abonarse en favor del interesado no podían
exceder, en ningún caso, los porcentajes establecidos

//-
-//- por las leyes de fondo (causas V.30.XXII «Villanustre,
Raúl Félix», M.373.XXVI «Melo, Damián Nicolás», L.3 y 85.XXI
«Llanos, Carmen», falladas el 17 de diciembre de 1991, 25 de
febrero de 1992 y 3 de marzo de 1992, respectivamente).
23) Que en punto al análisis sobre si existe posibilidad
de retornar al art. 53 de la ley 18.037 una vez dictada
la ley 23.928, deben formularse las siguientes consideraciones.
Que la ley 23.928 impidió todo tipo de actualización
monetaria, indexación de precios, variaciones de costos
o repotenciación, cualquiera fuera su causa, haya o no mora
del deudor, con posterioridad al 1° de abril de 1991, quedando
derogadas las disposiciones legales que contravinieran
dicho efecto (arts. 7° y 10).
Que es obligación de los jueces interpretar el referido
mandato de modo de dar pleno efecto a la intención del
legislador (Fallos: 296:22; 297:142; 299:93; 301:460).
Que el texto del art. 14 bis de la Constitución
Nacional, al aludir a la movilidad de las jubilaciones y pensiones,
apunta a preservar la integralidad de los beneficios,
lo que no implica una mayor cobertura como respuesta ante
nuevas contingencias (cuyo número es creciente), sino una
adecuada atención de las que existen.
Que durante décadas el principal flagelo que afectó
a la economía nacional fue el inflacionario, por lo que las
fórmulas para poder resguardar la «integralidad» referida
tendieron a preservar el monto de las prestaciones en función
del grado de la depreciación de la moneda. Sin embargo, los
mecanismos indexatorios utilizados a tal efecto, sólo
-//-
C. 278. XXVIII
43 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- constituyeron meros arbitrios pretorianos para que la
garantía de la «movilidad» de las jubilaciones y pensiones
establecida por el art. 14 bis de la Carta Magna no quedara
en letra muerta, pero no la admisión -con criterio
generalizado y vocación de permanencia- de que la
indexación por algún índice de precios es, en sí misma, la
única forma con que ella se respeta. En otras palabras, la
movilidad que los constituyentes consagraron en el art. 14
bis de la Carta Magna no tiene por que estar necesariamente
relacionada con la actualización de la moneda.
Que, habiendo cesado las excepcionales causas que
autorizaron el dictado de las mencionadas fórmulas, parecería
razonable la vuelta al sistema de la ley 18.037 vigente
al tiempo de sancionarse la ley 23.928, pero ello no es
factible en la medida que ese sistema recurre a una
solución (cálculo de la movilidad en función de un índice
de corrección determinado) vedada expresamente por la ley
23.928.
Que, despeja toda duda al respecto, la mera
lectura del art. 53 de la ley 18.037 en cuanto allí se
contempla que la Secretaría de Estado de Seguridad Social
dispondrá el «reajuste» de los haberes de las prestaciones
en un «porcentaje» equivalente a la variación del
incremento general de las remuneraciones. Es decir, la
propia letra del texto legal indicado muestra que las
pautas en él contenidas tienen naturaleza indexatoria.
Que, en las condiciones que anteceden,
corresponde concluir que la ley 23.928 ha dejado sin efecto
el régimen de movilidad por indexación establecido por el
art. 53 de la ley 18.037.

//-
-//- 24) Que no forma óbice a lo anterior lo dispuesto
por el art. 160 de la ley 24.241 en cuanto prescribió que la
movilidad de las prestaciones de los haberes otorgadas o a
otorgar por aplicación de leyes anteriores que tengan una
fórmula de movilidad distinta a la del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, continuará practicándose de conformidad
con las disposiciones vigentes a la fecha de su entrada
en vigencia.
Que ello es así, pues la norma no podía estar referida
sino a los diversos regímenes jubilatorios distintos al
general establecido por las leyes 18.037 y 18.038. De no ser
así, se arribaría a la irracional conclusión de que todas las
leyes anteriores continuarían en vigencia aun con posterioridad
a la vigencia de la ley 24.241, en la medida en que
el régimen de movilidad dispuesto en su art. 32 en función de
la evolución del A.M.P.O. es absolutamente novedoso y no
estaba previsto en leyes anteriores, vaciando de este modo de
todo contenido el primer párrafo del art. 160, en cuanto
prescribe que la movilidad de las prestaciones se debe efectuar
-a partir de la entrada en vigencia- en la forma indicada
en el aludido art. 32.
25) Que definida la no subsistencia del régimen de
movilidad establecido por el art. 53 de la ley 18.037 con
posterioridad a la sanción de la ley 23.928, se comprende la
existencia del art. 7, inc. 1°, apartado b, de la ley 24.463
en cuanto dispone que «las prestaciones correspondientes a
períodos comprendidos entre el 1 de abril de 1991 y la fecha
de promulgación de la presente ley se ajustarán según las
disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio
-//-
C. 278. XXVIII
44 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y por organismos
de su dependencia…».
Que, por otra parte, debe ser observado que no existe
contradicción entre el citado art. 7°, inc. 1°,
apartado b, de la ley 24.463 y lo señalado por su art. 10
en cuanto ordena que ella no se aplicará retroactivamente
respecto de haberes correspondientes a períodos anteriores
a su entrada en vigencia. Ello es así, pues el primero
contempla el supuesto específico de la movilidad de las
prestaciones a partir del 1° de abril de 1991 y, en
consecuencia, adquiere el carácter de norma especial frente
al segundo, al que corresponde asignarle naturaleza
general, en razón del cúmulo de reformas que la ley
introdujo al sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
entre las cuales adquiere particular relevancia el
concerniente al haber máximo de las prestaciones otorgadas
con anterioridad a la vigencia de aquel régimen.
26) Que en lo que concierne al concreto y
específico alcance de la movilidad reconocida por el art.
7°, inc. 1°, apartado b, de la ley 24.463, por el lapso que
medió desde el 1° de abril de 1991 hasta la entrada en
vigencia de la ley 24.241, cabe precisar que las
resoluciones a las cuales reenvía la norma aplicable sólo
dispusieron ajustes respecto de períodos anteriores a
aquella fecha (confr. resoluciones S.U.S.S. 4/91; S.S.S.
28/92 y S.S.S. 37/92) y nada se ha previsto para las
posteriores.
27) Que, en esas condiciones, surge con claridad
el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la autoridad
de aplicación al no disponer movilidad alguna de los
haberes en el período en cuestión, lo que trae aparejado un

//-
-//- congelamiento de las prestaciones por un período mayor a
tres años, extremo que no es admisible.
Que esa particularidad torna al art. 7°, inc. 1°,
apartado b, de la ley 24.463 inconstitucional por omisivo, lo
que así debe ser declarado. En este sentido, cabe observar
que la omisión de la autoridad pública en el dictado de
normas, especialmente cuando se trata de aquellas que deben
hacer efectivas garantías programáticas de la Constitución
Nacional, no escapa al control judicial de constitucionalidad.
Y es que, si la Constitución se define como suprema, esa
supremacía declinaría sin dudas si, en los casos que corresponda,
las garantías por ella reconocidas no son objeto
de regulación específica por el poder constituido, pues tal
omisión tendría el efecto de suprimir en los hechos la garantía
constitucional de que se trate, lo que es inadmisible
y obliga al Poder Judicial a actuar en consecuencia.
28) Que frente al vacío legislativo indicado, resulta
menester efectuar una integración de la ley a fin de
conferir efectiva virtualidad a la garantía de la «movilidad»
de las jubilaciones y pensiones consagrada por el art. 14 bis
de la Carta Magna para el período que se extiende desde el 1°
de abril de 1991 hasta el mes de abril de 1994, momento a
partir del cual resulta de aplicación la resolución S.S.S.
26/94 dictada sobre la base del sistema de movilidad por
variación del AMPO establecido por la ley 24.241.
29) Que ya se ha hecho referencia acerca de la imposibilidad
de que por el período posterior al 1° de abril de
1991 la «movilidad» referida pueda ser asegurada en base
-//-
C. 278. XXVIII
45 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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s/ reajustes por movilidad.
-//- a índices de actualización (considerando 23). Ello es
directamente contrario a la ley 23.928 y una solución de
esa especie sería insostenible.
Que, a falta de una alternativa más plausible, y
de conformidad con la obligación que tienen los jueces de
juzgar las causas sometidas a su conocimiento, sin que les
sea dado alegar silencio, oscuridad o insuficiencia de las
leyes (art. 15 del Código Civil), entiéndese adecuada a una
satisfactoria preservación de la garantía constitucional en
juego, ordenar que por el período transcurrido desde el 1°
de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1994, deberá ser
aplicada, por cada año, una movilidad del 3,28% por ser
esta variación de igual extensión cuantitativa que la
experimentada por el aporte medio prevsional obligatorio
(AMPO), estimado por las resoluciones de la Secretaría de
Seguridad Social n° 9/94, 26/94 y 171/94, que abarcan el
lapso transcurrido desde que entró en vigencia el sistema
de la ley 24.241, hasta que entró en vigor el nuevo régimen
instituido por el artículo 7°, inciso 2°, de la ley 24.463.
Con lo cual, al concluir el aludido período al 31
de marzo de 1994 la movilidad acumulada asciende a un
10,17% que sumado a la variación que experimentó el AMPO
durante la vigencia de la ley 24.241 arroja un total para
el lapso 1/4/91 al 31/3/95 del 13,78%.
Que la solución que se adopta queda limitada, en
lo que concretamente concierne a cada supuesto, a que los
haberes previsionales que se ordenan adecuar a la pauta
enunciada, nunca podrán exceder los porcentajes
establecidos por

//-
-//-las leyes de fondo, límite que para el caso impide todo
reconocimiento de un monto mensual del beneficio que supere
las proporciones fijadas por el art. 49 de la ley 18.037 sobre
los haberes de actividad.
30) Que con relación a la inconstitucionalidad de
los topes previstos en el art. 55 de la ley 18.037, cabe
señalar que la fijación de haberes máximos en materia de
jubilaciones y pensiones ha sido convalidada por esta Corte
desde su establecimiento por vía legal y reglamentaria, pues
se ponderó que la previsibilidad de las erogaciones tanto
máximas como mínimas constituye «valor inherente a la eficiencia
del sistema previsional instaurado», circunstancia
que «torna razonable entender incluida la movilidad dentro de
los límites que, con criterio a él reservado, establezca el
Poder Legislativo para los haberes jubilatorios». Ello,
enfatizó el Tribunal, «permite alcanzar una distribución
justa y general de los beneficios previsionales con resultados
eficaces» (Fallos: 292:312). Posteriormente, y llamada a
pronunciarse en numerosos planteos de confiscatoriedad
deducidos por los beneficiarios señaló que «para llegar a
establecer la solución que corresponda al caso concreto» era
preciso «determinar si en las circunstancias de la respectiva
causa aparece o no quebrada la regla de la razonable
proporcionalidad» (Fallos: 307:1985).
Dichos criterios resultan de aplicación en la actualidad,
máxime si se tiene en cuenta que del sistema vigente
-art. 9° de la ley 24.463- surgen pautas específicas que
confirman el sistema de topes que -salvo prueba en contrario
no producida en la causa- no pueden reputarse lesivas de
principios generales reconocidos por la jurisprudencia del
-//-
C. 278. XXVIII
46 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//-Tribunal sobre la materia, máxime si se tiene en
consideración que el sistema se basa en la solidaridad de
sus integrantes en términos reiteradamente señalados,
habida cuenta de las actuales circunstancias de la economía
y en vista de la crisis financiera del sistema.
31) Que en lo atinente al régimen de movilidad de
los haberes previsionales posteriores a la vigencia de la
ley 24.463 que, según el inciso 2° del art. 7°, será el que
determine la ley de presupuesto, corresponde señalar que no
se advierte que el criterio empleado en la norma aparezca
como irrazonable con relación a la índole del problema cuya
solución procura, habida cuenta de que la Constitución
Nacional ha dejado librada a la prudencia del legislador
establecer la forma y condiciones en que se hará efectiva
la garantía del art. 14 bis (confr. considerando 19), sin
que al presente se derive menoscabo del funcionamiento del
régimen en cuestión y resulta conjetural y prematuro el
planteo sustentado en la norma superior mencionada.
Por ello y oído el señor Procurador General, se
declara abstracta la cuestión planteada en el recurso
extraordinario con respecto a los intereses, se lo declara
procedente en las demás cuestiones planteadas y se revoca
la sentencia apelada en cuanto ha sido objeto de recurso.
Asimismo, se declara la inconstitucionalidad del art. 7°,
inciso 1°, apartado b, de la ley 24.463, en cuanto a la
movilidad que corresponde desde el 1° de abril de 1991,
hasta que entró en vigencia el régimen instaurado por la
ley 24.241, ordenándose que aquélla resulta procedente por
el período en cuestión según el alcance fijado. Notifíquese
y devuélvase. ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
ES COPIA
DISI -//-
C. 278. XXVIII
47 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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del Estado y Servicios Públicos s/
reajustes por movilidad.
-//- DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO
CESAR BELLUSCIO, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON
GUSTAVO A. BOSSERT
Considerando:
1°) Que en el pronunciamiento de la Sala III de
la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social se
admitió el reajuste de haberes solicitado y, por lo tanto,
se dispuso una redeterminación del correspondiente al
comienzo del beneficio jubilatorio y se fijaron las nuevas
pautas de movilidad según las variaciones de los índices
del salario básico de convenio de la industria y la
construcción, siempre que el haber resultante de aplicar
los arts. 53 y 55 de la ley 18.037 determinara un perjuicio
al jubilado superior al 10% con respecto al método
establecido en la sentencia, caso en el que deberían
liquidarse las diferencias respectivas mientras se
mantuviera vigente ese sistema legal cuyas normas, se
estimó, no habían quedado afectadas por la sanción de ley
de convertibilidad 23.928. Asimismo, se estableció la tasa
de interés que debía regir desde el 1° de abril de 1991
(fs. 42/43).
2°) Que contra esa decisión la ANSeS dedujo
recurso extraordinario (fs. 47/50), concedido a fs. 55, en
el que cuestiona lo resuelto por el tribunal porque, según
sostiene, a partir de la ley de convertibilidad no es
razonable mantener un criterio que corresponde a épocas
caracterizadas por el envilecimiento monetario, más allá de
que el fallo resulte contradictorio al aplicarse en él la
ley 23.928 como límite para efectuar el reajuste de las
sumas debidas en concepto de retroactividades mal
liquidadas y al negarse a se
-//-
-//- guir la misma pauta para determinar los haberes futuros,
a pesar de que desde su vigencia resultan derogadas todas las
normas que establecen reajustes y de que los aumentos
salariales operados no han respondido a una política de
alcance general sino a la productividad particular de las
empresas, todo lo cual llevaría al desconocimiento de la
naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales. Por
último, objeta la aplicación de la tasa de interés activa
desde el 1° de abril de 1991.
3°) Que el recurso extraordinario ha sido bien concedido
pues la alzada declaró la invalidez de los arts. 53 y
55 de la ley 18.037 por resultar contrarios a las garantías
de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, como
también por haberse cuestionado la inteligencia de normas federales
como son la ley 23.928 y la 24.463. Corresponde, entonces,
tratar esos agravios que se vinculan con el mecanismo
de movilidad establecido por la sentencia a partir del 1° de
abril de 1991, pues el período anterior a esa fecha no fue
objeto de impugnación y existe a su respecto cosa juzgada que
-según conocida jurisprudencia del Tribunal- configura uno de
los pilares sobre los que se asienta nuestro régimen jurídico
y un derecho adquirido que goza de la protección reconocida
del derecho de propiedad por el art. 17 de la Constitución
Nacional (Fallos: 307:1709, 1289; 311:495, 651, 2058;
312:122).
4°) Que, por el contrario, debe declararse improcedente
el remedio articulado respecto de la tasa de interés
dispuesta en el fallo desde la vigencia de la ley 23.928,
pues el actor se avino a la pretensión de la ANSeS referente
a que se aplicara la tasa de interés pasiva para el cálculo
correspondiente (fs. 53/53 vta.), motivo por el cual resulta
-//-
C. 278. XXVIII
48 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//-innecesario que el Tribunal se expida sobre este punto
(confr. causas P.506.XXVII «Paats, Bernardo Guillermo c/
Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y
Actividades Civiles» y R.109.XXIX «Rimoldi, Alberto Luis c/
Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y
Actividades Civiles», falladas con fecha 9 de agosto de
1994 y 23 de noviembre de 1995, respectivamente); de modo
que procede tratar el método de movilidad adoptado por la
cámara y la incidencia que tienen las leyes 23.928 y 24.463
sobre esta materia.
5°) Que esa última ley, llamada de «Solidaridad
Previsional», introduce modificaciones sustanciales y de
forma a la ley 24.241; particularmente, deroga su artículo
160 que reconocía derechos adquiridos al tiempo de su
entrada en vigor y mantenía a los jubilados en el goce de
la movilidad fijada por leyes anteriores (art. 11, apartado
1), a la vez que contiene normas específicas sobre haberes
correspondientes a diversas épocas (arts. 7 y 10); por lo
que, frente a las consecuencias que podría provocar su
aplicación al caso, se dispuso oír a ambas partes en razón
de que la Corte debe atender a las circunstancias
existentes al momento de dictar sus decisiones, aunque
ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso
extraordinario (Fallos: 281:117; 310: 112, 670, 2246;
311:870, 1219, 1680, 1810, 2131; 312:891), sin que se
advierta óbice constitucional que impida la continuación
del trámite y el dictado de la sentencia en la instancia
del art. 14 de la ley 48.
6°) Que si bien es cierto que con motivo de la
entrada en vigencia de las nuevas normas, cuya aplicación
po
-//-
-//- dría incidir en la decisión de causas que se hallaban en
trámite ante sus estrados, esta Corte dispuso remitir los
expedientes al tribunal de origen a fin de que se expidiera
sobre los puntos en litigio según la nueva legislación, también
lo es que las circunstancias en que se suscitaron dichos
pronunciamientos difieren sustancialmente de las que corresponden
al presente caso, pues mientras en aquéllos la
normativa posterior exigía el estudio de aspectos ajenos a la
vía del remedio federal que podrían incidir en la solución y
aun tornar abstractos los agravios propuestos (causa F.17.XX
«Fisco Nacional (DGI) c/ Carbocomet, S.A.I.C.I y F. s/ cobro
de impuestos de Ganancias- Ejecución Fiscal»; A. 492.XIX
«Angel Ciminello s/ solicita se declare argentino nativo a
Michael Angel Ciminello» y V.245.XIX «Vaz de Castro, José s/
excepción al servicio militar» de fechas 24 de julio, 11 de
octubre y 18 de diciembre de 1984, respectivamente), en estas
actuaciones la índole de la materia en examen, la gran
cantidad de causas apeladas, el lapso transcurrido entre el
fallo y las nuevas disposiciones legales, exigen una
consideración especialmente cuidadosa de la situación a fin
de evitar que se dilate irrazonablemente el dictado de la
sentencia.
7°) Que no debe perderse de vista que el procedimiento
previsional se vincula con personas que, por lo general,
han concluido su vida laboral y, en la mayoría de los
casos, han supeditado su sustento a la efectiva percepción de
los haberes que les corresponden por mandato constitucional.
El fin protector de las prestaciones comprometidas justifica
adoptar el criterio que más convenga a la celeridad del
juicio, siempre y cuando las partes hayan tenido la oportunidad
de ser oídas con arreglo a las reglas del debido pro
-//-
C. 278. XXVIII
49 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- ceso, como ocurre en el caso según surge de las
presentaciones a fs. 85/86, 87/91, 94 y 98.
8°) Que, por lo demás, se advierte que seguir el
criterio propuesto por el Sr. Procurador General podría importar,
además de un dispendio innecesario de actividad jurisdiccional,
una efectiva privación de justicia (Fallos:
310:2842), de modo que corresponde a esta Corte declarar el
derecho de las partes con relación a los puntos en disputa,
para lo cual han de tratarse las impugnaciones del recurso
extraordinario y las que se vinculan con la aplicación de
la ley 24.463, en cuanto resulten conducentes para resolver
sobre el régimen de movilidad que debió regir las
prestaciones previsionales a partir del 1° de abril de
1991.
9°) Que resulta oportuno señalar, previamente,
que esta Corte ha sostenido, desde sus orígenes, que las
jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia o un
favor concedido por el Estado, sino que son consecuencia de
la remuneración que percibían como contraprestación laboral
y con referencia a la cual efectuaron sus aportes y como
débito de la comunidad por dichos servicios, por lo que una
vez acordadas configuran derechos incorporados al
patrimonio y ninguna ley posterior podría abrogarlos más
allá de lo razonable, pues encuentran como valla
infranqueable expresas garantías de orden constitucional
(Fallos: 289:430; 292:447; 293:26, 94; 294:83; 310:991;
311:530; causa M.709.XXII «Martiré, Eduardo F. c/ Poder
Judicial de la Nación s/ ordinario» del 4 de marzo de 1993
y causa H.57.XXV «Hernández, Raúl Oscar c/ Provincia de
Buenos Aires – Instituto de Previsión Social» del 22 de
septiembre de 1994).
-//-
-//- 10) Que tal conclusión surge de las normas que reglamentan
el régimen jubilatorio que, con particular referencia
a los derechos reconocidos en el art. 14 bis de la Constitución
Nacional con carácter integral e irrenunciables, establecen
una serie de requisitos que por lo regular se refieren
a la edad, antigüedad en los servicios y aportes, cuyo
cumplimiento habilita a los interesados para reclamar la jubilación,
sin que su otorgamiento dependa de la discrecionalidad
o potestad del Estado, bien que por ser una institución
eminentemente social el monto de la prestación no necesariamente
debe guardar una correlación exacta con el de las
retenciones efectuadas durante la vida activa de los beneficiarios.
11) Que, sobre tales bases, el Tribunal ha reconocido
que la jubilación otorgada configura un derecho adquirido
y ha rechazado enfáticamente las disposiciones que pudieran
alterarla, modificarla o herirla sustancialmente pero ha
admitido en forma paralela la validez de disposiciones legales
que introducían para el futuro quitas en los haberes por
razones de interés general, siempre que dichas normas no fueran
confiscatorias o arbitrariamente desproporcionadas (Fallos:
158:127; 179:394; 234:717; 258:14; 300:616; 303:1155).
12) Que debe tenerse presente que el art. 14 bis de
la Constitución Nacional reconoce el derecho a la movilidad
de las jubilaciones y que no ha establecido pauta alguna al
efecto, lo cual significa que ha dejado librado a la prudencia
del legislador establecer las condiciones en que aquél
se hará efectivo, mas tal derecho no puede ser desvirtuado ni
alterado por las normas regulatorias pertinentes pues está en
juego el cumplimiento de una disposición consti
-//-
C. 278. XXVIII
50 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//-tucional en función de una normativa que debe ser
razonable y que no puede desconocer el derecho
reglamentado, lo que lleva a formular algunos conceptos que
responden a la naturaleza de la cuestión planteada.
13) Que, en efecto, esta Corte ha reafirmado que
el contenido de esa garantía no se aviene con disposiciones
que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios
por un término incierto (Fallos: 293:551; 295:674;
297:146), ni con aquellas en que el mecanismo de movilidad
se traduzca en un desequilibrio de la razonable
proporcionalidad que debe existir entre la situación del
trabajador activo y el jubilado, en grado tal que pudiera
calificarse de confiscatoria o de injusta desproporción con
la consecuente afectación de la naturaleza sustitutiva de
la prestación (Fallos: 300:616; 304:180; 305:611, 770,
953).
14) Que en tutela del derecho a la movilidad el
Tribunal admitió que la cuantía del deterioro del haber
fuese establecida en términos diferentes según las épocas,
al punto de que terminó por aceptar que la aplicación del
sistema de coeficientes previstos por los arts. 49 y 53 de
la ley 18.037 llevaba a una solución contraria a dicho
derecho y que el mecanismo subsidiario ideado por la cámara
respectiva, consistente en la utilización del índice de
peón industrial en reemplazo de coeficientes desconocidos,
insuficientes o tardíos, saneaba el deterioro derivado de
una falencia en la ejecución de la norma cuya validez había
sido reconocida en su origen y había devenido
inconstitucional por su ineficacia posterior para hacer
efectiva la aludida garantía de movilidad (véase Fallos:
308:1848; 310:2212).
-//-
-//- 15) Que también debe señalarse que la movilidad de
que se trata no es el mero reajuste por inflación medido con
relación a un índice periódico que se vincula con alguna de
las variables económicas, sino que es una previsión de orden
constitucional que tiene un profundo contenido humanitario y
social que debe ser acatada por los tres poderes del Estado;
de modo que, más allá de cómo haya de fijarse el régimen para
hacerla efectiva en el futuro, al Tribunal compete verificar
si las previsiones establecidas resultan adecuadas para
satisfacer el derecho reconocido por la norma superior a partir
del 1° de abril de 1991 hasta el dictado de la ley
24.463, habida cuenta de que a partir de la vigencia de esta
última «todas las prestaciones de los sistemas públicos de
previsión tendrán la movilidad que determine la ley de presupuesto»
(art. 7, inciso 2).
16) Que, por lo tanto, es preciso determinar el alcance
de la ley 24.463 en cuanto sus arts. 7 y 10 difieren
sustancialmente en aspectos que tienen una decisiva incidencia
en el caso, pues mientras este último establece que la
ley es federal y de orden público (inciso 1) y que «no se
aplicará retroactivamente respecto de haberes correspondientes
a períodos anteriores a su entrada en vigencia» (inciso
2), en aquel otro se prevé que las «prestaciones correspondientes
a períodos comprendidos entre el 1° de abril de 1991
y la fecha de promulgación de la presente ley se ajustarán
según las disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y por organismos
de su dependencia» (inciso 1, apartado b). A su vez,
al tiempo de reglamentarse el aludido art. 7, el decreto
525/95 sólo excluyó de la aplicación de la pauta de ajuste
ordenada en dicha norma a los haberes no percibidos que -//-
C. 278. XXVIII
51 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- hubieran sido puestos a disposición antes de la
sanción de la ley.
17) Que para zanjar esa diferencia resulta
necesario dejar en claro que al tiempo de sancionarse el
sistema integrado de jubilaciones y pensiones por la ley
24.241 -B.O. 18/10/93-, vigente ya la ley de
convertibilidad 23.928, el legislador reglamentó nuevamente
el derecho constitucional a la movilidad respecto de las
prestaciones del régimen de reparto en función de las
variaciones entre dos estimaciones consecutivas del AMPO,
medida ésta que también se relaciona con las remuneraciones
e ingresos de los trabajadores sujetos a aportes
previsionales (arts. 21, 32 y 39). Sin embargo, dispuso de
modo explícito respetar la movilidad reconocida por leyes
anteriores y que los beneficios se continuaran liquidando
según las fórmulas que regían a la fecha de su entrada en
vigor (art. 160), entre las cuales se hallaba comprendida
la del art. 53 de la ley 18.037 que, como es sabido,
regulaba el régimen básico para los trabajadores en
relación de dependencia en forma inmediatamente anterior a
la reforma, conclusiones que no se alteran por los términos
del decreto 2433/93 -reglamentario de la ley 24.241- que no
permite extraer una solución opuesta a la que resulta de
los inequívocos términos de la norma reglamentada.
18) Que el art. 160 mencionado mantuvo su
vigencia hasta el dictado de la ley 24.463 -B.O. 30/3/95-
que dispuso su derogación sin asignarle efectos
retroactivos a ese acto (confr. arts. 11, inc. 1, y 33 ley
citada y art. 3 del Código Civil), hecho que permite
afirmar que el art. 7, inc. 1, apartado b, de la ley de
solidaridad no armoniza con lo es
-//-
-//- tablecido por la ley 24.241 en lo relativo a la movilidad
por el período no alcanzado por la derogación, a la vez
que se opone a las demás prescripciones del mismo cuerpo
legal (arts. 10 y 11, inc. 1). Ello es así pues al restringir
el derecho constitucional en juego a las disposiciones que
oportunamente hubiesen dictado las autoridades correspondientes,
se hace necesario señalar que en el lapso que va
desde el 1° de abril de 1991 hasta la sanción de la ley
24.241, tales normas sólo han dispuesto ajustes por períodos
anteriores a esa fecha y nada han previsto para los posteriores
(conf. resoluciones S.U.S.S. 4/91; S.S.S. 28/92 y S.S.S.
37/92), lo que implica un congelamiento absoluto de la
prestación a pesar de que, según surge de todos los indicadores
que elaboran los organismos oficiales, durante ese tiempo
las variables económicas registraron movimientos apreciables
que incluyen al índice del nivel general de las
remuneraciones.
19) Que a partir de la sanción de la ley 24.241
únicamente se ha reconocido un incremento de haberes previsionales
derivado de la variación del AMPO inferior al 4%
(conf. resolución S.S.S. 26/94), hecho que a la hora de interpretar
sobre la eficacia de las normas en juego justifica
decidir la cuestión aplicando la pauta que mejor se avenga
con la movilidad de las prestaciones consagradas por el art.
14 de la Constitución Nacional, pues la interpretación de las
leyes debe hacerse de manera sistemática y no en forma
aislada, correspondiendo dar primacía a las de jerarquía superior
en caso de oposición o de sentido dudoso, lo cual lleva
a dar preferencia a lo dispuesto por los citados arts. 10
y 11 que, por otra parte, se compadecen con el principio general
de que las leyes disponen para lo futuro y no tienen
-//-
C. 278. XXVIII
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s/ reajustes por movilidad.
-//- efecto retroactivo.
20) Que aun cuando no resulta dudosa la validez
de las cláusulas legales sobre retroactividad,
particularmente la de las que atañen a disposiciones de
orden público, esa retroactividad «en ningún caso podrá
afectar derechos amparados por garantías constitucionales»
(art. 3 del Código Civil). La declaración de tal alcance
debe surgir en forma expresa, circunstancia que no resulta
así de la ley 24.463, más allá de que el mensaje del Poder
Ejecutivo que acompañó al proyecto señala -en no menos de
tres oportunidades- que se ha pretendido establecer una
reforma para el futuro desechándose la posibilidad de
asignarle efectos retroactivos.
21) Que, en consecuencia, se impone verificar si
la norma aplicable al presente reclamo que -en función de
lo expresado- no es otra que la del art. 53 de la ley
18.037, reconocía derechos que pudieran resultar frustrados
por la aplicación de una disposición posterior que
restringió el derecho a la movilidad en la forma que se ha
señalado, respuesta que no puede ser sino afirmativa ante
el evidente desfase que resulta de la realidad económica
ponderada y de los alcances de la movilidad de los haberes
reconocidos, ya sea que se tomen en cuenta las mediciones
provenientes del índice del nivel general de las
remuneraciones o el salario medio que surge de la encuesta
permanente realizada por la Secretaría de Seguridad Social,
pues ambas ponderan los ingresos de los trabajadores según
ámbitos globales.
22) Que bajo tal comprensión es indudable que el
art. 10 de la ley 24.463 es coherente con las disposiciones
establecidas con anterioridad por la ley 24.241 y con la de
-//-
-//- rogación de su art. 160 para el futuro, lo que permite
concluir que por el lapso en que se encuentra pendiente de
resolución la movilidad de los haberes en esta causa, la
pauta prevista por el art. 53 de la ley 18.037 mantiene su
vigencia pues, como se ha visto, no sólo fue reafirmada por
la ley de creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, sino que al tiempo de dictar este pronunciamiento
se aprecia como una razonable reglamentación del derecho
cuestionado, criterio que ya había sustentado esta Corte en
los primeros tiempos de su vigencia (Fallos: 237:142; 300:
194) y que se ve corroborado frente al conocimiento de los
índices resultantes de la encuesta a que hace referencia
dicha norma (véase Res. M.T.S.S. 249/91 y publicación en
«Previsión Social, Revista del Sistema Unico de la Seguridad
Social» números 8 y 9).
23) Que una consideración final sobre el tema justifica
señalar que no podría admitirse que el referido art. 7
haya podido legitimar a posteriori el incumplimiento de las
normas en materia de movilidad de haberes por parte de la
autoridad respectiva, pues al estar en juego derechos que se
han ido gestando y adquiriendo con anterioridad en función de
la ley reglamentaria del derecho constitucional, no podrían
ser abrogados de manera confiscatoria o arbitrariamente
desproporcionada por una disposición ulterior, ya que en tal
caso el precepto entraría en colisión con enunciados de mayor
jerarquía y permitiría al juzgador dejarlo de aplicar a fin
de asegurar la primacía de la Ley Fundamental (Fallos:
307:2376; 308:857).
24) Que desbrozados los escollos que podían incidir
en la solución del caso, deben tratarse los agravios que
motivaron el remedio federal con fundamento en la ley 23.928.
-//-
C. 278. XXVIII
53 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- A ese fin resulta conducente señalar que la movilidad
es un concepto que trasciende las simples mediciones de los
factores económicos y no se limita a la noción de reajuste
por inflación, como parece sugerirlo la recurrente cuando
niega razonabilidad a la solución que mantiene criterios
utilizados para épocas caracterizadas por el envilecimiento
de la moneda, al punto de que reputa derogado el art. 53 y
sostiene que la solución contraria desconocería el carácter
sustitutivo de las prestaciones porque los incrementos
salariales han correspondido a aumentos por productividad
no trasladables al sector pasivo.
25) Que por referirse el art. 53 a la reglamentación
del derecho reconocido por el art. 14 bis de la
Constitución Nacional, resulta necesario señalar que la ley
23.928 no ha tenido en vista suprimir dicha reglamentación
ni establecer pauta alguna sobre el tema, pues de su
contenido y espíritu no surge motivación válida que permita
sostener una afirmación opuesta, y más allá de que pueda
configurar un claro intento por alcanzar la estabilidad
monetaria y combatir las causas que provocaban la
inflación, de ello no se sigue que haya buscado privar a la
clase pasiva de una garantía constitucional indiscutible
que se concreta en una cierta relación que debe existir
entre las remuneraciones de los activos y pasivos y en el
respeto de los derechos adquiridos.
26) Que para interpretar la falta de toda
referencia sobre este tema en la ley 23.928, resulta
oportuno tener en cuenta los antecedentes del debate
parlamentario que precedió a su sanción, pues de las
expresiones de los legislado-

//-
-//-res de ambas cámaras del Congreso se advierte que el conjunto
de disposiciones contenido en el título II del proyecto
-finalmente sancionado- se hallaba dirigido, fundamentalmente,
a «quebrar» la llamada inflación inercial provocada
por la práctica de trasladar automáticamente los incrementos
de los precios al resto de las variables económicas y que el
criterio adoptado para prohibir, desde el 1° de abril de
1991, todos los mecanismos de ajuste por depreciación monetaria,
de ningún modo podía importar un «congelamiento» de
sueldos y jubilaciones.
27) Que, en efecto, al informar sobre los alcances
de la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo, el senador
Romero señaló a los miembros de la Cámara Alta que la «desindexación»
de precios, cuotas o alquileres no comprendía a los
salarios. Con particular referencia a la derogación de normas
sobre «indexación» prevista en el artículo 10 del proyecto,
el miembro informante aclaró que dicha derogación no
implicaba que se estuviera pensando en un «congelamiento» de
las remuneraciones laborales. «El incremento salarial -agregó-
se puede producir tantas veces como las partes lo convengan,
pero no por vía de la indexación, sino mediante acuerdos,
los que tienen relación con el incremento de la productividad,
con el aumento de la actividad económica…».
28) Que el legislador informante, al responder a
inquietudes y dudas que planteaba otro senador referentes a
los efectos que produciría la sanción de la ley en el valor
real de los sueldos y las jubilaciones, insistió en precisar
que «el texto legal en ningún momento habla de congelamiento
de las jubilaciones y los salarios…» y destacó que no resultaba
conveniente «dar la sensación de que la desindexa-
-//-
C. 278. XXVIII
54 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos s/
reajustes por movilidad.
-//-ción de la economía significaba un congelamiento de los
salarios ni algo parecido…», ya que nada impedía que se
aumentaran las remuneraciones «por una mayor productividad,
incremento de demanda o mayor ocupación».
29) Que tales conceptos configuran una pauta trascendente
al tiempo de fijar el alcance de la ley 23.928, ya
que ponen en evidencia que el tema no fue ajeno a la
preocupación de los legisladores y que el silencio de la
ley respecto de los haberes jubilatorios, ha sido
interpretado por el órgano político que la sancionó como
una exclusión que dejaba, tanto a los trabajadores como a
los beneficiarios del sistema previsional, a salvo de un
congelamiento en sus ingresos a partir de la entrada en
vigencia de la ley de convertibilidad.
30) Que, además, si los salarios no estuvieron
congelados y su evolución siguió siendo medida por diversos
índices -índice general de remuneraciones, índice del
salario medio normal y permanente, índice de peón
industrial, hoy llamado salario básico de convenio- no
puede admitirse la pretensión de legitimar ese
congelamiento en los haberes previsionales, pues la
naturaleza sustitutiva de las prestaciones jubilatorias
propias de regímenes contributivos, impone al Estado el
deber de resguardar un equilibrio razonable de los ingresos
de pasividad con los salarios de actividad (art. 14 bis,
Constitución Nacional; véanse considerandos 13 y 15 de este
fallo).
31) Que por ser ello así debe reconocerse que la
movilidad de los haberes previsionales prevista por el art.
-//-
-//- 53 de la ley 18.037, mediante la utilización de un índice
oficial que mide las variaciones salariales producidas
efectivamente desde el 1° de abril de 1991, no constituye una
forma de «indexación» por desvalorización monetaria prohibida
por la ley 23.928, supuesto que sólo podría haberse
configurado si la pauta de movilidad hubiese estado vinculada
con un índice de precios que, con independencia de la
realidad de los salarios, llevara a un reajuste de haberes de
manera automática.
32) Que esa diferenciación de sustancia aparece
clara en el campo del derecho previsional, desde que la cláusula
constitucional del art. 14 bis impone, como un deber
ineludible del Estado, el otorgamiento de jubilaciones y pensiones
móviles, norma que al haber sido reglamentada por el
art. 53 de la ley 18.037 determinaba que el contenido económico
de la prestación dependiera de una variable que se
correlacionaba con las remuneraciones de actividad. A su vez,
esa variable constituía la base sobre la que se fijaba el
porcentaje de aportes y contribuciones exigido para financiar
el sistema de seguridad social.
33) Que, en cambio, el reajuste por «indexación»
monetaria de los créditos de la seguridad social tenía su
propia regulación jurídica en la materia, mediante las leyes
21.864 y 23.659, destinada a mantener el valor de la obligación
dineraria frente a los efectos de la inflación. Estas
últimas leyes han quedado alcanzadas por los arts. 7 y 10 de
la ley de convertibilidad, lo que no ha impedido, sin embargo,
que en la reglamentación de la ley 23.928 el Poder Ejecutivo
Nacional interpretara los efectos que producía dicho ré
-//-
C. 278. XXVIII
55 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos s/
reajustes por movilidad.
-//-gimen con respecto a los créditos incluidos en el art.
7 de la ley 21.864, modificada por el art. 34 de la ley
23.659, exclusivamente (conf. decreto 589/91).
34) Que en oportunidad de dictar el decreto 529/
91, reglamentario de la ley 23.928, el Poder Ejecutivo hizo
mérito de «la derogación e inaplicabilidad de cualquier
procedimiento indexatorio establecido para el futuro en los
artículos 7° y 10 de la ley», y estimó que resultaba «útil
también realizar algunas aclaraciones» respecto de su
alcance, a cuyo efecto en el artículo 4 dispuso que no
estaban comprendidas en el art. 9 de la ley «las
obligaciones dinerarias, derivadas de las relaciones
laborales, alimentarias o previsionales». Y precisó, en el
art. 5, que «aquellas obligaciones dinerarias que se
ajusten por la evolución de un solo producto o correspondan
a la cuota parte del precio de un solo producto, tienen los
efectos de una permuta y no se encuentran alcanzados por
los artículos 7°, 9° y 10 de la ley», proposiciones éstas
que, examinadas a la luz de lo expresado precedentemente,
sirven para poner de manifiesto -aun cuando ese decreto fue
derogado parcialmente por el 959/91- la improcedencia de
pretender una generalización indebida de la normas de la
ley 23.928 que vedan el cómputo de la actualización
monetaria.
35) Que, por otra parte, en el mensaje de elevación
de la ley 24.241 al Congreso, el Poder Ejecutivo
afirmaba que, entre los objetivos perseguidos al presentar
la propuesta, se hallaba el de dar solución al problema del
endeudamiento previsional del Estado generado a partir del
1° de
-//-
-//- abril de 1991; pues admitía que el incumplimiento de la
fórmula de movilidad del haber fijada legalmente «de acuerdo
a la evolución del nivel general de las remuneraciones», no
había concluido en aquella fecha y que las retribuciones liquidadas
después continuaban siendo inferiores a las previstas
por el régimen de ajuste vigente (véanse especialmente
capítulos II, VII, ptos. a y b, y VIII de dicho mensaje).
36) Que si con posterioridad al año de entrada en
vigencia de la ley 23.928 el Poder Ejecutivo propició una
transformación sustancial del sistema jubilatorio nacional y
un conjunto de cambios en su régimen de financiamiento que se
hallaba dirigido de modo explícito a lograr -entre otros
objetivos- el cumplimiento cabal de las disposiciones que regían
a esa fecha respecto de la determinación de haberes y
movilidades, carece de sustento considerar que la ley 23.928
haya podido derogar implícitamente la pauta de movilidad del
art. 53 de la ley 18.037.
37) Que en el referido mensaje se dijo expresamente
que «el hecho de que el sistema previsional se vea imposibilitado
de cumplir con el pago de haberes en los términos
que fija la ley no limita el derecho de los beneficiarios a
percibir los montos que surgen de la misma…»; «el reconocimiento
de este derecho de todo pasivo a percibir lo que indica
la ley se materializó en la consolidación de deudas
previsionales…»; «Pero esa consolidación apenas alcanzó a
la deuda generada en el pasado, continuando el proceso de generación
de nueva deuda a partir de abril de 1991, en la medida
en que el sistema previsional continúa retribuyendo a
los beneficiarios en montos inferiores a los que fija la
ley».
-//-
C. 278. XXVIII
56 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- 38) Que, sobre tales bases, el anteproyecto de lo
que luego sería la ley 24.241, presentado por el Poder
Ejecutivo, preveía disposiciones especiales respecto de la
situación de los jubilados y pensionados de la ley 18.037
que no estaban percibiendo sus haberes de acuerdo al
«sistema actual» -esto es, el previsto en el art. 53 de
dicha ley- que «contempla un mecanismo de ajuste o
movilidad de acuerdo a la evolución del nivel general de
las remuneraciones». Estas expresiones son suficientemente
demostrativas de un reconocimiento del Poder Ejecutivo
Nacional -compartido, a su turno por el Congreso de la
Nación al sancionar la ley 24.241- acerca del mantenimiento
de la vigencia del art. 53 después de haberse dictado la
ley 23.928.
39) Que, como consecuencia de lo expresado, no
pueden quedar dudas acerca de que el régimen establecido
por el art. 53 de la ley 18.037 no fue derogado por la ley
23.928, máxime cuando a las razones apuntadas se suman
otras de no menor significación fundadas en la ley 24.241 y
su proyección en el sistema jubilatorio anterior a su
vigencia. Esta ley estableció un procedimiento de movilidad
de los haberes previsionales en el que también se
computaban las variaciones salariales de los trabajadores
en actividad mediante una ponderación porcentual que, unida
a la del número de afiliados aportantes al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, debía reflejarse en
la elaboración de un indicador de carácter general y
periódico (AMPO) a cargo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. En suma, el texto de los artículos 32 y
160 de la ley 24.241 evidencia que la pauta de movilidad
prevista en la ley 18.037 no fue derogada ni expre-
-//-
-//-sa ni implícitamente por la ley de convertibilidad.
40) Que aun cuando se admitiera por vía de hipótesis
la existencia de alguna duda sobre si la ley 23.928 habría
derogado la movilidad de los haberes reglamentada por el
citado art. 53, correspondería resolver la cuestión negativamente
por aplicación del principio in dubio pro justitia
socialis -al cual la Corte le ha reconocido rango constitucional
(Fallos: 289:430)- pues así lo exigen la naturaleza
del tema y los criterios que llevan a evaluar las consecuencias
empíricas como pauta necesaria en la interpretación
de las normas, ya que de lo contrario debería crearse un remedio
sustitutivo de la ley, para cumplir con el art. 14 bis
de la Constitución Nacional, mediante soluciones pretorianas
que podrían importar una indebida sustitución de funciones
del Congreso por parte del Tribunal, con mengua del principio
republicano de la separación de poderes.
41) Que la comprensión integral del problema no
permite soluciones alternativas, pues si el Poder Ejecutivo
admitió la subsistencia del régimen de movilidad de la ley
18.037 y el Congreso de la Nación confirmó ese criterio en
disposiciones expresas de la ley 24.241, no resulta legítimo
que la ANSeS -repartición pública que depende del Poder Ejecutivo
Nacional- pretenda desconocer por completo una garantía
constitucional que tiende a amparar derechos humanos en
una etapa de la vida en que la protección resulta más necesaria,
y esta Corte no debería ignorar lo actuado por los otros
poderes del Estado con la consecuencia de desatender las
pautas que se han enunciado como básicas en esta materia.
42) Que otra consideración sobre este tema se justifica
a raíz de la Resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social n° 127 del 27 de enero de 1994 que dispone
-//-
C. 278. XXVIII
57 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- actualizar -para la determinación del haber inicial de
los jubilados a que se refiere el art. 49, inc. 1°, de la
ley 18.037- los ingresos con posterioridad al 1° de abril
de 1991, según el índice general de las remuneraciones;
pues si para establecer el punto de partida de las
prestaciones previsionales la autoridad de aplicación ha
mantenido la actualización de los valores en función del
índice establecido por la ley 18.037, resulta un sinsentido
pretender negar la aplicación de esa misma pauta cuando se
trata de los reajustes por movilidad de las prestaciones
otorgadas, ya que en definitiva en ambos supuestos está
presente el carácter sustitutivo del salario, en función de
una interpretación que pondera en debida forma la realidad
económica.
43) Que a igual solución debería llegar esta
Corte aún en el hipotético caso de que se admitiera la
tesis de la ANSeS en el sentido de que la ley 23.928 derogó
el art. 53 de la ley 18.037, dado que al haber dejado sin
efecto la norma reglamentaria del derecho constitucional a
la movilidad sin establecer una regulación sustitutiva, la
situación resulta equivalente al supuesto en que se
modifica un régimen jubilatorio por otro que es declarado
inconstitucional, caso en que este Tribunal ha considerado
razonable aplicar aquél en cuyo amparo se obtuvo el
beneficio (Fallos: 294: 140; 305:2129 y 307:858); solución
apropiada en el caso porque el sistema pretendidamente
derogado según la posición de la ANSeS fue reputado
legítimo en reiteradas oportunidades por la Corte (Fallos:
295:694 y 304:470).
44) Que, por lo expuesto, es claro que el art. 53
de la ley 18.037 no fue derogado por la ley de convertibili
-//-
-//- dad. En consecuencia, resuelta por el a quo con carácter
de cosa juzgada la redeterminación del haber inicial y
dispuestos los reajustes de dicho haber hasta el 31 de marzo
de 1991, corresponde volver -frente a una situación de
estabilidad en el valor de la moneda- al sistema adoptado por
la ley 18.037 como modo de dar solución al tema de la
movilidad de las prestaciones jubilatorias. El cambio en las
condiciones fácticas y la publicación oficial de las variaciones
del nivel general de las remuneraciones registradas
por la Secretaría de Seguridad Social -art. 53, ley 18.037-
permiten que las disposiciones respectivas puedan aplicarse
al período anterior a la vigencia de la ley 24.463 sin mengua
del derecho reconocido en la norma constitucional.
45) Que ello impone efectuar algunas precisiones
acerca del régimen instituido por la ley 18.037 (B.O. 20/1/
69), pues aun cuando desde sus orígenes esa norma reconoció
expresamente el derecho a la movilidad según las variaciones
producidas en el nivel general de las remuneraciones, la
aplicación efectiva de esta pauta dependía de su instrumentación
mediante el dictado de un coeficiente anual que debía
fijar el Poder Ejecutivo sobre el último haber jubilatorio
(art. 51, ley citada).
46) Que el sistema de determinación del haber inicial
allí previsto, pretendía «otorgar al trabajador algo más
que una simple pensión a la vejez relacionando el haber de
jubilación o pensión con las remuneraciones percibidas durante
un determinado período de su vida activa» y garantizar
el mantenimiento de un nivel «acorde con el que disfrutaba
durante los últimos años de la relación laboral»; y con particular
referencia a la movilidad por coeficientes anuales –
según las variaciones del nivel general de las remuneracio
-//-
C. 278. XXVIII
58 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- nes- buscaba «asegurar al sector pasivo un incremento
de haberes similar al obtenido por los trabajadores en actividad»
(conf. mensaje de elevación del proyecto al Poder
Ejecutivo).
47) Que dicho sistema de coeficientes anuales
para practicar la movilidad fue abandonado al sancionarse
la ley 21.118, que estableció que aquélla debía efectuarse
«dentro de los treinta días de modificadas las
remuneraciones de los activos y en la misma proporción»,
norma ésta que fue mantenida al dictarse la ley 21.327.
Finalmente, la ley 21.451 dispuso que «dentro de los
sesenta días de producida una variación mínima del 10% en
dicho nivel general -de las retribuciones- o de establecido
un incremento general de las remuneraciones cualquiera
fuere su porcentaje, la Secretaría de Estado de Seguridad
Social dispondrá el reajuste de los haberes de las
prestaciones en un porcentaje equivalente a esa variación»
(art. 53, ley 18.037 t.o. 1976).
48) Que por decreto 101/85 el Poder Ejecutivo Nacional
delegó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la
facultad de incrementar los haberes de las prestaciones
jubilatorias y de pensión a cargo de las cajas nacionales
de previsión, con las exclusiones que correspondieren y la
fijación de los montos mínimos y máximos del beneficio, así
como del índice de corrección para determinarlo (art. 2,
inc. g, ptos. 3 a 6).
49) Que de la reseña formulada se advierte, por
un lado, que la ley 18.037 mantuvo durante su vigencia el
método de coeficientes anuales para la determinación del
haber inicial, complementado con un «índice de corrección»
destina
-//-
-//-do a cubrir ciertas distorsiones que había puesto de manifiesto
la aplicación de aquel sistema (conf. ley 21.451 y
nota del proyecto respectivo); por otro, a partir de la modificación
dispuesta por la ley 21.118, para fijar la movilidad
se prescindió de la pauta del coeficiente anual que debía
dictar el Poder Ejecutivo y con posterioridad, para resguardar
ese derecho en forma «permanente» de acuerdo a las
variaciones del nivel general de las remuneraciones, la ley
21.451 ordenó la realización de una «encuesta» a cargo de la
Secretaría de Estado de Seguridad Social, pero el reajuste
respectivo quedó supeditado nuevamente al dictado de normas
por parte de dicha secretaría.
50) Que tales disposiciones debían reflejar un incremento
del haber de las prestaciones en un porcentaje «equivalente»
a las modificaciones producidas en el nivel general
de las remuneraciones, según los resultados arrojados por
la encuesta mencionada que tenía por finalidad «ponderar las
variaciones producidas en cada una de las actividades
significativas en relación al número de afiliados comprendidos
en ellas» (art. 53 ley 18.037 – t.o. 1976).
51) Que, bajo ese régimen normativo, el incumplimiento
de la autoridad de aplicación en dictar las disposiciones
de reajuste que debían reflejar dichas variaciones del
nivel general de las remuneraciones -ya sea por insuficiencia
de los aumentos otorgados o por el reconocimiento tardío de
ellos- y la falta de publicación de los resultados obtenidos
en la encuesta que le imponía el art. 53, fueron las causas
que llevaron tanto a la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo como a la Cámara Nacional de Apelaciones de la
Seguridad Social, a declarar la inconstitucionalidad del art.
53 y a sustituir el módulo de reajuste por otros in
-//-
C. 278. XXVIII
59 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- dicadores de la economía (índice de salarios del peón
industrial de la Capital Federal, índice de precios al
consumidor e índice mixto que combinaba las variaciones de
los anteriores).
52) Que no cabe identificar el mecanismo de
movilidad del art. 53 -que requería el dictado de
resoluciones dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo
para trasladar las variaciones del nivel general de las
remuneraciones al haber de pasividad- con el índice mismo
que registraba esas variaciones pues, aun cuando legalmente
aquellas disposiciones debían arrojar incrementos de la
prestación equivalentes a esas oscilaciones, en la práctica
ello no fue así y la movilidad del art. 53 quedó postergada
o desvirtuada por la discrecionalidad con que la autoridad
correspondiente estableció los aumentos fuera de los cauces
legales.
53) Que esta conclusión debe ser tenida en cuenta
para evaluar el período transcurrido desde la fecha de la
entrada en vigor de la ley de convertibilidad, dado que
fuera de las resoluciones que fijaron la variación del AMPO
-reglado por la ley 24.241- a partir del mes de abril de
1994 (resolución S.S.S. 26/94), la autoridad de aplicación
no dispuso ningún incremento de haberes correspondiente a
aquel lapso y se limitó a reajustar los coeficientes e
índices de corrección dictados por períodos anteriores, tal
como resulta de la resolución 28/92 de la Secretaría de
Seguridad Social que fijó un aumento en concepto de
rectificación de los valores establecidos por el período
anterior al 31 de marzo de 1991.
54) Que el mecanismo instituido por la ley 18.037
-//-
-//- -t.o. 1976- no garantizaba la movilidad en términos de
una relación directa de proporcionalidad con el haber de actividad
percibido por cada beneficiario (Fallos: 312:1153),
pero sus disposiciones son indubitables respecto a que el
monto determinado previamente sobre el promedio de los salarios
devengados, debía ser incrementado de modo «equivalente»
a las variaciones de las remuneraciones registradas en las
actividades más significativas, según los resultados
arrojados por una evaluación que de ellas debía realizar la
propia autoridad de aplicación.
55) Que la vuelta al sistema del art. 53 no puede
ser pensada sino en función del exacto cumplimiento de la ley
y no de lo actuado por la autoridad respectiva, pues de lo
contrario se convalidaría -de hecho- un congelamiento absoluto
del haber por más de 3 años y se llegaría a convalidar
también la solución que establece el art. 7, inciso 1,
apartado b, de la ley 24.463, en cuanto restringe el derecho
constitucional a los ajustes aprobados por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, fórmula que no es más que una expresión
retórica que prueba el incumplimiento de las exigencias
legales para fijar la movilidad. De los cuadros comparativos
que el Tribunal ordenó confeccionar al organismo previsional,
en los que no se consigna modificación alguna del haber
resultante de aplicar los ajustes que corresponderían según
el art. 53 desde el 31 de marzo de 1991, surge acreditado
el defecto en el cumplimiento de dicha norma y las consecuencias
sobre los haberes de jubilación.
56) Que frente a ello y habida cuenta de los incrementos
registrados tanto en el índice del nivel general de
remuneraciones a que se refiere el art. 53, como en el del
-//-
C. 278. XXVIII
60 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- salario medio normal y permanente, elaborados ambos
según los resultados de la encuesta que tiene a su cargo la
Secretaría de Seguridad Social, carecen de sustento los
agravios basados en que los ajustes dispuestos después del
31 de marzo de 1991 -sólo aplicables para el período anterior
a esa fecha- habrían satisfecho la previsión del art.
14 bis de la Constitución Nacional, pues más allá de la
inconveniencia de adoptar soluciones pretorianas para superar
el incumplimiento del dictado de las resoluciones
previstas por aquella norma, que el Tribunal estima que
deben ser desterradas para lo sucesivo en el ámbito de las
relaciones patrimoniales, resulta de toda necesidad que la
evaluación del caso se haga a la luz de las reglas legales
pertinentes.
57) Que, empero, no puede dejar de advertirse que
la aplicación de los incrementos resultantes de la pauta
dispuesta por el art. 53, importaría un mayor perjuicio
para el organismo previsional en relación con lo dispuesto
por la cámara, pues las variaciones de aquel índice
registradas desde el mes de marzo de 1991 hasta marzo de
1993, superan ampliamente a las producidas en el índice de
salarios básicos de la industria y la construcción para el
mismo lapso, conclusión que se mantiene si se tomaran en
cuenta los resultados de la encuesta sobre la totalidad del
período comprendido hasta la vigencia de la ley de
solidaridad.
58) Que, en consecuencia, corresponde atenerse a
lo resuelto en el fallo de la cámara con el alcance que
surge de los considerandos de esta sentencia, no porque
resulte ajustado a derecho emplear una pauta de movilidad
de haberes con criterio pretoriano, sino porque la
aplicación de la so
-//-
-//- lución legal con prescindencia de las circunstancias
procesales de esta causa, particularmente del consentimiento
del fallo por el beneficiario de la jubilación, llevaría a
una reformatio in pejus contraria a la garantía de la defensa
en juicio y produciría un serio menoscabo de orden
patrimonial para la apelante (arts. 18 y 17 Constitución
Nacional; Fallos: 258:220; 268:323; causa A.332.XXVIII «Aquinos,
Serafina c/ Terranova, Daniel» del 19 de octubre de
1995).
59) Que, sin perjuicio de lo expresado, esta Corte
reitera el criterio establecido acerca de que los haberes
previsionales reajustados nunca pueden exceder los porcentajes
establecidos en las leyes de fondo (conf. causas L.85.
XXI, «Llanos, Carmen s/ jubilación»; V.30.XXII «Villanustre,
Raúl Félix s/ jubilación» y M. 373. XXI «Melo, Damián Nicolás
s/ jubilación», falladas con fecha 3 de marzo de 1992, 17 de
diciembre de 1991 y 25 de febrero de 1992, respectivamente),
límite que para el caso impide todo reconocimiento de un
monto mensual del beneficio que supere las proporciones
fijadas por el art. 49 de la ley 18.037 sobre los haberes de
actividad.
60) Que, además, frente a los ajustes dispuestos de
oficio por la Secretaría de Seguridad Social mediante las
resoluciones aludidas en este fallo, cabe dejar establecido
que de haber resultado efectivamente liquidados en el caso,
tales ajustes deberán ser deducidos de las sumas que corresponda
pagar según sentencia a fin de evitar una eventual superposición
de créditos.
61) Que el Tribunal no puede prescindir de toda
consideración del tema que plantea la recurrente acerca de
que la solución del fallo podría producir el colapso del sis
-//-
C. 278. XXVIII
61 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- tema y una grave crisis económica en las finanzas
estatales, ya que al estar en juego garantías
constitucionales debidamente reconocidas y reguladas por el
legislador, las consecuencias patrimoniales que se deriven
de su reconocimiento deben, pues, presumirse razonablemente
sopesadas por la autoridad que mantuvo en vigor las
disposiciones legales respectivas, de modo que no es
afectando derechos individuales de contenido alimentario en
donde ha de encontrarse la solución al problema planteado,
sino arbitrando medidas que contemplen en forma equilibrada
los intereses controvertidos.
62) Que no cabe alegar tampoco que los aumentos
salariales no hayan respondido a una política de alcance
general sino a la productividad particular de las empresas
y que la solución del a quo llevaría al desconocimiento de
la naturaleza sustitutiva de las prestaciones, toda vez que
la encuesta prevista y el índice general de remuneraciones
que debe elaborarse a partir de ella, aventan todo riesgo
de computar para la generalidad las alteraciones de los
salarios correspondientes sólo a una rama de la actividad
laboral. De ahí que tal criterio resulta conforme con la
finalidad de la ley y refleja de manera razonable el
carácter sustitutivo del haber previsional, más allá de que
-en principio- satisface el objetivo de mantener a la clase
pasiva en un nivel de vida acorde con el que había tenido
en los últimos años de la relación laboral.
63) Que no resulta ocioso señalar que la encuesta
de salarios prevista por el art. 53 consiste en un «relevamiento»
mensual efectuado por inspectores de la Secretaría
-//-
-//- de Seguridad Social sobre los libros de sueldos y
jornales y de fuentes oficiales de una amplia gama de trabajadores
del sector privado, público y rural, cuyo objeto es
lograr información relativa a las remuneraciones bajo relación
de dependencia en dichos sectores. La muestra incluye
los principales centros del país pero no está realizada por
distribución geográfica sino por actividad y abarca un vasto
universo de trabajadores, de todo lo cual se obtiene el
promedio general de las variaciones registradas en cada
período. De ahí que no resulta admisible la argumentación que
sustenta el agravio de la parte en este aspecto.
64) Que no se aprecia tampoco contradicción alguna
derivada de la aplicación de la ley en el pronunciamiento,
pues la actualización de las sumas devengadas en concepto de
retroactividad ha sido bien resuelta al disponer el reajuste
hasta el 1° de abril de 1991, solución que resulta inequívoca
de la ley 23.928; empero, la determinación de los haberes
posteriores devengados durante la vigencia de la ley 18.037,
no ha sido dispuesta en función de la inflación sino de la
pauta de movilidad garantizada por la Constitución Nacional,
por lo que no se verifica el presupuesto invocado como causal
de arbitrariedad (véanse considerandos 31 a 33).
65) Que con referencia a la declaración de inconstitucionalidad
de los topes que fija el art. 55 de la ley
18.037, cabe señalar que -desde antiguo- esta Corte ha reconocido
la legitimidad de dichos topes, pero ha dejado a salvo
el derecho del beneficiario de la jubilación cuando su resultado
llevara aparejada consigo la confiscatoriedad de los
haberes (Fallos: 295:441; 305:2108; 307:1729, 1985; 308:915;
310:1955; 311:1474; 312:194); criterio éste que resulta también
de aplicación en la actualidad.
-//-
C. 278. XXVIII
62 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos
s/ reajustes por movilidad.
-//- 66) Que en lo atinente al régimen de movilidad de
los haberes previsionales posteriores a la vigencia de la
ley 24.463 que, según el inciso 2 del art. 7°, será el que
determine la ley de presupuesto, no corresponde emitir pronunciamiento
alguno toda vez que la parte no ha señalado el
perjuicio que su aplicación le ocasiona. La declaración de
inconstitucionalidad no puede tener simplemente carácter
consultivo, sino que el interesado debe sostener y
demostrar que esa contradicción con la Constitución
Nacional le ocasiona un gravamen en el caso concreto, lo
que no ocurre en autos.
67) Que en cuanto a los temas restantes a que se
refieren las partes en sus presentaciones de fs. 85/86,
87/91 y 94/94 vta., no corresponde por el momento
pronunciamiento alguno pues no se refieren de manera
concreta a lo que debe ser objeto de resolución en el caso
y tratan aspectos ajenos a la materia del remedio federal.
Por ello, y oído el señor Procurador General,
1°) Se declara bien concedido el recurso
extraordinario respecto de los agravios vinculados con la
pauta de movilidad establecida en la sentencia a partir del
1° de abril de 1991.
2°) Se declara improcedente el remedio federal en
relación con la tasa de interés, por resultar innecesario
un pronunciamiento sobre la cuestión.
3°) Se revoca la declaración de inconstitucionalidad
de los arts. 53 y 55 de la ley 18.037 y se resuelve que la
vigencia del régimen de movilidad dispuesto en la primera
nor
ma citada -según las variaciones del nivel general de -//-
-//- remuneraciones- no ha quedado derogada por la ley
23.928, ni por el art. 7, inc. 1, apartado b, de la ley
24.463, cuya inaplicabilidad se declara.
4°) Se mantiene el ajuste por movilidad fijado en la
sentencia, con el alcance procesal y dentro de los límites
indicados por este fallo. En consecuencia, los haberes previsionales
resultantes no podrán exceder los porcentajes establecidos
en las leyes de fondo sobre las remuneraciones de
actividad; asimismo, en el caso de haberse liquidado reajustes
de oficio por la Secretaría de Seguridad Social durante
el período posterior al 31 de marzo de 1991, tales sumas
deberán ser deducidas de los montos que corresponda pagar de
acuerdo a lo dispuesto por este Tribunal, a fin de evitar
una eventual superposición de créditos.
5°) Se desestiman los agravios relativos al régimen de
movilidad previsto por el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463
por no haber demostrado la parte interesada el perjuicio concreto
que le ocasiona su aplicación al caso.
Notifíquese y devuélvase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO –
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – GUSTAVO A. BOSSERT.
ES COPIA
DISI-//-
C. 278. XXVIII
63 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
Considerando:
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones de la Seguridad Social hizo lugar al reajuste
de haberes solicitado, a cuyo fin dispuso una nueva
determinación del correspondiente al comienzo del beneficio
jubilatorio y fijó diferentes pautas de movilidad según las
variaciones de los índices del salario básico de convenio
de la industria y la construcción, siempre que el haber
resultante de aplicar los arts. 53 y 55 de la ley 18.037
irrogara al actor un perjuicio superior al 10% con respecto
al método establecido en la sentencia. En ese supuesto,
debían liquidarse las diferencias respectivas mientras se
mantuviera vigente ese régimen legal, cuyas normas -estimó
el a quo- no fueron afectadas con la sanción de la ley
23.928. Asimismo, estableció que a partir del 1° de abril
de 1991, debía devengarse, sobre el capital actualizado, la
tasa de interés activa aplicada por el Banco de la Nación
Argentina para operaciones corrientes de descuento de
documentos comerciales.
2°) Que contra esa decisión, la ANSeS dedujo la
apelación federal -que fue concedida- en la que sostiene
que la sentencia contradice normas jurídicas expresas, toda
vez que a partir del dictado de la ley de convertibilidad
es irrazonable mantener criterios que corresponden a épocas
caracterizadas por el envilecimiento del signo monetario.
Señala, asimismo, que el fallo es autocontradictorio en
cuanto aplica la ley 23.928 como límite para efectuar el
reajuste
-//-
-//- de las sumas debidas en concepto de retroactividades mal
liquidadas y se niega a decidir según las mismas pautas para
determinar los haberes futuros, a pesar de que sus normas
proscriben todas las normas que establecen reajustes. Expresa
que los aumentos salariales operados no han respondido a una
política de alcance general sino a la productividad
particular de las empresas, todo lo cual llevaría al desconocimiento
de la naturaleza sustitutiva de las prestaciones
previsionales. Por último, objeta la aplicación de la tasa de
interés activa desde el 1° de abril de 1991.
3°) Que el recurso extraordinario es procedente,
toda vez que la cámara declaró la invalidez de los arts. 49,
53 y 55 de la ley 18.037 por considerarlos contrarios a la
Constitución Nacional; por haberse cuestionado la inteligencia
de normas federales como son las leyes 23.928 y 24.463 y
ser la decisión definitiva adversa a la interpretación
sustentada por la recurrente.
4°) Que, liminarmente, debe dejarse establecido que
corresponde el tratamiento de los agravios sólo con relación
al mecanismo de movilidad establecido en la sentencia a
partir del 1° de abril de 1991, pues el período anterior a
esa fecha no fue objeto de impugnación y existe a su respecto
cosa juzgada.
Por otro lado, a fs. 53/53 vta. la actora se avino
a la pretensión de la ANSeS referente a que se aplicara la
tasa de interés pasiva a partir de la vigencia de la ley
23.928, por lo que ha quedado cancelada la competencia extraordinaria
de esta Corte sobre el punto y la cuestión ha
devenido abstracta (causa S.478.XXIV «Solazzi, Adriana Ma-//-
C. 278. XXVIII
64 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-rina c/ Von Der Walde, Pablo s/ daños y perjuicios»
sentencia del 9 de marzo de 1993).
5°) Que, aunque resulte de toda evidencia, un
examen cabal del tema a decidir, ha de partir de un
señalamiento enfático de la absoluta y plena vigencia del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, según el cual
«el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social,
que tendrá carácter de integral e irrenunciable».
La ley 24.309 del año 1993 -de declaración de la
necesidad de reformar parcialmente la Constitución
Nacional- estableció en su art. 6°: «Serán nulas de nulidad
absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados
que realice la Convención Constituyente apartándose de la
competencia establecida en los arts. 2° y 3° de la presente
ley de declaración». Y, en lo que interesa específicamente
al caso, preservó de toda alteración «a las Declaraciones,
Derechos y Garantías contenidos en el Capítulo Unico de la
Primera Parte de la Constitución Nacional» (art. 7°, ley
24.309).
Esto significa que el Congreso Nacional fijó dos
límites infranqueables a la actividad de la Convención, y
es incontrovertible que la última de las normas citadas ha
sido regularmente cumplida, pues en su primera parte la
Constitución reformada ha conservado intactos los preceptos
de 1853 con sus sucesivas reformas. En efecto, aquellos
primeros treinta y cinco artículos han permanecido
incólumes en el actual texto constitucional, y entre ellos
se encuentra aquel que garantiza la movilidad de las
jubilaciones y pensiones. De ahí que de todo razonamiento
que pretenda resolver las
-//-
-//- cuestiones planteadas con prescindencia del concepto de
movilidad como una garantía que el Estado en la Ley Fundamental
se ha comprometido a otorgar, no resultaría sino una conclusión
estigmatizada de inconstitucionalidad y, por tanto,
destinada al fracaso.
De tal modo, es por imperio de la Constitución Nacional,
que en nuestro país el sistema previsional se articula
sobre la base de la protección estatal, la movilidad de
las prestaciones y la tutela de los derechos adquiridos.
Ante su desconocimiento, es deber ineludible del
Poder Judicial restablecer el pleno imperio de los principios
orgánicos de la República; particularmente si la transgresión
emana de los poderes del Estado y se arbitran en nombre del
bien público, panaceas elaboradas al margen de las
instituciones (Fallos: 137:37).
Y ha de recalcarse que ello no puede ser de otro
modo, ya que el sistema político adoptado y las garantías
proclamadas en un estatuto, cuando no tienen práctica efectividad
y realización ciertas, lejos de hacer la felicidad del
pueblo, lo sumen en la desgracia y el oprobio (Fallos:
261:103, del voto del juez Boffi Boggero).
6°) Que lo hasta aquí expuesto es consecuencia natural
de que la Constitución es la ley suprema para el pueblo,
para los gobernantes y para los gobernados, así en la
paz como en la guerra, y protege a toda clase de hombres, en
todo tiempo y en toda circunstancia. Al gobierno, por medio
de los tres poderes que lo integran, le está confiada su
efectividad y vigencia «y hacerla cumplir por todos aquellos
a quienes obliga» (J.V. González, «Manual de la Constitución
-//-
C. 278. XXVIII
65 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- Argentina» Ed. Ángel Estrada S.A., Buenos Aires, 1951,
pág. 723). El Congreso, por su lado, debe dictar las leyes
y declaraciones que sean «una consecuencia de la Constitución»:
este es el límite que no puede ni debe transgredir
el Poder Legislativo para no producir abrasión de las
garantías -de suyo, inderogables- consagradas en la
Constitución Nacional.
7°) Que el tema a decidir, en directa conexión de
sentido con funciones asignadas por la Constitución
Nacional al Estado Federal en el art. 14 bis y a la
garantía de la movilidad que esa norma consagra respecto de
las jubilaciones y pensiones, reviste suficiente gravedad
institucional para examinar circunstanciadamente el estado
de la seguridad social; los males endémicos que afectan la
existencia misma del sistema previsional, las
modificaciones sufridas en las variables económicas
generales, la ley de convertibilidad del austral y la
denominada «de solidaridad previsional». Todo ello, sin
perder de vista que la misión de los tribunales de justicia
es asegurar el pleno imperio de la Constitución Nacional.
8°) Que es pertinente evocar los antecedentes
históricos de la inserción en la Constitución Nacional del
artículo 14 bis y su discusión en la sesión del 24 de
octubre de 1957 en el seno de la Convención Nacional
reformadora. En efecto; en el debate sobre la redacción
gramatical y conceptual de la cláusula relacionada con la
seguridad social participaron entre otros, Horacio Thedy,
Américo Ghioldi, En-//-
-//-rique Corona Martínez, Anselmo Marini, González Bergez,
Giordano Echegoyen, Ricci, Ayarragaray, Tadioli, Martella,
Arigós, Allende, Sgrosso, Jaureguiberry, Belgrano Rawson,
Mercado y Ponferrada.
La voluntad de los convencionales era la de establecer
la «seguridad social integral irrenunciable mediante
el seguro social obligatorio» … «administrado por los interesados
y por el Estado» (conf. Diario de Sesiones pág.
1472). No se trataba de instituir una o más cajas de jubilaciones
o institutos de previsión, sino establecer la seguridad
social en su integridad, haciendo partícipes del seguro
social a todos los habitantes del país y otorgar a ese seguro
el más amplio sentido, con comprensión de todos los riesgos.
El seguro social era el procedimiento práctico y eficaz para
lograr materializar el ideal de la seguridad social; debía
abarcar tanto a jubilaciones como pensiones y la protección
integral de la familia, es decir la compensación económica
familiar, la vivienda y la salud. El convencional
Jaureguiberry, al insistir en que debía incluirse la «seguridad
social integral irrenunciable» y «el seguro social autónomo»
aclaró que «la seguridad social comprendía tanto la
previsión como el seguro». Expresó: «Adviertan los señores
convencionales, que en comisión hemos condensado muchas fórmulas
para llegar a una enunciación más simple. Hemos suprimido
cláusulas como éstas: seguridad e higiene en el trabajo;
formación cultural y elevación profesional; protección contra
el desempleo; y otra muy importante: rehabilitación integral
de los incapacitados, porque entendemos que todas ellas están
incluidas en la seguridad social integral. Hemos
-//-
C. 278. XXVIII
66 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- suprimido también la ‘medicina preventiva del
trabajo’, y otros medios de previsión social como cajas de
jubilaciones, etcétera, no porque entendamos que no sean
derechos sociales igualmente susceptibles de protección
sino porque creemos que están involucrados en la fórmula
general referida. Lo mismo podría decirse de la ‘protección
a la maternidad, a la infancia y a la menor edad’. Todas
estas fórmulas de protección están involucradas en el
principio de ‘seguridad social integral’. Con respecto al
seguro social obligatorio, sólo quiero decir que aquí no se
ha captado el sentido del despacho informado por mi
compañero de sector, doctor Giordano Echegoyen. Parecería
que estamos para organizar otra empresa de seguros, otra
actividad similar a la que prestan distintas entidades
particulares y oficiales. El seguro social no es solamente
un beneficio pecuniario, a cargo de una institución
autónoma o autárquica, sino un medio de protección de todas
las actividades humanas». (conf. Diario de Sesiones cit.,
pág. 1481).
Por lo demás, los convencionales tenían en claro
que el sistema previsional en ese entonces estaba en quiebra;
que los recursos de las cajas de jubilaciones habían
sido dispuestos para fines distintos a los de previsión y
que esos fondos en menos de diez años -entre 1947 y 1957-
se habían utilizado para enjugar el déficit estatal.
9°) Que el funcionamiento del sistema requería un
flujo de recursos que permitiera cubrir las prestaciones a
que tenía derecho cada beneficiario. Ello exigía penetrar
responsablemente en el tejido social, asegurar una relación
-//-
-//- equilibrada entre la población activa y la población pasiva,
mantener un bajo nivel de desempleo, condenar enérgicamente
la evasión de aportes y el trabajo clandestino. Por último,
era imprescindible no utilizar los recursos destinados
a la pasividad para conjugar la deuda pública.
El éxito del emprendimiento suponía el compromiso
ético entre la sociedad y el Estado y con la clara conciencia
de que se estaba gestando un pacto de solidaridad y un
explícito enlace intergeneracional.
10) Que el enervamiento y el colapso del sistema
prueba que no se dieron esas condiciones.
Una simple perspectiva temporal desde el trazado de
la cláusula constitucional hasta el presente, revela una
actitud de enfermiza contradicción social expresada en elusiones
o fraudes al sistema, paradójicamante tendientes a obtener
del Estado benefactor un premio a la más condenable irresponsabilidad.
De igual modo, deja al descubierto una reprochable
acción de los poderes públicos, en muchos casos cohonestando
esa patética crisis de solidaridad, y en otros intensificándola,
mediante imprevisiones inexplicables en el manejo
de fondos destinados -nada más ni nada menos- que a la cobertura
de riesgos de subsistencia y ancianidad. Y más censurable
se presenta esa inconducta si se recuerda que, de suyo,
sus legítimos titulares son ciudadanos y habitantes que al
concluir su vida laboral supeditan su sustento -en principio
absolutamente- a la efectiva percepción de esas prestaciones.
Esto último, sin duda, retroalimenta la tensión social
producto del profundo desencuentro apuntado, y del que derivó
una crisis estructural difícil de contrarrestar.
-//-
C. 278. XXVIII
67 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- 11) Que una simple evocación del pasado permite
sustentar el aserto precedente. Baste recordar que ante la
impotencia de las cajas nacionales para pagar los montos
previstos en la ley 14.499, el Poder Ejecutivo dictó el
decreto 1001/61, que disponía el pago en cuotas de las
liquidaciones derivadas de la actualización monetaria de
los haberes de pasividad. Los juicios por pago inmediato de
todo lo adeudado por las cajas, alcanzaron grandes
proporciones -15.000 sólo en el caso de la Caja creada por
la ley 4349- con el consiguiente embargo de los bienes y
recursos de las cajas condenadas al pago de costas e
intereses. Esto afectó -como lógica derivación- el pago de
las jubilaciones y pensiones «a las cuales por razones
obvias correspondería reconocer preferencia respecto del
pago de las sumas adeudadas en virtud de los reajustes
previstos por la citada ley 14.499 y otras leyes análogas».
En realidad, las cajas carecían de patrimonio realizable,
sus recursos provenían de los aportes de afiliados y
empleadores, siendo de cumplimiento imposible sus
obligaciones. Ante esa situación de emergencia previsional,
se dictó la ley 16.931 que declaró absolutamente inembargables
frente a beneficiarios y terceros, los bienes y los
recursos de las cajas nacionales de previsión y la
paralización hasta del trámite de los juicios ordinarios
y/o sumarios -en el estado en que se encontrarenpromovidos
contra las cajas nacionales de previsión por
cobro de sumas resultantes de los reajustes móviles de
prestaciones dispuestas por el régimen general de la ley
14.499 y otras especiales
-//-
-//- en vigencia que establecían sistemas análogos de reajuste.
Dispuso, además, la suspensión de nuevos juicios por reajustes,
negó preferencia de pago a las sentencias con relación
a los restantes beneficiarios, resolvió el levantamiento
de los embargos dispuestos, la paralización de las ejecuciones
de sentencias y honorarios y el desconocimiento de intereses
a partir del 30 de agosto de 1966.
Como dato de una realidad mucho más reciente, y sin
pasar por alto las normas de restricción de la ley 23.568,
cabe señalar que la ley 23.982, de consolidación de la deuda
pública, no fue suficiente para paliar la quiebra económica
de los sistemas de seguridad social. Fue necesario, para el
Congreso Nacional, acentuar la invocación de la emergencia y
decidir que la «fecha de corte» para la deuda estatal a
jubilados y pensionados se extendiera en diecisiete meses más
que la fijada en origen -para el resto de los créditos
consolidados- el 1° de abril de 1991 (confr. ley 24.130).
Los términos del debate parlamentario que precedió
a la sanción de la última ley mencionada ilustra elocuentemente
acerca de la situación de emergencia previsional que
persistía a ese momento, es decir el mes de agosto de 1992.
Según admitieron diputados de distintas bancadas -citando un
informe del secretario de Seguridad Social- se exigía a ese
momento una recaudación de entre 235.000.000 y 240.000.000
millones de pesos (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados
de la Nación, 19 y 20 de agosto del 1992, pág. 2066 y
2073). Es emblemático lo afirmado por el diputado Lamberto en
el sentido de que durante el período comprendido entre el
-//-
C. 278. XXVIII
68 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- 1° de abril de 1991 y el 31 de agosto de 1992, «se
siguió devengando deuda, por lo que hay que emitir nuevos
bonos para poder cancelarla» (Diario de Sesiones citado).
12) Que, según lo expresado, esa situación de
crisis parece haberse instalado definitivamente en el
sistema previsional argentino. Los canales diseñados para
su corrección, no resultan sino un drenaje permanente que
aquellos desfases endémicos invertebraron fatalmente al
sistema.
Sin embargo, no ha de prescindirse -jamás- de aquellos
enunciados principios según los cuales el Tribunal
rechazó enfáticamente las disposiciones legales que
establecían un congelamiento absoluto de las prestaciones
por un término incierto (Fallos: 293:551; 295:674;
297:146), y las que pudieran alterar, modificar o herir de
un modo sustancial su contenido económico.
13) Que es deber ineludible del Poder Judicial
resguardar la observancia de la Constitución Nacional, y,
en lo que al caso interesa, la garantía de la movilidad de
las jubilaciones y pensiones. Esta Corte no puede suplir
las facultades que en esa materia son propias de la
competencia funcional del Congreso de la Nación, investido
del poder de reglamentar los derechos y garantías
reconocidos por la Ley Fundamental con el fin de hacer
realidad el bienestar general. La autoridad legislativa del
Congreso en materia de seguridad social ha sido reconocida
por esta Corte en los precedentes de Fallos: 170:12; 173:5;
179:394; 269:416, sin perjuicio del ejercicio a posteriori,
por parte de este Tribu
-//-
-//-nal, «del control jurisdiccional destinado a asegurar la
fundamental razonabilidad de esos actos y a impedir que, por
medio de ellos, se frustren derechos cuya salvaguarda es deber
indeclinable del Tribunal» (Fallos: 308:1848).
14) Que esta Corte considera que la jubilación
constituye una consecuencia de la remuneración que percibía
el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral
una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho
servicio (Fallos: 293:26; 294:83 entre muchos otros), lo que
privilegia como principio el de la necesaria proporcionalidad
entre el haber de pasividad y el de actividad (Fallos:
279:389; 300:84; 305:2126).
La movilidad de los haberes de las prestaciones
tiene la jerarquía de una garantía que el art. 14 bis de la
Constitución Nacional consagra, reconociendo una protección
operativa a las jubilaciones y pensiones asegurando a los
beneficiarios un nivel de vida similar, dentro de una proporcionalidad
justa y razonable, a las que le proporcionaba, a
él y a su núcleo familiar, las remuneraciones percibidas en
la actividad. Se trata, por consiguiente, de una técnica o
mecanismo que garantiza la adecuada relación del haber con el
nivel de ingresos de los agentes en actividad.
De allí que deba cumplirse estrictamente con el
mandato constitucional, porque aun los más altos fines de
saneamiento económico y social, incluso los vinculados al
loable empeño de combatir los que se consideren males de una
comunidad, no autorizan al quebrantamiento de la Constitución,
que no cede ante nada ni nadie.
15) Que sentado lo expuesto, corresponde examinar
-//-
C. 278. XXVIII
69 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- el entramado de normas infraconstitucionales que rigen
o pretenden regir en la especie. Particularmente, la
incidencia de las leyes 23.928 «de convertibilidad» y
24.463, de «solidaridad previsional» sobre la materia.
La última ley nombrada, introduce modificaciones
sustanciales y modales a la 24.241, sancionada el 23 de
septiembre de 1993, que había instituido el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En especial, derogó
el art. 160 de la ley 24.241, que establecía que la
movilidad de los haberes «de las prestaciones otorgadas o a
otorgar por aplicación de leyes anteriores a la presente,
que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, continuará
practicándose de conformidad con las disposiciones vigentes
a la fecha de entrada en vigor de esta ley».
En consecuencia, y dado que la Corte debe atender
a las circunstancias existentes al momento de dictar sus
decisiones, dispuso oír a las partes acerca de las
incidencias de la nueva legislación -la ley 24.463- que no
pudo ser considerada por el a quo en la sentencia
impugnada. De tal modo, corresponde al Tribunal declarar el
derecho de las partes con relación a los puntos en disputa,
para lo cual han de tratarse las impugnaciones del recurso
extraordinario y las que se relacionen con la aplicación de
aquella ley, en tanto resulten conducentes para determinar
la movilidad aplicable a partir del 1° de abril de 1991.
16) Que ha de quedar nítidamente establecido que
la cuestión sustancial a decidir en el sub lite es la -//-
-//- determinación del método de movilidad de los haberes
previsionales en el lapso que media entre el dictado de la
ley de convertibilidad, N° 23.928 y la denominada de solidaridad
previsional, N° 24.463, habida cuenta de que a partir
de la vigencia de esta última ley «todas las prestaciones de
los sistemas públicos de previsión tendrán la movilidad que
determine la ley de presupuesto», capítulo sobre el que se
volverá infra.
La tesis de la demandada, -según se señaló precedentemente-
intenta encontrar basamento en la ley 23.928, que
habría derogado el art. 53 de la ley 18.037 y toda forma de
reajuste de los haberes de pasividad. Asimismo, sostiene la
aplicación retroactiva de la ley 24.463 (art. 7° inc. 1°, ap.
b, lo que significa -en síntesis y en concreto, según se
verá- un virtual congelamiento de los haberes por un período
de treinta y seis meses.
17) Que es necesario esclarecer -con toda precisión-
el alcance y validez de una confusa articulación legal
que presenta la ley 24.463. En efecto; por un lado su art.
10, tras establecer el carácter federal y de orden público de
todo el contenido legal, señala que «no se aplicará
retroactivamente respecto de haberes correspondientes a
períodos anteriores a su entrada en vigencia» (inc. 2). Por
el otro, su art. 7 prevé que «Las prestaciones correspondientes
a períodos comprendidos entre el 1° de abril de 1991
y la fecha de promulgación de la presente ley se ajustarán
según las disposiciones oportunamente aprobadas por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y por
organismos de su dependencia» (inciso 1, apartado b). Por
lo demás, el decreto 525/95, reglamentario de este últi-//-
C. 278. XXVIII
70 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-mo artículo, sólo preservó de tal método de movilidad a
los haberes no percibidos, que hubieran sido puestos a disposición
de los beneficiarios antes de la sanción de la
ley.
18) Que, en primer lugar, concurre en la especie
una evidente colisión legal dentro de un mismo
ordenamiento, circunstancia de especial gravedad si se
considera que la delicadísima materia en examen regula
situaciones que -especialmente- no admiten una desacertada
técnica legislativa generadora de consencuente
incertidumbre.
En segundo lugar, ha de señalarse que el carácter
abrogatorio del art. 11, inc. 1° de la ley 24.463 respecto
del art. 160 de la ley 24.241 -que fulmina un sistema
respetuoso, según se observó, de los sistemas de movilidad
previos a su dictado- sólo puede ser considerado a partir
del dictado de la ley 24.463, por el expreso contenido del
art. 10, inc. 2° de la misma ley, que excluye de su
aplicación a «los haberes correspondientes a períodos
anteriores a su entrada en vigencia».
De tal modo, es del todo flagrante la inconstitucionalidad
del art. 7°, inc. 1° ap. b de la ley 24.463, ya
que además de avanzar en su regulación sobre períodos
abarcados por una norma que -indubitablemente, por lo
establecido en su mismo articulado- regía en plenitud,
establece un dispositivo de movilidad sin contenido
concreto, ya que no ha sido regularmente cumplido mediante
el oportuno dictado de disposiciones por las autoridades
correspondientes. En efecto, en el período comprendido
entre el 1° de abril de 1991
-//-
-//- hasta la sanción de la ley 24.241, sólo se han dispuesto
ajustes por períodos anteriores a esa fecha (conf. resoluciones
S.U.S.S. 4/91; S.S.S. 28/92 y S.S.S. 37/92) y nada se
ha previsto para los posteriores. De ahí que los agravios
sustentados en que los ajustes dispuestos luego del 31 de
marzo de 1991 habrían satisfecho la previsión del art. 14 bis
de la Constitución Nacional, por inconsistentes, deban ser
rechazados de plano.
La tesis propuesta significaría en concreto un
virtual congelamiento de la prestación, lo que no se aviene
con los mencionados principios constitucionales vigentes en
toda su extensión, puesto que durante ese lapso las variables
económicas registraron movimientos apreciables que no se
transmitieron a las jubilaciones y pensiones como lo ordena
la Constitución Nacional.
Lo expuesto configura -sin duda- la desnaturalización
del derecho que se pretende asegurar, pues tradujo en
concreto una pulverización del real significado de la garantía
de la movilidad, situación que impone a esta Corte el
restablecimiento pleno de tal garantía. De tal suerte, ha de
establecerse que es el sistema de la ley 18.037 -el nivel general
de las remuneraciones- el que ha de regular la movilidad
entre el 1° de abril de 1991 y el dictado de la ley
24.241, pues es evidente la incoherencia entre la realidad
económica ponderada y los alcances de la movilidad de haberes
reconocidos por la autoridad de aplicación.
19) Que, como ha expresado esta Corte en la causa
V.262.XXIV «Vega, Humberto Atilio c/ Consorcio de Propietarios
del Edificio Loma Verde y otro s/ accidente-ley 9688»,
-//-
C. 278. XXVIII
71 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
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-//- sentencia del 16 de diciembre de 1993, corresponde declarar
la inconstitucionalidad de normas que -aunque no ostensiblemente
incorrectas en su inicio- devienen indefendibles
desde el punto de vista constitucional, pues «el principio
de razonablidad exige que deba cuidarse especialmente
que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas
constitucionales durante el lapso que dure su vigencia
en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no
resulte contradictoria con lo establecido en la
Constitución Nacional».
Al respecto, ha de señalarse que a partir de la
sanción de la ley 24.241, sólo se ha reconocido un
incremento de haberes previsionales derivado de la
variación del AMPO inferior al 4% (conf. resolución S.S.S.
26/94). Ello, sumado a las directivas de los arts. 10, inc.
2° y 11, inc. 1° de la ley 24.463 impone concluir que la
norma indubitablemente aplicable para el período en que se
encuentra pendiente de resolución la movilidad de los
haberes en esta causa es el art. 53 de la ley 18.037,
reconocido en numerosísimos precedentes de esta Corte como
una razonable reglamentación de los derechos en juego.
Máxime si se tiene en cuenta que los coeficientes que había
dictado la Secretaría de Seguridad Social fueron
rectificados oficiosamente (resolución 4/91 S.U.S.S. y
28/92 S.S.S. entre otras) y que en la actualidad es
absolutamente viable la aplicación de los índices
resultantes de la encuesta a que hace referencia el art. 53
de la ley 18.037 (res. 249/91 M.T.S.S.).
-//-
-//- Por consiguiente, si tales ajustes fueron concretamente
liquidados en el caso, deberán ser deducidos de las sumas
que corresponda pagar según la movilidad que establece el
sistema de la ley 18.037, con el objeto de evitar una eventual
superposición de créditos. También se ha de proscribir
cualquier resultado que -con apartamiento notorio de la
realidad que se debe ponderar- consagre una prestación que
supere el haber de actividad, según se ha comprobado en los
precedentes «Villanustre, Raúl Félix»; «Melo, Damián Nicolás»
y «Llanos, Carmen», falladas el 17 de diciembre de 1991, el
25 de febrero de 1992 y el 3 de marzo de 1992,
respectivamente.
El sistema de la ley 18.037 sólo puede ser concebido
mediante la aplicación concreta de los incrementos registrados
en el índice del nivel general de las remuneraciones a
que se refiere el art. 53 de la ley 18.037. En efecto, la
inercia de la autoridad de aplicación resulta patética si se
observan los cuadros comparativos que el Tribunal ordenó
confeccionar al organismo previsional, en los que no se
consigna modificación alguna del haber resultante de aplicar
los ajustes que corresponderían de aplicar el art. 53 a
partir del 1° de abril de 1991. Por ello es que no habrá de
cumplirse esta decisión según lo actuado por la autoridad
respectiva, sino en función del estricto cumplimiento de la
ley: el apuntado cambio de las condiciones fácticas y la
publicación oficial de las variaciones del nivel general de
las remuneraciones registradas por la Secretaría de Seguridad
Social -art. 53, ley 18.037- permite que las disposiciones
respectivas puedan aplicarse al período anterior a la
-//-
C. 278. XXVIII
72 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- vigencia de la ley 24.463 sin menoscabo del derecho
reconocido en la norma constitucional.
20) Que, sin embargo, ha de recordarse que la modificación
periódica del monto de las prestaciones
previsionales según las variaciones del nivel general de
las remuneraciones de los agentes en actividad, no reflejó
históricamente las variaciones producidas. Los coeficientes
de actualización establecidos desde 1977, fueron estimados
inferiores a los índices del salario del peón industrial y
al del costo de vida, provocando la declaración de
inconstitucionalidad de los arts. 49 y 53 de la ley 18.037
e incorporando como coeficiente de actualización e índice
de corrección el índice del salario del peón industrial o
un índice combinado del peón industrial y costo de vida.
A verdad material, la ley 18.037 disponía la
modificación del quantum de las prestaciones previsionales
de acuerdo a las variaciones producidas en las
remuneraciones de los activos sin que para nada se lo
relacionara con el índice del costo de vida o el salario
del peón industrial. El mecanismo instituido por la ley no
garantizaba la movilidad en términos de una relación
directa de proporcionalidad con el haber de actividad de
cada beneficiario.
Ya en la nota que acompañó el proyecto de la ley
18.037, se puso de resalto que a partir de la primera ley
de jubilaciones para el personal del Estado, en el año
1904, se sancionaron sucesivamente otras hasta amparar a
todos los trabajadores que se desempeñaban en relación de
dependencia, con disposiciones dispares o contradictorias,
que dieron o
-//-
-//-rigen a un verdadero caos legislativo, agravado por interpretaciones
administrativas y judiciales no siempre coincidentes.
Salvo algunas excepciones, ninguna de tales leyes
logró asegurar una cobertura adecuada, tanto por la insuficiencia
de los haberes de las prestaciones -especialmente en
determinados niveles, muy castigados por una escala de reducciones
entonces vigente- como por la complejidad de los
trámites para obtener los beneficios, por su falta de adecuación
a las reales necesidades y posibilidades del país. Se
buscaba «implantar un nuevo sistema de seguridad social y
orientar sus regímenes complementarios». Según sus autores,
el nuevo régimen contenía innovaciones de trascendencia como
la fijación de un porcentaje uniforme para determinar el haber
jubilatorio, bonificado en función de los años de servicio
que excedan el mínimo requerido; la supresión de las escalas
de reducciones; la modificación del sistema de movilidad
de los haberes de las prestaciones en función de coeficientes
uniformes; la actualización de las remuneraciones que
se tenían en cuenta para establecer el monto de la prestación;
la derogación de los regímenes especiales o de privilegio.
Se pretendía, así, «establecer para todos los trabajadores
en relación de dependencia un régimen común, equitativo
y razonable, en reemplazo de las numerosas normas acumuladas
a través de muchos años; y al mismo tiempo, se fijaban
«las bases para que el país cuente con un régimen jubilatorio
perfectamente viable y dimensionado de acuerdo a
sus posibilidades, que pueda contribuir al bienestar de la
población».
El mecanismo del texto ordenado de 1976 -producto
-//-
C. 278. XXVIII
73 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- de sucesivas reformas- tampoco garantizaba la
movilidad en términos de una relación directa de
proporcionalidad con el nivel de actividad percibido por
cada beneficiario, pero sus disposiciones son indubitables
respecto a que los haberes debían ser incrementados de modo
equivalente a las variaciones de las remuneraciones
registradas en las actividades más significativas, según
los resultados arrojados por la evaluación que de ellas
debía realizar la propia autoridad de aplicación. Sin
embargo, la inobservacia de tal obligación estatal -ya sea
por insuficiencia de los aumentos otorgados o por el
reconocimiento tardío de ellos- y la falta de publicación
de los resultados obtenidos en la encuesta que le imponía
el art. 53, llevaron a declarar la inconstitucionalidad de
esa norma y a sustituir el módulo de reajuste por el índice
de corrección del salario del peón industrial o un índice
combinado del peón industrial y el costo de vida.
Las actuales circunstancias -ya apuntadas- no
justifican de modo alguno el mantenimiento de las
soluciones pretorianas, y la vuelta al sistema legal,
constituye, sin lugar a dudas, la solución que mejor se
compadece con la movilidad en su sentido constitucional.
22) Que, asimismo, para resolver la cuestión propuesta,
ha de considerarse la incidencia de la ley de
convertibilidad, que repulsa expresamente la aplicación de
mecanismos indexatorios desde su vigencia. Al respecto,
corresponde señalar que, según lo expresado, la movilidad
es un concepto que trasciende las simples mediciones de los
factores económicos.
-//-
-//- La ley 23.928 no ha pretendido suprimir la reglamentación
establecida en el art. 53 de la ley 18.037, ni vedar
a la clase pasiva de una garantía constitucional incuestionable
que se concreta en una cierta relación que debe
existir entre las remuneraciones de los activos y pasivos y
en el respeto de los derechos adquiridos. No puede confundirse
el carácter sustitutivo de las prestaciones previsionales
con los mecanismos de actualización monetaria, y menos aún
sobre la base de tan forzada construcción teórica, pretender
la fulminación de una garantía constitucional plenamente vigente,
y, por todo lo hasta aquí expuesto, en esencia diversa
a cualquier concepto de indexación.
23) Que, sin embargo, no puede pasar inadvertido
que la aplicación de los aumentos derivados de la pauta dispuesta
por el art. 53, importaría un mayor perjuicio para la
ANSeS que el dispuesto por la cámara, pues las variaciones de
aquel índice registradas desde el mes de marzo de 1991 hasta
marzo de 1993, superan ampliamente a las producidas en el
índice de salarios básicos de la industria y de la construcción
para el mismo lapso, conclusión que se mantiene si
se toman en cuenta los resultados de la encuesta sobre la
totalidad del período comprendido hasta la vigencia de la ley
de solidaridad. En consecuencia, es del caso mantener lo
decidido por la cámara con el alcance de lo que surge de los
considerandos de esta sentencia.
Esto no significa -de modo alguno- convalidar la
solución pretoriana: compete al legislador establecer el método
para determinar la movilidad y quién debe hacerlo.
Debe quedar perfectamente establecido que resultando
factible y justo el cumplimiento estricto de la ley, la
-//-
C. 278. XXVIII
74 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- búsqueda discrecional de un criterio substitutivo que
refleje las variaciones del nivel general de las
remuneraciones, es una siembra a campo abierto, con
fundamento sólo aparente en el principio de razonabilidad.
Sólo justifica en esta causa mantener el criterio de la
cámara, las circunstancias procesales del pleito,
particularmente el consentimiento del fallo por el
beneficiario de la jubilación, lo que llevaría a una
reformatio in pejus lesiva de la garantíade la defensa en
juicio.
24) Que con relación a la inconstitucionalidad de
los topes previstos en el art. 55 de la ley 18.037, cabe
señalar que la fijación de haberes máximos en materia de
jubilaciones y pensiones ha sido convalidada por esta Corte
desde su establecimiento por vía legal y reglamentaria
(art. 53 del texto originario de la ley 18.037 y decreto
reglamentario 8525/68). Así el Tribunal ponderó que la
previsibilidad de las erogaciones máximas constituye «valor
inherente a la eficiencia del sistema previsional
instaurado», circunstancia que «torna razonable entender
incluida la movilidad dentro de los máximos que, con
criterio a él reservado, establezca el Poder Legislativo
para los haberes jubilatorios». Ello, enfatizó la Corte,
«permite alcanzar una distribución justa y general de los
beneficios previsionales con resultados eficaces» (Fallos:
292:312). Posteriormente, y llamada a pronunciarse en
numerosos planteos de confiscatoriedad deducidos por los
beneficiarios en virtud de su aplicación, señaló que «para
llegar a establecer la solución que corresponda
-//-
-//-al caso concreto» era preciso «determinar si en las circunstancias
de la respectiva causa aparece o no quebrada la
línea de la razonable proporcionalidad» (Fallos: 307:1985).
Dichos criterios resultan de aplicación en la actualidad,
máxime si se tiene en cuenta que del sistema vigente
-art. 9° de la ley 24.463- surgen pautas específicas
que confirman el sistema de topes que -salvo prueba en contrario
no producida en la causa- no pueden reputarse lesivas
de los principios generales reconocidos en la jurisprudencia
del Tribunal sobre la materia, máxime en las actuales circunstancias
de la economía y en vista de la crisis financiera
del sistema previsional.
25) Que, al respecto, conviene enfatizar que la
grave crisis por la que atraviesa el sector -un mal endémico,
según lo expresado supra- no puede ser desconocida. Es cierto
que tal circunstancia debe ser sopesada, mas el virtual
desconocimiento de la garantía constitucional que asegura
«jubilaciones y pensiones móviles» no será el cauce para
corregir los quebrantos públicos.
Todos los principios amplios enunciados en este
pronunciamiento se relacionan con la prestación previsional
concebida como un derecho que no es gratuito, ni especial o
de privilegio. Y no es ocioso reiterar que aunque el principio
de la solidaridad debe primar en la especie -es inconcebible
en la materia un estricto do ut des- no ha de sacrificarse
mediante una negación cerrada a quienes constitucionalmente
tienen el derecho a una prestación previsional
digna. Antes bien, el encauce técnico de la organización estatal
debería dar respuestas y soluciones prontas a la crisis
estructural de las arcas previsionales.
-//-
C. 278. XXVIII
75 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//- Es que aquella consagración de la Ley Fundamental
no puede ser una ilusión, un desvarío, en otras palabras,
la endémica herencia de la sociedad arcaica asignada por la
contradicción entre la realidad y las constituciones; la
multiplicación de normas vacías de contenido y la
acumulación del proceso de reformas legislativas cuya
ineficacia acelera el proceso de recreación normativa,
tanto más activa cuanto menos eficaz. La naturaleza de las
prestaciones previsionales, estableció la Corte, se asemeja
al derecho alimentario; se trata, en definitiva, de
construir una vía de aproximación a la fraternidad humana
que presupone ese núcleo de convergencia de derechos
sociales que constituye la noción de solidaridad, contenida
en la expresión «seguridad social», como encumbramiento de
la confianza en el avance de la sociedad hacia un grado de
mejoramiento de las condiciones de existencia. Si se la
considera un apósito apto para crear en la conciencia
colectiva representaciones de una felicidad a corto plazo,
contradiciendo la realidad, nos adscribiremos a una ficción
doctrinal. En cambio, un adecuado examen, que sobrepasa el
ámbito jurisdicional, podría ser realizado por los
encargados de las funciones de legislación y ejecución,
como una tarea que supere esta encrucijada de nuestra
historia social. En suma, una labor que por sus
consecuencias de futuro, no pueda ser túmulo sino tálamo de
la consagración de un solidario y renovado sistema
previsional.
26) Que, en lo relativo al sistema de movilidad
de los haberes previsionales posteriores a la vigencia de
la ley 24.463, esta Corte no puede suplir las facultades
que en
-//-
-//- esa materia son propias de la competencia funcional del
Congreso de la Nación, investido del poder de reglamentar los
derechos y garantías reconocidos por la Ley Fundamental con
el fin de hacer realidad el bienestar general.
El art. 14 bis de la Constitución Nacional no establece
ningún sistema o técnica especial de movilidad. Lo que
exige la Constitución es que las jubilaciones y pensiones
sean móviles, por lo que deben considerarse prematuras las
impugnaciones constitucionales desplegadas contra la validez
del art. 7°, inc. 2° de la ley 24.463, en cuanto establece
que a partir de su vigencia «todas las prestaciones de los
sistemas públicos de previsión tendrán la movilidad que
determine la ley de presupuesto». La sola incertidumbre
acerca del modo en que se concretará la movilidad en el
futuro revela el carácter conjetural del agravio y la inexistencia
de un gravamen actual, lo cual cancela la competencia
de la Corte en este sentido. Ello, sin perjuicio de los
eventuales planteos que ante una demostración concreta de
lesión a las garantías constitucionales en juego, pudieran
efectuarse en lo sucesivo.
En tales condiciones, lo establecido por el art.
7°, inc. 2°, apartado segundo, en el sentido de que en ningún
caso la movilidad que establezca la ley de presupuesto «podrá
consistir en una determinada proporción entre el haber de
retiro y las remuneraciones de los activos», significa que el
Congreso se ha fijado para sí una directiva a cumplir sobre
el modo de reglar el derecho constitucional respectivo.
Empero -al igual que lo expresado en el considerando
anterior- ello no representa para la actora un perjui
-//-
C. 278. XXVIII
76 Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja
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Personal del Estado y Servicios
Públicos s/ reajustes por movilidad.
-//-cio concreto y actual que suscite la intervención de la
Corte, la que se habilitará en el caso en que la modalidad
adoptada signifique una abrasión al carácter sustitutivo de
la prestación previsional.
27) Que, en cuanto a los restantes agravios, no
resultan conducentes para la solución del caso, por lo que
no corresponde que esta Corte se pronuncie con relación a
ellos.
Por ello, y oído el Señor Procurador General, se
declara bien concedido el recurso extraordinario con
relación a las pautas de movilidad establecidas en la
sentencia a partir del 1° de abril de 1991 y, en
consecuencia, se resuelve: 1°) dejar sin efecto la
declaración de inconstitucionalidad de los arts. 53 y 55 de
la ley 18.037; 2°) establecer que el régimen de movilidad
dispuesto por el art. 53 de la ley 18.037 -según las
variaciones del nivel general de las remuneraciones- no ha
sido derogado por la ley 23.928 de convertibilidad del
austral; 3°) declarar la inconstitucionalidad del art. 7°,
inc. 1°, apartado b de la ley 24.463 de solidaridad
previsional, por consagrar una virtual pulverización de la
movilidad de jubilaciones y pensiones consagrada en la
Constitución Nacional; 4°) dejar firme el método de movilidad
establecido en la sentencia en virtud de las
circunstancias procesales de la causa, con las prevenciones
que surgen del considerando 19. Notifíquese y devuélvase.
CARLOS S. FAYT.
ES COPIA

FALLO CHOCOBAR

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