Fallo 2: Badaro Adolfo Valentín – Reajuste de Haberes 2007

B. 675. XLI.
R.O.
Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/
reajustes varios.
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Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007.
Vistos los autos: ABadaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/
reajustes varios@.
Considerando:
11) Que en oportunidad de pronunciarse sobre los
recursos ordinarios de apelación deducidos contra la sentencia
de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que
había establecido pautas para el ajuste del haber del
jubilado, el Tribunal declaró desierto el interpuesto por la
ANSeS y procedente el del actor, revocó parcialmente la
decisión impugnada con el alcance del precedente «Sánchez»,
publicado en Fallos: 328:1602 y 2833, y ordenó al organismo
previsional que efectuara los reajustes que habían quedado
firmes (fs. 169/172 vta.).
21) Que al expedirse también sobre los agravios
referentes a la falta de movilidad del beneficio en el período
que se inició el 31 de marzo de 1995 en adelante, la Corte
consideró que correspondía al Congreso de la Nación fijar los
incrementos mediante las leyes de presupuesto, de acuerdo con
lo dispuesto por el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, pero que
hasta el año 2006 no lo había hecho y esa omisión había
producido, a partir de la crisis del año 2002, un severo deterioro
en las condiciones de vida del apelante, que juzgó
particularmente evidenciado por las variaciones registradas en
los indicadores económicos.
31) Que el Tribunal ponderó además que los decretos
de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo en la
materia habían otorgado aumentos, en especial a los haberes
más bajos, pero no habían subsanado la merma sufrida en los
beneficios superiores a $ 1.000, en desmedro del derecho del
actor a cobrar de acuerdo con el mayor esfuerzo contributivo
realizado, por lo que concluyó que se verificaba en el caso
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una lesión a la garantía prevista en el art. 14 bis de la
Constitución Nacional, ya que la prestación no había sido
acompañada en el transcurso del tiempo y reforzada a medida
que perdía la razonable relación que debía mantener con los
ingresos de los trabajadores.
41) Que después de examinar las atribuciones con que
cuentan los distintos departamentos del Estado para fijar los
incrementos y evaluar las condiciones económicas, financieras
y de distribución del gasto público, el Tribunal estimó
prudente diferir la decisión sobre la validez del sistema de
movilidad impugnado por el recurrente por un plazo que
resultara suficiente para el dictado de las disposiciones
faltantes. A fin de hacer saber a las autoridades responsables
la necesidad observada, comunicó al Poder Ejecutivo y a las
dos cámaras del Congreso de la Nación el contenido del fallo
(fs. 176 y 177/178).
51) Que el actor denunció posteriormente que la ANSeS
no había dado cumplimiento a lo resuelto en lo relacionado con
el ajuste del nivel inicial del beneficio, el cómputo de la
movilidad hasta el 31 de marzo de 1995 y el pago de
retroactividades (fs. 191/192); empero, dado que el organismo
presentó una liquidación de esos créditos (fs. 377/390) y el
jubilado ha señalado que continuará la discusión de las diferencias
que indicó en la instancia de ejecución (fs. 677), no
corresponde tratar dicha cuestión ni el pedido de aplicación
de sanciones (fs. 245/246).
61) Que la ley 26.198, que aprobó el presupuesto
general de la administración nacional del año 2007, convalidó
las modificaciones en los valores mínimos de las prestaciones
dispuestas en los decretos 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04,
748/05 y 764/06, el suplemento por movilidad establecido en el
decreto 1199/04 y el incremento general de los beneficios
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dispuesto por el citado decreto 764/06 (art. 48).
71) Que, por otra parte, otorgó un aumento del trece
por ciento (13%), a ser percibido por todos los jubilados a
partir del 11 de enero de 2007 sobre los importes correspondientes
al 31 de diciembre de 2006 (art. 45); fijó el haber
mínimo en la suma total de quinientos treinta pesos ($ 530)
mensuales (art. 46) y autorizó al Poder Ejecutivo a conceder
en el curso del año incrementos adicionales en las
prestaciones, cuando la evolución de las finanzas públicas lo
permitiera (art. 47), lo cual se concretó -después de que la
Corte oyera a las partes sobre la ley- a través del decreto
1346/07, que incrementó las prestaciones en un 12,50% a partir
del 11 de setiembre del corriente año.
81) Que el actor plantea la inconstitucionalidad de
las disposiciones de la ley 26.198, pues sostiene que no cumplen
con las pautas fijadas por esta Corte en lo relacionado
con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad
(fs. 204/225). Destaca que la aplicación de los incrementos
del decreto 764/06 y de la ley 26.198 no han recompuesto su
prestación sino que la han dejado en un nivel muy inferior a
los haberes de actividad acreditados, correspondientes al año
2003 (fs. 101), y con una mayor desproporción aún respecto del
salario a julio de 2006 cuya constancia acompaña (fs. 209),
por lo que entiende que su jubilación ha sufrido una
disminución confiscatoria al punto que ha perdido el carácter
sustitutivo del ingreso. De esas objeciones se corrió traslado
a la demandada, que no las contestó en término.
91) Que al respecto cabe señalar que el fallo dictado
en la causa fue preciso al detallar la omisión legislativa que
la Corte había advertido y el daño derivado de ella, por lo
que no podían suscitarse dudas respecto del contenido de la
norma cuyo dictado se estimó necesario: debía reparar
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adecuadamente el menoscabo sufrido por los beneficiarios que
percibían haberes superiores a los mínimos por la falta de una
oportuna adaptación a los cambios en las condiciones económicas.
10) Que resulta igualmente claro que las prescripciones
de la ley 26.198, que se han reseñado, no son aquéllas
que el Tribunal reclamó en la sentencia de fecha 8 de agosto
de 2006. Tal conclusión deriva del texto legal aprobado por el
Congreso, que ejerce por primera vez las facultades reservadas
por la ley de solidaridad previsional y de tal forma establece
el incremento anual de las prestaciones, pero que no contiene
precepto alguno dirigido a resolver la particular situación
que se ha comprobado en autos, vinculada con años anteriores.
Así lo expresa su art. 51, en tanto interpreta que las alzas
acordadas constituyen la movilidad mínima garantizada para el
ejercicio 2007.
11) Que, por otra parte, el porcentaje de aumento
otorgado para el corriente año por la citada ley -al igual que
el previsto por el decreto 1346/07- rige para la totalidad de
la clase pasiva, sin examinar el achatamiento en la escala de
beneficios señalado por esta Corte, además de que no se ha
hecho cargo de que ese desfase se ha venido agravando durante
los últimos cinco años, por lo que no podría sostenerse que la
ley 26.198 haya cumplido el deber de corregirlo, máxime cuando
ha convalidado en su art. 48 las normas que lo originaron. De
estas últimas, sólo el decreto 764/06 introdujo una mejora en
el haber del actor, pero su magnitud, como se verá, no guarda
relación con la disminución evidenciada en la causa.
12) Que desde tal perspectiva y agotado el plazo
razonable a que aludía el fallo anterior, corresponde expedirse
sobre las impugnaciones al sistema instituido por el
art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, a la luz de su concreto
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ejercicio durante el período comprendido entre el 11 de enero
de 2002 y el 31 de diciembre de 2006. Deben desestimarse, en
consecuencia, las objeciones que el actor formula referentes a
la insuficiencia del aumento del 13% previsto en la citada ley
26.198, ya que su adecuación sólo podrá ser examinada
eventualmente, en forma conjunta con el incremento dispuesto
por el decreto 1346/07, recién cuando se conozca la evolución
definitiva del estándar de vida del jubilado durante el corriente
ejercicio.
13) Que la Corte ha aceptado la validez constitucional
de los cambios de los regímenes de movilidad, esto es,
del reemplazo de un método de determinación de incrementos por
otro, realizado a fin de lograr una mejor administración o
dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad
social (Fallos: 255:262; 295:694; 308:199; 311:1213;
318:1327); empero, el reconocimiento de esa facultad se encuentra
sujeto a una indudable limitación, ya que tales modificaciones
no pueden conducir a reducciones confiscatorias en
los haberes (Fallos: 158:132; 170:394; 179:394; 234:717;
253:783; 258:14; 300:616; 303:1155).
14) Que la ley 24.463 consagró un régimen de movilidad
con un nivel de protección menor que el que tenían los
existentes hasta el momento de su entrada en vigencia. La
eliminación de los ajustes basados en la comparación con indicadores
salariales, mediante la derogación del art. 160 de
la ley 24.241, que había mantenido el art. 53 de la ley
18.037, justifica dicha afirmación. También contribuye a demostrar
el objetivo de la norma bajo análisis el hecho de que
suprimiera los aumentos según las variaciones en los ingresos
del sistema que preveía el art. 32 de la ley 24.241 y la
prohibición de disponer recomposiciones sobre la base de las
remuneraciones individuales. Tales disposiciones, en suma,
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despojaron a los beneficios de parámetros para su recomposición.
15) Que en el fallo dictado en la causa, esta Corte
señaló que el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, que vino a
sustituir los procedimientos derogados, únicamente atribuyó
una competencia, pero que no sólo era facultad sino también
deber del Congreso fijar el contenido concreto de la garantía
en juego. Ello es así porque la Constitución Nacional ha reconocido
el derecho a la movilidad no como un enunciado vacío
que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que
debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es
otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento
de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante
sus años de trabajo (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447;
293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602).
16) Que ese mandato no fue cumplido en las oportunidades
y con el alcance exigidos por el art. 14 bis de la
Constitución Nacional. Para conferir eficacia a la finalidad
protectora de la ley fundamental, su reglamentación debe
guardar una razonable vinculación con los cambios que afectan
al estándar de vida que se pretende resguardar, lo que no
sucede si el régimen en cuestión termina desconociendo la
realidad que debe atender (Fallos: 327:3677), con correcciones
en los haberes que se apartan por completo de los indicadores
económicos.
17) Que tal defecto se comprueba en el caso pues,
frente a subas en el nivel de precios del 91,26% en el período
examinado y modificaciones en los salarios del 88,57%, según
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la prestación
del actor se encuentra alcanzada sólo por el incremento
general del 11% dispuesto por el decreto 764/06 en ese mismo
lapso, guarismos que acreditan suficientemente la pérdida
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invocada por el apelante.
18) Que no se ha demostrado en la causa la existencia
de muy graves circunstancias de orden económico o financiero
que impidan acatar en lo inmediato el mandato constitucional
o disponer, cuando menos, una recuperación sustancial
del deterioro sufrido por la prestación del actor, y ello
tampoco surge de los antecedentes de las normas en juego, lo
cual lleva a desestimar por falta de fundamento las invocaciones
del organismo previsional referentes a la gravedad
institucional del caso y la crisis de las cuentas públicas
(fs. 28/31 y 128/131), manifestaciones que no condicen, por lo
demás, con la mejora en las cifras de la recaudación y balance
fiscal que son de público conocimiento.
19) Que no puede ignorarse que en este marco normativo
y mediante los decretos de necesidad y urgencia convalidados
por el art. 48 de la ley 26.198, se ha producido una
recuperación en las prestaciones mínimas que excede con amplitud
las variaciones registradas en los índices de precios y
de salarios, ni el esfuerzo presupuestario que ello representa.
Tampoco puede soslayarse la circunstancia de que,
frente a los reparos constitucionales formulados por el Tribunal
en su anterior pronunciamiento, se ha producido una
suerte de ratificación de la prioridad en la asignación de
recursos que se infiere de dichas normas. Tales consideraciones,
empero, no constituyen la respuesta que la garantía conculcada
requería.
20) Que por las razones expuestas, y dado que el
único aumento en el beneficio jubilatorio del actor que se ha
dispuesto durante el período examinado es insuficiente para
reparar su deterioro, corresponde declarar en el caso la inconstitucionalidad
del régimen de movilidad aplicable y ordenar
su sustitución y el pago de las diferencias pertinentes,
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criterio compartido por el Ministerio Público que, al ser oído
sobre una temática análoga en la causa G.2708.XXXVIII. «Gómez
Librado, Buenaventura c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad»,
consideró que estaban dadas las condiciones para que esta
Corte determinara los porcentajes adecuados para nivelar la
prestación (véase dictamen de fecha 12 de abril de 2005, fs.
231/232).
21) Que en los numerosos precedentes que esta Corte
ha dictado en materia de movilidad, citados en la sentencia de
fecha 8 de agosto de 2006 y en la presente, se ha puesto
particular énfasis en que los beneficios jubilatorios, que
desde su determinación inicial se han vinculado con un promedio
de salarios devengados, deben ajustarse de modo de dar
adecuada satisfacción a su carácter sustitutivo. Ello lleva a
resolver la cuestión planteada mediante la utilización del
nivel general del índice de salarios elaborado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos.
22) Que ello no obsta a la ulterior aplicación de
las disposiciones del art. 45 de la ley 26.198 y del decreto
1346/07, pues aunque los aumentos fijados evidencian una favorable
relación con las correcciones salariales producidas
durante el corriente año, no pueden ser interpretados como que
responden al cumplimiento del deber impuesto por la sentencia
del Tribunal, que puso el acento en el deterioro de las
prestaciones jubilatorias durante los años 2002 a 2006, por lo
que no obstante su finalidad de continuar con la política de
mejoramiento de los ingresos de la totalidad de la clase
pasiva, tal propósito no podría llenarse en el caso si no se
mantuviera el nivel de la prestación del actor según
los términos ya establecidos.
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Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/
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23) Que, en cuanto a la proyección de la presente
decisión sobre la numerosa cantidad de pleitos en los que se
debaten controversias similares, cabe recordar que las consideraciones
expuestas en el presente fallo en torno al ajuste
de la prestación del actor por el período reclamado se limitan
únicamente al caso concreto reseñado: ese es el acotado ámbito
de debate traído en esta oportunidad a conocimiento del
Tribunal.
Ello es así, en tanto no es propio del cometido
fijado al Poder Judicial en el artículo 116 de la Constitución
Nacional dictar una sentencia con carácter de norma general
denegatoria de las disposiciones cuestionadas, pues ello
implicaría sustituirse al Congreso en las funciones que le son
propias de mantener el equilibrio que armoniza las garantías
individuales con las conveniencias generales.
24) Que en este entendimiento, esta Corte considera
que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de
una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que
aseguren el objetivo constitucional. Una reglamentación prudente
de la garantía en cuestión, además de facilitar el debate
anual sobre la distribución de recursos y evitar el uso
de facultades discrecionales, permitiría reducir la litigiosidad
en esta materia, que ha redundado en menoscabo de los
derechos de los justiciables y del adecuado funcionamiento del
Poder Judicial (Fallos: 328:566 AItzcovich@), por lo que se
formula una nueva exhortación a las autoridades responsables a
fin de que examinen esta problemática.
Por ello, el Tribunal resuelve: declarar en el caso la
inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la ley 24.463,
disponer que la prestación del actor se ajuste, a partir del 11
de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las
variaciones anuales del índice de salarios, nivel general,
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elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
y ordenar a la demandada que abone el nuevo haber y las
retroactividades que surjan de la liquidación, en el plazo
previsto por el art. 2 de la ley 26.153, estas últimas con más
los intereses a la tasa pasiva según el precedente de Fallos:
327:3721 (ASpitale@), autorizándose la deducción de las sumas
que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las
disposiciones del decreto 764/06. Notifíquese y devuélvase.
RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS
S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA –
E. RAUL ZAFFARONI.
ES COPIA
Recurso ordinario interpuesto por Adolfo Valentín Badaro, representado por la Dra.
Graciela Beatriz Stasevich.
Tribunal de origen: Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de la Seguridad
Social N1 7.

FALLO BADARO II

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